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17 de Agosto de 2018

 

Díaz Verón elude a la Justicia

La fiscala Estefanía González imputó y dispuso la detención del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y de su esposa, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El matrimonio no podría justificar ingresos por valor de más de seis mil millones de guaraníes. El caso puede remontarse a publicaciones sobre el caso desde mediados de 2017. De repente, la fiscala general Sandra Quiñónez decidió evitar el blanqueo que estaba en marcha y ordenó llevar adelante el expediente con la imputación y la orden de detención. El motivo del cambio de curso habrá que buscarlo en la sucesión en la Presidencia de la República y en las protestas ciudadanas contra la corrupción, a partir del blanqueo del exdiputado colorado José María Ibáñez. Es necesario que quienes gobiernan vayan tomando nota de la fuerza que está adquiriendo la sociedad civil, y de que esta también se manifestará contra los encubridores de quienes se llenan los bolsillos sirviéndose del pueblo, incluyendo entre ellos a fiscales y jueces cobardes o corruptos. También sus nombres deben ser registrados por los ciudadanos y las ciudadanas, porque, al fin y al cabo, son los principales responsables de la impunidad de los bandidos que abundan en la función pública y en la política.

La agente fiscal Estefanía González imputó y dispuso la detención del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y de su esposa, María Selva Morínigo, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. Se trata de un hecho insólito, digno de aplausos, que puede remontarse a publicaciones periodísticas hechas desde mediados de 2017. Ellas revelaban diversas fechorías del hoy prófugo, como el tráfico de influencias, el nepotismo y el delito por el cual ahora debe rendir cuentas ante la Justicia.

Ocurre que, como llegó a constatar la agente fiscal, los bienes de este señor no guardan relación con los salarios que cobró, primero como viceministro de Justicia y luego como agente fiscal y cabeza del Ministerio Público, sin olvidar lo percibido mediante la docencia universitaria y la venta de animales vacunos. Tampoco su cónyuge, exfuncionaria del Fondo Ganadero, pudo justificar el ingreso de tan abultada suma de dinero. En total, en el periodo 2013-2017, el matrimonio Díaz Verón-Morínigo no podría justificar ingresos por valor de más de seis mil millones de guaraníes. La hoy diputada Kattya González ya los había denunciado ante el Ministerio Público el 20 de octubre del año pasado, en nombre de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

Pasó bastante tiempo, pues, desde que el Ministerio Público se enteró de que Díaz Verón se habría enriquecido notablemente e intentado, con la ayuda de su cónyuge, ocultar una parte de la fortuna que acumuló con tanta rapidez, hasta que finalmente fue imputado. En el ínterin pidió permiso en el cargo “por el bienestar de su familia” y por el proceso de investigación iniciado por su primo Federico Espinoza, fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tiempo que aprovechó para viajar a Cancún y Miami. En verdad, el paso al costado fue una maniobra urdida ante la inminencia de un juicio político propuesto en la Cámara Baja por mal desempeño de sus funciones, usurpación del cargo y persecución de inocentes. Veintisiete diputados cartistas frustraron la iniciativa, conformándose con el permiso solicitado.

Más adelante, el perito del Laboratorio Forense del propio Ministerio Público, Emilio Fernández Núñez, había dictaminado, increíblemente, que existía una correspondencia entre los bienes del matrimonio Díaz Verón-Morínigo y las remuneraciones percibidas en la función pública.

De repente, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, decidió evitar el blanqueo en marcha, y ordenó llevar adelante el caso con la imputación y la orden de detención. El motivo del cambio de curso habrá que buscarlo en la sucesión en la Presidencia de la República y en las protestas ciudadanas desatadas contra la corrupción, a partir del blanqueo al exdiputado colorado José María Ibáñez. En efecto, la sociedad civil se está movilizando con fuerza cada vez mayor contra los ladrones de dinero público amparados por el poder político. Además, Horacio Cartes, el presunto gran protector de Díaz Verón, ya no tiene la lapicera y sus planes de seguir influyendo en la cosa pública van camino al fracaso.

A la indignante “suspensión condicional del procedimiento” admitida hace poco por la agente fiscal Victoria Acuña en favor del ladrón confeso José María Ibáñez, se sumó el sobreseimiento provisional del supuesto testaferro del senador Víctor Bogado, el “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, pedido por el agente fiscal Nelson Ruiz, con base en un dictamen del mismo perito Fernández Núñez, quien tampoco halló discrepancias entre los fabulosos bienes que figuraban a su nombre y los limitados ingresos que tenía. Este sospechoso perito fue cesado esta semana en el cargo.

En el hervidero de la indignación ciudadana existente, hubiera sido excesivo que, aparte de estas dos provocaciones sucesivas a la sociedad, el Ministerio Público exculpara también a Díaz Verón, sobre quien pesan indicios demasiado elocuentes como para poder ser ignorados.

Según la Constitución, el órgano que dirige Sandra Quiñónez representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, debiendo, entre otras cosas, promover la acción penal para defender el patrimonio público. Por eso, es repugnante que desde allí se proteja a quienes perpetran el delito de enriquecimiento ilícito en la función pública. La irritación sube de punto cuando el presunto autor es precisamente quien encabezó ese organismo, valiéndose del cargo para dañar a la comunidad en vez de defender sus intereses.

Es necesario que quienes gobiernan vayan tomando nota de la fuerza que está adquiriendo la sociedad civil, y de que esta también se manifestará contra los encubridores de quienes se llenan los bolsillos sirviéndose del pueblo, incluyendo entre ellos a fiscales y jueces cobardes o corruptos. También sus nombres deben ser registrados por los ciudadanos y las ciudadanas, porque, al fin y al cabo, son los principales responsables de la impunidad de los bandidos que tanto abundan en la función pública y en la política.

 
 

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COMENTARIOS

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  • Diaz Veron es producto de la impunidad. A igual que ODG, VICTOR GONZALEZ DAHER Y OTROS. Y nos toman por pelotudos. Porque cerramos los ojos, oidos, incluyendo enojos, cuando alzamos nuestra voz contra la designacion de BENIGNO LOPEZ, hermano del actual presidente Mario Abdo Benitez, que minimo puede ser considerado como NEPOTISMO, TRAFICO DE INFLUENCIA Y/O LESION DE CONFIANZA. Y se empieza mal. Alguien, que asumio con el nuevo gobierno, cumplio con el Art. 104. de la C.N. de presentacion obligatoria de bienes y renta?. Seria bueno saber, y, ademas qu e se cumpla con un precepto constitucional. La contraloria todavia se resite. No es buena señal.

    pepegrillo 17 Agosto 2018, 18:09:00 

 

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