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El intendente, el viceintendente y el jefe de la comisaría de Itatí, localidad argentina situada frente a la paraguaya de Itá Corá, en el sur del departamento de Ñeembucú, fueron detenidos hace unos días por participar presuntamente en el tráfico de marihuana que ingresa masivamente desde el Paraguay, según destacan los medios de prensa argentinos. Se recordará que Ignacio Fretes (ANR), intendente de Laureles, municipio situado también en la misma zona del Ñeembucú, se dio por detenido en noviembre último tras el hallazgo de 611 kilos de marihuana en una camioneta de su propiedad, ocupada por dos subordinados suyos.
Al respecto, cabe mencionar que el cura párroco de Laureles y Cerrito, Ismael Obregón, declaró que el narcotráfico ha ido tomando las localidades de ese departamento. “Es zona fronteriza y pasan muchas cosas, pero nadie denuncia”, afirmó el citado religioso.
En junio de 2014, los hermanos paraguayos Lorenzo y Arnaldo Cubilla fueron detenidos en Buenos Aires con un cargamento de 3.500 kilos de marihuana originado probablemente en San Pedro del Paraná, en donde el primero de los nombrados llegó a presidir un club deportivo. Los mismos fueron considerados como los “reyes de la marihuana” por la prensa argentina, que les dedicó profusos espacios por la magnitud de sus operaciones. En ese mismo municipio del departamento de Itapúa, en noviembre de 2016, la Policía Nacional halló abandonados 217 kilos de marihuana primero y 2.578 después, sin que ningún narcotraficante fuera capturado.
En tren de aportar otros antecedentes, dos años antes la Gendarmería argentina había incautado en Paso de los Libres (Corrientes) 8.500 kilos del estupefaciente que eran transportados desde el Paraguay a Chile en un camión apenas camuflado. Nada se supo de la investigación entonces anunciada sobre “la complicidad de policías paraguayos y chilenos para poder cruzar la droga a su antojo”. En lo que a nuestros compatriotas respecta, esa complicidad no sería en absoluto sorprendente, sin excluir la de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El anterior titular de esta última institución, Luis Rojas, llegó a afirmar que el 70% de sus agentes estaban involucrados de alguna manera con los delincuentes, aunque nunca adoptó ninguna medida para sanear esa institución.
Estos episodios muestran que los narcotraficantes no operan solo en el nordeste de la Región Oriental y que no proveen únicamente al mercado brasileño. Como puede constatarse, también están instalados en el sur, en localidades relativamente pequeñas, en las que en los últimos años se han construido viviendas lujosas que guardan vehículos de gran porte. Los pobladores saben a qué se dedican sus dueños, pero temen hablar, según se desprende de las palabras del sacerdote antes citado, quien también señaló que en Laureles siempre hay visitas de gente desconocida. El asesor jurídico de la Municipalidad local, Miguel Sinecio Ortiz, dio otra explicación al decir que allí “se valora a la gente con mayor capacidad económica”, lo cual favorecería al crimen organizado. En otras palabras, se abren las puertas a personas que inexplicablemente se enriquecen de la noche a la mañana. Es probable que ambos tengan parte de razón, es decir, que tanto el miedo como la pérdida de valores hagan que los narcotraficantes se sientan cómodos y no solo en dicha localidad, sino también en otras de Ñeembucú, Misiones e Itapúa. Lo seguro es que el crimen organizado mata y envilece porque soborna a quienes deben combatirlo y goza de la protección de personajes instalados en los tres poderes del Estado, como reconoció una vez el propio presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR). Tras esta alarmante revelación, una “Cumbre de Poderes” en el Palacio de López concluyó el 3 de noviembre de 2014 con el formal anuncio, por parte de la Presidencia de la República, de “la implementación efectiva e inmediata de acciones para desarticular las organizaciones criminales, impedir que el narcotráfico siga infiltrándose en los poderes fácticos, públicos y privados, incluyendo partidos políticos”.
Como siempre ocurre, después de esa pomposa declaración no se han tenido noticias de alguna acción espectacular contra el crimen organizado. Por el contrario, desde entonces se sucedieron los hechos antes mencionados, a los que deben sumarse, entre tantos otros relacionados con el tráfico de drogas, el sangriento asesinato del “empresario” de frontera Jorge Rafaat y el de un allegado del delincuente Jarvis Chimenes Pavão, cometidos por el crimen organizado en junio de 2016 y en enero de este año, respectivamente.
O sea que, como era de esperar, el compromiso asumido en las más altas esferas de la República no fue más que puro blablá. No impidió, por cierto, que sigan ocupando sus bancas los diputados colorados Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, acusados en la Cámara Alta por la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, también en noviembre de 2014, de tener vínculos con dicha actividad delictiva, ni que la diputada colorada Cristina Villalba, considerada la “madrina” del presunto autor intelectual de la muerte de nuestro periodista Pablo Medina y de Antonia Almada, siga gozando de la confianza del presidente Cartes, hasta el punto de que llegó a presentarla al papa Francisco. Todo sigue igual, salvo que Chimenes Pavão ya no guarda “reclusión” en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras descubrirse, al cabo de mucho tiempo, que ocupaba una celda demasiado lujosa y que vivía como un rey, lugar desde el que probablemente seguía ganando mucho dinero sucio.
Avergüenza enterarse, en fin, de que bandas de compatriotas disputen a tiros el control de alguna villa miseria del Gran Buenos Aires para proveerla del estupefaciente de origen paraguayo. Según estadísticas conocidas, solo en lo que va del año los organismos de seguridad de la Argentina decomisaron 32.000 kilos de marihuana en localidades que limitan con el Paraguay, que actualmente es el principal proveedor de dicha droga en la región.
¿A quién pedir socorro si el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas del Gobierno? La ciudadanía no debe permanecer indiferente ante la desidia del gobierno del presidente Horacio Cartes para enfrentar este grave problema, que envenena a nuestra sociedad, en especial al sector joven, al tiempo de proyectar una pésima imagen de nuestro país al exterior.