El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó a los exintendentes liberales de Puerto Pinasco, Nelson Carreras y Diego Acosta, de haber cometido los delitos de lesión de confianza y hurto de los recursos provenientes del Fonacide, de los royalties de las usinas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, y de los tributos municipales. Según los antecedentes del caso, el primero de los nombrados, presuntamente, hizo desaparecer 8.527.409.552 guaraníes entre diciembre de 2011 y agosto de 2015, en tanto que el segundo hizo lo mismo con 1.750.725.091 guaraníes entre septiembre y diciembre de 2015.
De acuerdo al expediente, no hubo obras inconclusas ni sobrecostos: el dinero simplemente se esfumó luego de haber sido retirado mediante cheques al portador por funcionarios comunales y allegados a los dos imputados que, según constató la Contraloría General de la República, no dejaron atrás libros diarios o de inventarios, ni registros contables, ni facturas, ni órdenes de pago ni otros documentos administrativos y financieros. O sea que, aparte de saquear la Municipalidad, se llevaron incluso instrumentos públicos, si es que alguna vez los tuvieron. Como el latrocinio solo pudo ser perpetrado gracias a la complicidad de los concejales, que aprobaron la ejecución presupuestaria durante cinco ejercicios fiscales, cabe esperar que el fiscal interviniente también acuse a estos cuando presente su requerimiento conclusivo el próximo 4 de abril.
Los intendentes y los concejales no estuvieron al servicio de la comunidad, sino del suyo propio: se confabularon para robar los fondos que debían destinarse a mejorar la calidad de vida de los lugareños, a invertir en proyectos de infraestructura educativa y a proveer el almuerzo escolar. Se enriquecieron vilmente a costa del presente y del futuro de unos siete mil vecinos, como lo vienen haciendo otros ladrones comunales en todo el país.
Tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica Municipal (LOM) disponen con tino que ninguna institución estatal, ente autónomo, autárquico o descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. El problema es que son tranquilamente apropiados por los intendentes y concejales de todo el país, sin que hasta hoy ninguno de ellos haya terminado en la cárcel ni, obviamente, resarcido el daño causado. Cabe preguntarse cómo es posible que en pequeñas localidades, como Puerto Pinasco, donde todo el mundo se conoce, los ciudadanos elijan a tales sinvergüenzas y ladrones. Primero estuvieron sometidos al examen de sus respectivos correligionarios en unas elecciones internas y, una vez superada esta fase, pidieron el voto de los ciudadanos en general. En ambas instancias ganaron la confianza de los vecinos, como si hubieran sido personas honorables y capaces que siempre se destacaron por su vocación de servicio. Por lo que se ve, los electores han sido unos bobos o los candidatos muy zorros, pero lo cierto es que los resultados de la gestión fueron lamentables, un verdadero desastre. Da la impresión de que muchos compatriotas siguen creyendo que el color y la polca son argumentos suficientes para votar por alguien y que este, una vez elegido, puede aprovecharse del cargo a su antojo.
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La obligación de la Junta Municipal es controlar a la Intendencia, pero ocurre que sus miembros suelen hacer la vista gorda y, en muchos casos, hasta son directamente cómplices en la comisión de los hechos punibles. Se plantea así la vieja cuestión de quién controla a los controladores, y la respuesta es que esa necesaria función debe ser ejercida por los vecinos organizados, sabedores de que no otorgaron a nadie una carta blanca para robar o dejar robar. La LOM ordena a las municipalidades promover la participación ciudadana y el desarrollo de las asociaciones para la realización de actividades de interés municipal, así como brindar toda información pública que haya creado u obtenido, siendo las sesiones ordinarias de la Junta Municipal de carácter público. Por razones evidentes, no es habitual que las autoridades comunales cumplan con estas disposiciones, de modo que los vecinos deben asociarse para recabar informaciones y hacerse escuchar, por ejemplo, en las Comisiones Asesoras. Es de capital importancia informarse, ya que la falta de vigilancia sobre su labor permite que los intendentes y los concejales se hagan un festín con el dinero ajeno.
¿Sabían acaso los pobladores de Puerto Pinasco a cuánto ascendieron los montos de la recaudación tributaria, así como los correspondientes a las transferencias de royalties y de recursos del Fonacide, entre 2011 y 2015? Es probable que ni siquiera hayan imaginado la existencia de estos recursos, por la simple razón de que los intendentes y los ediles tenían el mayor deseo de ocultarlos. Cuantas menos personas se enteren de su existencia, mejor.
Está visto que es poco lo que puede esperarse de la Justicia contra los ladrones públicos, sobre todo si estos pertenecen a la corriente política gobernante. Es necesario, pues, que los vecinos tomen el control en sus manos, haciendo uso de los instrumentos que les confiere la LOM y denunciando a los bandidos a través de los medios de comunicación locales y nacionales.