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El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, intervino la Comisión Nacional del Pilcomayo y destituyó al Ing. Daniel Garay, director de ese organismo caracterizado desde siempre por su indignante negligencia.
La medida fue adoptada luego de que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, constatara hace unos días que el taponamiento del canal del río impide por segundo año consecutivo el ingreso del agua en nuestro territorio. Ya en noviembre último se había advertido que tal sería la nefasta consecuencia de que las tareas de limpieza y rehabilitación del canal, que demandan unos cinco meses, se hayan iniciado recién a fines de octubre y no en junio, como era necesario. El caudal del río aumenta durante la temporada de lluvias en Bolivia, que se extiende desde diciembre hasta marzo, de modo que ahora, cuando culminen los tardíos trabajos, ya no habrá mucha agua que recoger, con el consiguiente severo perjuicio no solo para los ganaderos y la biodiversidad del Chaco, sino también para el erario que gastará dinero por unos trabajos que resultarán inútiles.
Ya se sabía lo que iba a ocurrir, según surge de las notas publicadas por nuestro diario. Es imperdonable que la Comisión de marras, cuyo presupuesto es de más de 10 millones de dólares, haya vuelto a fracasar ante un fenómeno natural que se produce regularmente. No se trató de un hecho imprevisto; sin embargo, los burócratas de Asunción no cumplieron con su deber de tomar las previsiones oportunas. ¿Acaso ignoraban que los efectos de su inoperancia serían desastrosos?
El resultado está a la vista. De las ominosas consecuencias será responsable no solo la citada comisión, sino también el Ministerio que la ha convertido de hecho en una dependencia suya de tercer nivel, privándola de autonomía y sometiéndola a los vaivenes políticos.
La intervención ministerial, aunque atinada, llegó tarde y ya no servirá ni siquiera para atenuar el daño causado, atribuible tal vez a un hecho punible que el Ministerio Público debería investigar. La negligencia culposa debe ser sancionada, de acuerdo a la ley.
Conste, por lo demás, que la limpieza anual del cauce del Pilcomayo se ha vuelto un negociado, en el que intervienen empresas viales de la capital que subcontratan a firmas chaqueñas. Quienes ganan las licitaciones no sienten la acuciante necesidad de contar con el recurso hídrico suficiente, como la sienten los productores agrícolas, los ganaderos, los indígenas y otros ocupantes de esas remotas regiones para quienes el agua es cosa de vida o muerte. Por eso, desde hace años venimos insistiendo en que debería ser la Gobernación de Boquerón la que tenga a su cargo el mantenimiento en actividad del canal del Pilcomayo. Nadie mejor –porque es de interés personal– que los menonitas, que viven y sufren en esos lugares, para mantener abierto el cauce. Por si hiciera falta una prueba adicional a esta sensata razón, está el hecho de que las vialeras asuncenas, una vez ganada una licitación, corren a subcontratar a los menonitas para que ejecuten los trabajos. Así, las vialeras hacen sus propias “licitaciones” entre los menonitas y consiguen precios al 30% del que le cargaron al MOPC. A nadie le van a hacer creer que, ante una situación absurda tan evidente, no haya suculentas coimas incluidas.
Entonces, ante esta realidad, sería una medida sensata pasar la responsabilidad de mantenimiento del Pilcomayo a la Gobernación de Boquerón, la que podría celebrar un contrato plurianual con las cooperativas menonitas para que limpien los tramos de canal colmatado, y lo mantengan abierto en forma constante para que la tarea realizada durante la bajante no se inutilice tras la riada estacional. En manos de los menonitas seguro que los trabajos se iniciarían en buena forma y a tiempo, en interés de los propios contratistas.
El periódico desafío que plantea el río Pilcomayo debe encararse en el mismo terreno, por el bien de la economía de esa región y la de todo el país.