Como si no fueran suficientes los daños que infligieron al país durante sus respectivos gobiernos, con la corrupción, la inseguridad y la politiquería que campearon en sus administraciones, al menos dos expresidentes –Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo– desempolvaron la idea de la reelección presidencial, como si la cuestión fuera de interés de la gente y no hubiera otras que le preocupan más a la ciudadanía. El primero terminó su mandato con la repulsa de la gente, a tal punto que su partido, el Colorado, perdió las elecciones luego de más de medio siglo en el poder, siendo considerado por sus correligionarios como “el mariscal de la derrota”, y el segundo fue destituido en juicio político por mal desempeño de funciones.
El proyecto reeleccionista, sin embargo, no es nuevo, pues se lo planteó ya durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy –otro mandatario de pésima gestión–, es decir, desde pocos años después de que se promulgara la Constitución actual, cuyo art. 229 dispone que el presidente de la República no podrá ser reelecto “en ningún caso”.
Por lo general, las propuestas surgen del interesado entorno de quien ocupa el Palacio de López, y apuntan a que la reforma o la enmienda de la Constitución rija de inmediato y no recién desde el siguiente mandato presidencial, lo que evidencia que los argumentos planteados al respecto no son en absoluto altruistas. Solo los efímeros Raúl Cubas Grau, Luis González Macchi y Federico Franco se abstuvieron de alentar su permanencia en el cargo, por razones más que evidentes. Los demás gobernantes le tomaron el gusto al poder y auscultaron, con mayor o menor discreción, la posibilidad de conservarlo durante más de cinco años, y hasta trataron de interpretar la Constitución Nacional a su conveniencia para lograr su propósito de permanecer en el cargo.
Al parecer, Horacio Cartes ha caído en la misma tentación, pese a que el 22 de enero de 2014 negó estar interesado en que la Constitución fuera modificada para que él pudiera ser reelecto. El 28 de enero del año pasado, su correligionario Javier Zacarías Irún dijo que le había autorizado a decir que esa idea “no le interesa ahora”, expresión en la que cabe subrayar el adverbio de tiempo. Hoy todo indica que le resulta bastante seductora la posibilidad de seguir gobernando, previa reforma o enmienda constitucional, para lo cual ya habría conformado un equipo de altos funcionarios que le prepararían el terreno.
Así las cosas, según algunos de los aspirantes, podrían forjarse alianzas, más fundadas en el renovado intento de mantener el poder personal que en coincidencias doctrinarias para la búsqueda del bien común. Pero lo más grave es que este movimiento reeleccionista reaparece faltando aún más de dos años y medio para que concluya el actual período presidencial, como si el país no tuviera cuestiones mucho más urgentes que abordar. Si la idea prende, de nuevo acaparará la atención de los políticos en los tres Poderes del Estado, relegando los esfuerzos por hallar soluciones a los verdaderos problemas actuales del país.
De hecho, la maquinaria que se ha puesto en marcha, con el ropaje de un debate de índole constitucional, es una solapada campaña electoral extemporánea que distrae a la opinión pública y solo apunta a la conquista del botín estatal en 2018. En consecuencia, es de suponer que en el ámbito gubernativo las diversas autoridades ya están tomando posiciones, tal como las tomaron en las elecciones internas de la ANR, para acompañar la pretensión del Presidente de la República una vez que este manifieste abiertamente su intención de atender el “reclamo popular” para que continúe en el poder. Ya se habla, incluso, de que el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Antonio Barrios, encabezaría la lista de candidatos al Senado a ser patrocinada por Cartes en las elecciones internas de su partido. Duarte Frutos, autoconsiderado un “tendota”, por su parte, ya ha renunciado a su cargo de embajador con el evidente propósito de lanzarse al ruedo.
Por su parte, los legisladores de la ANR aprovecharán el receso parlamentario para efectuar los sondeos de rigor y luego alinearse detrás de un candidato presidencial, que podría ser uno de aquellos que hoy están impedidos. Se debe mencionar también al crimen organizado, que estará preparando su abultada billetera y seguramente sentará posiciones a través de sus representantes, los narcopolíticos, sobre la eventual modificación de la Constitución antes de las próximas elecciones generales, sin preocuparse en absoluto por el interés general de la Nación, ni mucho menos.
Entretanto, la sociedad civil seguirá sufriendo los embates de la corrupción, la falta de empleos, soportando unas rutas desastrosas, así como una educación y una salud públicas de lo más deplorables. Cabe preguntarse si Horacio Cartes alentaría la reforma o la enmienda constitucional si la reelección fuera admisible recién en 2023, pero la cuestión de fondo más importante para el país es si nuestra historia y nuestra cultura cívica aconsejan que se tome en este momento tal medida.
Y bien, más allá de los méritos o de los deméritos de quienes desde 1992 se sucedieron en el Poder Ejecutivo, nuestro diario se ha venido oponiendo rotundamente a la pretensión referida porque, tal como apuntó en el editorial del 6 de junio de 2011, “queremos paraguayos y paraguayas libres de disponer de su futuro; libres de cambiar de opinión política si les parece; libres de sancionar con su voto a gobernantes que violan su mandato; libres de poder competir en elecciones libres contra un candidato que no disponga de la ventaja de manejar a su antojo el dinero y los recursos del Estado”. En efecto, ¿es acaso concebible que, en el Paraguay de hoy, un presidente de la República que se presente al “rekutu” pierda unas elecciones internas o unas generales?
Se suelen invocar los casos de países democráticos que admiten la reelección presidencial, como los Estados Unidos, Chile y Uruguay, aunque en estos dos últimos no pueda ser inmediata. Se olvida que ellos tienen una larga tradición democrática, de la que el Paraguay carece.
No necesitamos líderes insustituibles, sino gobernantes que sirvan a la patria con dedicación absoluta dentro del periodo constitucional para el cual fueron elegidos. Es lo que dice la Constitución y es lo que conviene al Paraguay en las condiciones actuales de nuestra imperfecta democracia.