En más de una ocasión hemos sostenido que la catástrofe educativa que soporta nuestro país no será superada aumentando simplemente el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hasta alcanzar el 7% del producto interno bruto, tal como lo aconseja la Unesco. Meter allí más dinero, sin que ese organismo sea depurado, solo implicaría seguir engordando a los corruptos que pudren tanto el plantel administrativo como el docente.
Lo antedicho viene a cuento de una investigación hecha por un equipo encabezado por el director Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, según la cual existen 580 políticos-docentes planilleros, es decir, miserables ladrones de fondos públicos destinados a la educación de niños y jóvenes. Habría 93 casos “graves”, aparte de más de 300 casos “medios” o “leves”. Según el citado funcionario, los primeros serán denunciados ante el Ministerio Público; los otros podrían convertirse en “graves” como resultado de los datos que envíen las Juntas Municipales y Departamentales. Tienen ese carácter aquellos casos en los que, por ejemplo, un político tiene cuatro “rubros docentes” en varias escuelas, sin que les basten las horas del día para cumplir con sus deberes. Solo 99 de los intendentes y concejales investigados habrían justificado sus “rubros” porque en verdad imparten clases. Como restan por examinar unos 615 casos de políticos-docentes, es presumible que salgan a la luz muchos otros delincuentes que se las dan de servidores del pueblo al que, sin embargo, saquean.
En total, habría nada menos que 1.200 personas que ocupan cargos electivos y a la vez fungen de educadores, lo que no deviene ilegal, siempre que en verdad cumplan con su tarea de enseñar. El ejercicio de la docencia está excluido de la prohibición de doble salario en el sector público, de modo que abundan los canallas “ungidos por el voto popular” que refuerzan sus remuneraciones con la prevista para un maestro o profesor. Si pueden comer así a dos carrillos es gracias a la complicidad o el encubrimiento de directores, de supervisores o hasta de un ministro.
Tras la mencionada investigación, se ha revelado que 359 directores de colegios –hoy sumariados– intentaron proteger a políticos-docentes, no enviando los datos requeridos por el MEC. Como pudieron haber sido coaccionados, el ministro Eduardo Petta creyó oportuno asegurar que “nadie le va a tocar un pelo al director que informe que aquel intendente que tiene rubro docente no está en aula dando clases”. Encubrir por cobardía no es disculpable en quienes también deben transmitir a los educandos valores morales. A propósito, no sería nada raro que también las Juntas Departamentales y Comunales traten de amparar a los concejales malhechores para que su fechoría “leve” o “mediana” no se vuelva grave. Bien se sabe que el espíritu de cuerpo en los órganos electivos colegiados es bastante fuerte y que allí también impera la ley del silencio.
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Casañas Levi calificó de “asquerosos” algunos de los robos detectados, pero lo cierto es que todos lo son porque implican no solo la apropiación indebida de fondos públicos, sino también un atentado contra el futuro de las nuevas generaciones. Hay escuelas y colegios que carecen de maestros y profesores porque centenares de facinerosos disfrazados de políticos se quedan con el “rubro” previsto para que los niños y los jóvenes de familias pobres puedan ser instruidos de modo que al menos se reduzca la notoria desigualdad de oportunidades. Hay otros que cuentan con docentes que enseñan en forma gratuita porque el MEC no tiene con qué pagarles, es decir, porque el dinero presupuestado termina en manos de quienes se dedican a engañar a la gente, sobre todo en vísperas de unas elecciones.
El ministro Petta acaba de pedir al Congreso la creación de 2.500 “rubros” para docentes, lo que costaría 127.000 millones de guaraníes, al tiempo de informar que se está intentando recuperar aquellos cobrados ilícitamente. Es preciso que no solo se impida que el presupuesto del MEC siga siendo desviado, sino que también los autores, cómplices y encubridores del latrocinio sean penalmente sancionados, y el dinero mal habido, recuperado. Habrá que ver si el actual Gobierno tiene el coraje suficiente para enfrentar a la multitud de caudillejos locales que sería afectada por tales medidas depuradoras.
Hay mucho que limpiar en el MEC, porque allí se ha venido acumulando mucha basura a lo largo de las décadas. Durante la última dictadura, los seccionaleros disponían de “rubros” como si fueran de su propiedad, naturalmente con el beneplácito de los jerarcas de Asunción. Recuérdese que, tras el advenimiento de la democracia, un presidente de seccional se quejó públicamente porque “ahora ya no podemos nombrar ni a una directora”. De la denuncia comentada se desprende que no ha habido un gran cambio en la materia porque la creación y el funcionamiento de un buen sistema educativo nunca figuraron entre las prioridades gubernativas a partir de 1989.
La Constitución dispone que los recursos presupuestarios destinados a la educación no deben ser inferiores al 20% del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Esta norma ha sido más o menos cumplida, de modo que el MEC hoy cuenta con más fondos. Pero los resultados han sido hasta ahora lamentables y, cabe insistir, no necesariamente por falta de dinero, sino por la corrupción rampante.
Por de pronto, sería saludable, en homenaje a la transparencia, que el Ministerio dé a conocer a la opinión pública los nombres de los involucrados en los 93 casos “graves”, así como los de aquellos 99 docentes-políticos honestos, mientras se aguardan el nuevo examen de los casos “leves” y “medios” a partir de los datos de las Juntas Departamentales y Municipales, y los resultados de las pesquisas pendientes. Desparasitar el sector de la educación es una tarea patriótica que debe emprender con firmeza el nuevo Gobierno, con la ayuda de los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país, que deben denunciar a los políticos sinvergüenzas y su clientela.