En un país como el Paraguay, donde el 29% de la población tiene entre 15 y 24 años de edad, el Día de la Juventud no debe servir solo para los floridos discursos de ocasión, sino también para reflexionar sobre su presente y su futuro. Sin ignorar las diferencias que existen entre los jóvenes del campo y de la ciudad, así como entre los que provienen de hogares de nivel socioeconómico diverso, puede afirmarse que tienen en común el interés en capacitarse para labrarse un porvenir y el de expresar sus inquietudes en libertad.
En ese contexto, últimamente el deseo de que la educación pública mejore sustancialmente se ha venido manifestando con apreciable intensidad, lo que resulta muy saludable. Que esta nueva generación de compatriotas exija que la enseñanza sea impartida por docentes idóneos en centros educativos bien equipados, que supone erradicar la corrupción y la politiquería de las universidades y del Ministerio de Educación y Ciencias, revela que ella es consciente de que solo mediante los conocimientos que hoy recibe podrá prosperar mañana, sin tener que robar al Estado ni a sus semejantes para ello.
Los estudiantes tienen muchas razones para indignarse ante el calamitoso estado de la educación pública en todos sus niveles, de modo que hacen bien en manifestar en voz alta sus legítimos reclamos, haciéndolo, por supuesto, en el marco de la legalidad y sin afectar la integridad física ni los derechos de terceros. En sus actos de protesta, es necesario que rechacen la intervención de políticos oportunistas, para evitar ser manipulados en el marco de una campaña electoral. A su vez, las demandas que los motivan deben ser sensatas, tal como las planteadas en la movilización de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (#UNAnotecalles), que hace dos años condujo a la remoción del rector Froilán Peralta, acusado de haber delinquido en el ejercicio del cargo. También es preciso continuar ejerciendo un control permanente sobre la gestión administrativa y pedagógica, para que no se repita la triste historia, ya que hay evidencias de que en la UNA continúan las serias irregularidades administrativas, por decir lo menos.
En la educación pública está en juego el dinero de todos, así que los jóvenes le harían un gran favor a la sociedad denunciando con firmeza a los corruptos que infectan las universidades y los colegios. No deben bajar la guardia, en beneficio propio y en el del país. Los dirigentes de los estudiantes secundarios solicitan que se destine al sector educativo al menos el 7% del producto interno bruto, siguiendo la recomendación de la Unesco. Claro que se podría destinar más dinero a la educación. El problema es que se dilapida dentro del MEC y de las universidades.
En consecuencia, al mismo tiempo de presionar para que se destinen más fondos a este sector fundamental, es preciso exigir que se eliminen los gastos superfluos y la corrupción, porque de lo contrario solo se estaría favoreciendo a los malandrines. Si hay que establecer prioridades, nada mejor que fortalecer los colegios técnicos, respondiendo a las demandas del mercado laboral. Se trata de una exigencia muy atinada de los estudiantes secundarios organizados, sabedores de que el título de “bachiller científico” sirve poco o nada para la obtención de un puesto de trabajo. Como solo un 15,6% de los estudiantes secundarios está matriculado en colegios técnicos, resulta que la gran mayoría de los egresados sabe hacer muy poco para ganarse la vida.
Como el país necesita más técnicos, es imperioso, entonces, formarlos como tales ya en la educación secundaria.
Esa formación, por cierto, también puede lograrse en el mismo lugar de trabajo, tal como lo pretende la ley del primer empleo juvenil, cuyos resultados, lamentablemente, han sido escasos, debido a su rigidez en materia de la estabilidad. Es necesario, pues, que esa ley sea modificada en el sentido de alentar a los empleadores no solo con subsidios, sino eliminando las barreras legales que hoy dificultan incorporar a más jóvenes. Se estima que la mitad de los desempleados del país son jóvenes, y que el 15% de los comprendidos entre los 15 y los 29 años ni estudia ni trabaja, lo que constituye un caldo de cultivo propicio para la delincuencia juvenil y el consumo de drogas, consecuencias muy inquietantes en las principales ciudades.
Hay mucho que se puede hacer para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, estimulando su formación dentro y fuera de los centros educativos. La ignorancia conspira contra ellos, incluso en asuntos ajenos al mundo del trabajo: si el 18% de las madres tiene menos de 20 años, es porque seguramente no ha recibido orientaciones oportunas, ni en sus casas ni en los institutos de enseñanza.
Por otra parte, es alentador que haya cada vez más jóvenes “emprendedores”, que tienen el coraje de lanzarse a conquistar “nichos” del mercado, invirtiendo sobre todo su ingenio y su esfuerzo. Ellos demuestran que es posible progresar por cuenta propia a temprana edad.
Del mismo modo, merecen aplauso aquellos jóvenes que se organizan para promover campañas de solidaridad en materia de vivienda, de salud o de formación laboral, evidenciando que no hay que esperarlo todo del Estado, sino también confiar en que la unión de la gente puede ayudar a combatir carencias, supliendo la inoperancia del sector público.
Felizmente, la juventud está dando motivos para tener la esperanza de que, gracias a sus reclamos en materia educativa, a sus propias iniciativas laborales y a sus acciones solidarias, es posible construir un Paraguay mejor.