El debate suscitado a raíz de los hechos desdorosos en los que se vio envuelto el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, gira en torno a si hay que someterle a juicio político o no. Con este procedimiento, ya se sabe, solamente puede determinarse si se lo destituye o no.
La pregunta que precede a esta cuestión guarda relación con un asunto jurídico: ¿cuál es la situación institucional del fiscal general? Su mandato venció oficialmente en noviembre de 2016 porque el Art. 269 de la Constitución dispone que “el Fiscal General del Estado (…) Durará cinco años en sus funciones”.
Díaz Verón tiene más de un año de función caduca, debió haberse retirado el día en que se cumplió el término marcado por la Constitución e ido a su casa, dejando en su reemplazo, interinamente, al fiscal adjunto en lo penal, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sin embargo, el presidente Horacio Cartes lo quiso mantener en el cargo de cualquier manera, por lo que sacó de la galera la muy conveniente “reconducción tácita”, que no está contemplada ni en la Constitución ni en las leyes para este caso específico, y que se aplicó abusivamente, en el caso del defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges (actualmente procesado por lesión de confianza y otros delitos), a quien ilegalmente se lo tuvo atornillado a su silla hasta varios años después de cumplido el plazo legal de su mandato.
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Por lo tanto, el mecanismo propuesto en la Cámara de Diputados para que Javier Díaz Verón sea destituido vía juicio político –que se tratará hoy en sesión extraordinaria–, choca frontalmente con el notorio hecho de que realmente él ya no es titular del Ministerio Público; es un usurpador del cargo que se empeña en detentar. Es un fiscal general “mau”. Esta falta, aunque sea con la venia política o el “ñembotavy” de los que mandan, es clara e integralmente ilegal.
Si Javier Díaz Verón no es titular del Ministerio Público sino un impostor con venia presidencial, lo jurídicamente correcto es que el Congreso, en vez de abrirle un juicio político, simplemente lo aparte del cargo para que asuma el funcionario que debe sustituirlo interinamente según lo establece la ley, hasta tanto se designe un nuevo titular, con las formalidades de rigor. El Senado, que en su oportunidad proporcionó el acuerdo para el nombramiento, ahora puede solicitar la aplicación de la ley establecida para el caso, a lo que el Poder Ejecutivo no tendrá argumentos para oponerse.
De esta forma, además, el actual fiscal general quedará directamente a cargo de la justicia ordinaria para responder por los presuntos hechos ilícitos de los que se le acusa, con base en graves evidencias que se vienen ventilando a través de la prensa.
Es preciso tomar muy seriamente la crisis institucional que provoca Díaz Verón al aferrarse a su silla, desconociendo irresponsablemente la Ley Orgánica del Ministerio Público y desafiando, con su caradurez, a la ciudadanía. Los ciudadanos quieren verlo respondiendo a las preguntas de un fiscal acusador en una oficina del Poder Judicial, y no más embadurnando con estiércol un organismo vital para el honesto funcionamiento de la sociedad, como es el Ministerio Público.
Como si su condición de fiscal “mau” no fuese suficiente, Díaz Verón también incurrió en falsedad en ocasión de interrogársele acerca de la fortuna que acumularon él y su cónyuge, aseverando que su esposa no era accionista de la empresa “Salty River SA”, hecho que fue confirmado posteriormente por nuestro diario con la publicación de los documentos correspondientes. El fiscal general del Estado mintió en esa ocasión, lo cual, teniendo en cuenta su jerarquía, ya debió ser suficiente motivo de destitución, como hubiese sucedido, sin duda alguna, en cualquier país cuyo Gobierno se preocupe de respetar y hacer respetar la legalidad, la institucionalidad y su buena imagen pública.
Para mayor escándalo, está siendo “investigado” por un subalterno que es su primo hermano, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Federico Espinoza.
Como se advierte, una vez más, el Paraguay se halla en una situación desgraciada en que la politiquería se pasea por encima de la institucionalidad, enlodando el rostro de los organismos públicos que deberían ser los pilares de la confianza ciudadana en el Estado y en las personas que ejercen el Gobierno por mandato electoral.
Apañando estas situaciones, los gobernantes y políticos se van alejando cada vez más de unos ciudadanos y ciudadanas crecientemente críticos, y que les van a pasar la factura en cada ocasión que se les presente. Las próximas elecciones serán una nueva oportunidad para el efecto.