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El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Torres Kirmser se vale del dinero público para pagar salarios en el Poder Judicial a sus tres hijos y hasta a las esposas de sus custodios-choferes policiales, aparte de trasladar a su propio domicilio el puesto de “trabajo” de tres funcionarios allegados a él. El desvergonzado personaje, que ya no puede alegar a su favor la “notoria honorabilidad” que la Constitución exige a quienes integran la máxima autoridad judicial, cometió tales fechorías gracias a la complicidad o el encubrimiento de sus colegas, uno de los cuales –Sindulfo Blanco– está sometido a juicio político, en tanto que otros dos –Miguel Óscar Bajac y César Garay– se hallan en una “lista de espera” para el mismo proceso.
A tales desmanejos contribuyó el hecho de que Torres Kirmser integra el Consejo de Superintendencia de la Corte, encargado de fiscalizar al personal del Poder Judicial, y que además allí no rige la Ley de la Función Pública, debido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Corte.
La citada ley tampoco vale para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que promovió una acción similar.
En consecuencia, esas dos importantes entidades ignoran las normas sobre el concurso público de oposición para seleccionar y promover a sus funcionarios, así como las referidas a los requisitos para la contratación temporal de personas. Resulta así que el Poder Judicial y la Justicia Electoral se ciñen a sus propias reglas, si las tienen, sin que puedan ser sometidos a control alguno por parte de la Secretaría de la Función Pública. De esta manera, cualquiera puede ingresar en esas instituciones y ascender sin someterse a un concurso de oposición, o ser contratado al margen de la ley. No debe extrañar, entonces, que en el Poder Judicial y en la Justicia Electoral se sucedan los escándalos de nepotismo, “planillerismo” y empleo del personal en servicios particulares, tal como ocurre en el caso de Torres Kirmser.
La Ley Nº 5295/14 prohíbe a los ministros de la Corte Suprema y a los miembros del TSJE, entre otros, nombrar o contratar a parientes cercanos, salvo que cumplan con las normas legales que regulan el acceso a la función pública. Estas no existen para esos organismos, de modo que los nepotistas no podrían ampararse en la excepción referida. Torres Kirmser alegó que su hijo José Miguel, que funge como asesor suyo y llegó a cobrar por horas extras estando en España, ocupa un “cargo de confianza”, definido en la Ley de la Función Pública, que no rige para el Poder Judicial y que invoca el desfachatado ministro. Aunque alguna acordada de la Corte le diera tal carácter al cargo de su hijo, el inescrupuloso magistrado incurrió en una grave inmoralidad al designarlo como su “asesor”, con un sueldo de 28,6 millones de guaraníes.
En cuanto al “planillerismo” de sus hijas María José y Valeria, nombradas “a dedo”, es de recordar que el indigno Alberto Ramírez Zambonini, miembro del TSJE, está imputado por inducir a varios subordinados a cometer el delito de cobro indebido de honorarios.
El caso de los funcionarios que servían en la casa de Torres Kirmser no difiere en nada del de los “caseros” particulares del hoy acusado legislador José María Ibáñez, que figuraban en la nómina de la Cámara Baja y cobraban allí sus salarios. Cuando la Corte Suprema se enteró de la corruptela de su ministro, a través de la prensa, abrió una pesquisa contra los funcionarios involucrados, y luego la Fiscalía inició causa penal contra los mismos, incluidos los hijos del magistrado, por cobro indebido de honorarios y enriquecimiento ilícito. Es de esperar que la Fiscalía tenga también el coraje de abrir una investigación contra Torres Kirmser, el principal beneficiario de este bochornoso asunto.
Es un verdadero escándalo que justamente instituciones como la Corte Suprema y el TSJE, que se supone están para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, hayan atacado de inconstitucionalidad la Ley de la Función Pública, dictada precisamente para mejorar la calidad del funcionariado y optimizar su desempeño. Ante estas lamentables prácticas de conocimiento público, a esta altura puede pensarse inclusive que los altos magistrados de esos cuerpos colegiados, al recurrir contra dicha ley, han pensado desde el comienzo seguir teniendo las manos libres para continuar con los mismos deleznables hábitos corruptos de larga data, como el clientelismo y el nepotismo.
Sin duda, el ministro Torres Kirmser, cuya sed de dinero público parece insaciable, ha hecho méritos suficientes para ser imputado, como lo fue el magistrado Ramírez Zambonini, o sometido a un juicio político. Ambos constituyen una vergüenza para la Justicia paraguaya, y si es que esta no les alcanza, la ciudadanía debería demostrarles su repudio allí donde se encuentren.