Durante al menos los últimos dos años, cada uno de los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) –Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka– cobró mensualmente 48.280.925 guaraníes. Su salario más las remuneraciones adicionales ya llegaban a 43.680.925 guaraníes. La diferencia resultaba de los viáticos percibidos por reuniones de trabajo en el interior del país, que puede presumirse eran simplemente inventadas para justificar el monto de 4.600.00 guaraníes –suma igual para todos– añadido mes a mes a sus faltriqueras.
El presidente de ese corrompido órgano, el citado Bestard, tuvo el descaro de afirmar que ni él ni sus colegas sabían que cobraban los viáticos que el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinahr), dependiente del Ministerio de Hacienda, registraba como depositados con toda regularidad en las cuentas bancarias de los tres distraídos. O sea que ellos no se ocupaban de verificar sus ingresos mensuales ni se imaginaban que podían estar recibiendo un centavo más en forma indebida. No podían imaginarse que algún subordinado generoso con el dinero ajeno les hiciera llegar mensualmente, por propia iniciativa, una suma millonaria por haber asistido ¡a eventos nunca realizados!
Coincidiendo con Bestard, el abogado Jorge Ojeda, defensor de la magistrada que cobraba viáticos por dictar charlas justamente sobre la necesidad de “trabajar con honestidad y en base a valores éticos”, mientras estaba en el extranjero, y que cobraba por supuestas comisiones de trabajo realizadas incluso durante la Semana Santa, dijo que ella se mostró sorprendida por la acusación y atribuyó el escándalo a un error en las fechas de los eventos consignadas en las planillas. Es decir, la abogada Wapenka se enteró solo a través de la prensa de que en su cuenta bancaria ingresaba cada mes una misma suma de dinero en concepto de viáticos.
El ya varias veces cuestionado Ramírez Zambonini, por su parte, anunció que él y sus colegas iban a aclarar esta nauseabunda cuestión “en su momento”.
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Por de pronto, la gente ya se ha enterado, por boca de Bestard y del abogado de su colega Wapenka, que los miembros del TSJE ignoraban que estaban cobrando de más, mes a mes. Pretendiendo que la ciudadanía es burra, quieren hacer creer que ellos no tenían la menor idea de que venían acrecentando irregularmente su patrimonio. Todo hace pensar que le han venido robando impune y sistemáticamente al pueblo paraguayo.
Las declaraciones antes referidas son un verdadero insulto a la razón. Parece claro que la beneficiaria de la malversación resultante no fue precisamente la exdirectora general de Administración y Finanzas, Liliana Benítez de Gneiting, a quien los tres miembros del TSJE denunciaron a coro ante el fiscal general del Estado. Como esto significa que tienen una caradurez a toda prueba, sería ingenuo exigirles que renuncien al cargo que deshonran. Teniendo en cuenta que nuestra política está tan prostituida, también sería de ilusos confiar en que los legisladores los expulsen por medio de un juicio político, atendiendo que son quienes precisamente mantienen en el TSJE, a costillas del pueblo, a sus respectivas clientelas. A juzgar por la tibieza de sus pesquisas relacionadas con quienes ejercen el poder, mucho menos se puede esperar que el Ministerio Público se dedique a investigar a fondo las fechorías cometidas por los tres funcionarios citados.
Es intolerable que la máxima autoridad de la Justicia Electoral esté integrada por unos desvergonzados de marca mayor que, encima, tratan de eludir su responsabilidad invocando un “error” administrativo o echando la culpa exclusiva a una exsubordinada.
Sin desconocer la labor profesional que desarrolla el TSJE, lamentablemente empaña su imagen el hecho de que siempre ha estado al servicio de los políticos, y hasta hoy estos se han mostrado muy gratos, otorgándole un buen presupuesto para alimentar a sus respectivas clientelas mediante el infame cuoteo, y cerrando los ojos ante la corrupción desaforada que existe en su seno.
El TSJE es un instrumento importantísimo para el desarrollo democrático, pero cada día que se mantienen en sus puestos a sus tres indignos miembros es una afrenta a la conciencia moral del país. Los magistrados que se enriquecen mediante el engaño, a costa de todos, no son más honorables que los ladrones de gallinas. Por eso el Paraguay necesita depurar la Justicia Electoral, poniendo al frente a personas decentes y dignas que le devuelvan la credibilidad y mejoren su deteriorada imagen.