Los pobladores del departamento de Ñeembucú, especialmente de cuatro distritos (Guazú Cua, Laureles, Tacuaras y San Juan), y de uno de Misiones (Yabebyry) están sufriendo desde hace más de un mes las dramáticas consecuencias del cíclico fenómeno de las inundaciones, agravado hoy por las copiosas lluvias caídas en el sur. Los pequeños agricultores han perdido sus cultivos de renta y de autoconsumo, los ganaderos tratan de salvar sus reses llevándolas a sitios elevados y los alumnos de Guazú Cua deben asistir descalzos al colegio y a la escuela, porque están rodeados de agua, corriendo el riesgo de contraer afecciones respiratorias y epidérmicas.
Quienes residen en esas zonas anegadas tienen motivos para sentirse abandonados por los organismos del Estado. De hecho, lamentan que los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aún no los hayan visitado para hacer un relevamiento de los perjuicios sufridos y brindarles la asistencia que requieran. La situación es crítica y urge que no solo actúe la Secretaría de Emergencia Nacional, que en Yabebyry se ve forzada a distribuir víveres en canoas porque no hay caminos transitables, lo mismo que en varios municipios de Ñeembucú en los que, además, se perdieron los arcaicos puentes de madera. También hace falta que intervenga cuanto antes el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sumándose a las respectivas gobernaciones y municipalidades, para tratar de atenuar el aislamiento resultante y limpiar con maquinaria los cauces de los humedales para que el agua fluya en vez de extenderse por los campos.
Ambos departamentos ya fueron declarados en estado de emergencia, para agilizar la llegada de la ayuda gubernamental y seguramente destinar fondos adicionales para asistir a las víctimas. Esta asistencia, sin embargo, no servirá más que para auxiliarlas momentáneamente, ya que las medidas que se tomen solo habrán de paliar las más acuciantes consecuencias de una adversidad que se repite cíclicamente.
En efecto, estas inundaciones se repiten anualmente, pero los sucesivos gobiernos no se han preocupado de ejecutar políticas públicas tendientes a reducir el impacto de las crecidas de ríos y arroyos, sino que improvisan reacciones coyunturales que no solucionan el reiterado problema. Es cierto que las últimas lluvias han sido inusuales, pero las inundaciones no lo son y, no obstante, cada año se actúa como si se tuviera que enfrentar una desgracia que fue imprevisible.
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El MOPC y las gobernaciones deben saber que es necesario que las vías de comunicación cuenten con obras de arte suficientes que permitan que las aguas se escurran; sin ellas, los terraplenes se convierten en diques que inundan viviendas, chacras y campos de pastoreo. Las municipalidades deben prohibir que se construya en zonas anegadizas, como lo hizo la Senavitat al levantar hace unos años 50 viviendas sociales, aún inconclusas, en Pilar. Se malgasta mucho dinero en obras públicas mal diseñadas que deben ser corregidas una y otra vez, con el consiguiente aumento de los costos y sin que nunca se halle una solución definitiva. El erario pierde mucho dinero y los damnificados deben temer que se repita la experiencia, solo para bien de los politicastros que practican el asistencialismo, directamente o a través de las autoridades. Es paradójico, pero resulta que ellos se benefician en la medida en que los gobiernos nacional, departamental y municipal no satisfacen el interés público, lo que, en forma repugnante, aprovechan para obtener votos mediante la distribución de chapas, alimentos u otros auxilios, forjando así lazos clientelistas. ¿Qué interés pueden tener, entonces, los políticos en que estos problemas tengan una solución permanente? Todo lo contrario.
En este sentido, vale la pena preguntar: ¿qué han hecho hasta ahora, por ejemplo, los diputados de Ñeembucú, Pedro Alliana (ANR) y Víctor Ríos (PLRA), para evitar que los habitantes de ese departamento enfrenten el mismo problema cada año con las mismas precariedades de siempre? Por lo que se ve, ni les preocupa. Por el contrario, les ofrece excelente ocasión de aplicar el asistencialismo y conseguir adherentes.
Ya es tiempo de que nuestras autoridades piensen en avanzar más allá de las soluciones de emergencia y realizar las obras que tantos compatriotas necesitan para no perder a cada momento sus bienes y sus sueños.
En medio de tantas angustias y precariedades que comentamos es digno de elogio que los dirigentes políticos de Yabebyry, empezando por el intendente Ignacio Brizuela (ANR), se hayan echado al hombro bolsas de víveres para distribuirlas entre los damnificados. Digna de mención también es la titánica tarea que están realizando docentes de esas zonas para llegar, con grandes sacrificios, hasta sus lugares de trabajo a fin de enseñar a niños y jóvenes.
En circunstancias tan penosas como estas se impone la solidaridad de todos los paraguayos y paraguayas para con nuestros compatriotas que están pasando días muy difíciles. Pero, sobre todo, es de desear que, terminada la presente emergencia, las autoridades se enfoquen en proyectos permanentes que permitan en el futuro mitigar los efectos de situaciones similares. Los compatriotas del sur pagan los mismos impuestos que los de otras zonas del país y, por tanto, merecen igual atención y soluciones a sus problemas.