Una vez lograda su libertad ambulatoria, luego de seis meses de reclusión en la cárcel de Tacumbú y de tres semanas de arresto domiciliario, el intendente colorado de Capitán Bado, Denilso Sánchez (Chicharõcito), procesado con sus hermanos Ardonio y Carlos Rubén (Chicharõ) por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, regresó triunfalmente a la mencionada ciudad fronteriza con el Brasil. En la caravana que se realizó para celebrar el acontecimiento participaron muy alegres los diputados colorados Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis y Óscar Tuma. Los dos primeros están vinculados con el narcotráfico, según el informe que presentó una comisión especial del Senado en noviembre de 2014; el tercero integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, representando a la Cámara de Diputados.
El desparpajo demostrado por los legisladores implica que no temen ningún castigo, ni político ni de otro tipo, por el hecho de aparecer festejando la libertad provisoria de un presunto narcotraficante, lo que pondría de manifiesto que el crimen organizado está siendo tolerado por una parte de la ciudadanía del departamento de Amambay e, incluso, del país. Con todo lo grave que resultaría esta constatación si fuera cierta, conviene por de pronto volver a llamar la atención sobre un asunto ligado a ese aparente fenómeno y que se resume en el contubernio entre el narcotráfico, la política y la Justicia.
En vista de los antecedentes que les endilga la comisión senatorial mencionada, podría entenderse que los diputados Lezcano y D’Ecclesiis hayan participado en el festejo referido, dado que serían una suerte de colegas del agasajado y, por lo tanto, no tendrían muchos escrúpulos. Pero la presencia del diputado Tuma reviste una especial significación por su calidad de miembro del órgano constitucional que enjuicia a los magistrados y a los fiscales, por la comisión de delitos o por el mal desempeño de sus funciones.
Todo el país sabe que desde el Jurado se puede presionar con éxito para que algún encausado quede impune, bajo la amenaza de la remoción o del apercibimiento del juez o del fiscal intervinientes. El mero hecho de ocupar una banca permite ejercer el tráfico de influencias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, mediante una simple llamada telefónica, que puede ser retribuida generosamente por los opulentos narcotraficantes. Los hermanos Sánchez, por ejemplo, no habrían podido justificar el origen de más de 15.000 millones de guaraníes de su patrimonio, lo que solo daría una pálida idea del volumen de sus “negocios”. Si, además, se ejerce un cargo desde el que se puede truncar la carrera profesional de un juez, las posibilidades de incidir en un juicio aumentan notablemente. Es el caso del diputado Tuma, quien, para más, asumirá nada menos que la vicepresidencia del Jurado el próximo 16 de agosto. Dado que el proceso abierto al intendente y a sus hermanos aún no ha concluido, la alegría públicamente manifestada por el legislador colorado –que milita en las carpas del cartismo– solo puede entenderse como un elocuente mensaje dirigido a quienes están interviniendo en la causa: el trío debe ser absuelto, pues, de lo contrario, ustedes serán sancionados.
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En realidad, era un secreto a voces que el diputado Tuma presionaba a los jueces y a los miembros de los tribunales de apelación para que los Sánchez fueran beneficiados, primero con la reclusión domiciliaria, y luego con la libertad ambulatoria. Fue justamente lo que ocurrió, de modo que existen sobrados motivos para inferir que el legislador tiene un interés muy personal en la causa, que acaso no deba atribuirse solo a que los procesados son correligionarios suyos.
En una entrevista radial posterior a su jubilosa visita a Capitán Bado, el diputado negó con énfasis que exista prueba alguna que vincule a sus protegidos con el narcotráfico, y agregó que él no es juez ni fiscal para condenar a nadie. Póngase el lector en el lugar de los jueces y fiscales que intervienen en la causa: un integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados prejuzgando la inocencia de un acusado. No se podría concebir mensaje más ominoso posible. Tuma está muy seguro, de modo que, si los magistrados fueran de otra opinión, tendrán que atenerse a las consecuencias.
El legislador dijo también que puede relacionarse con cualquiera que no haya sido condenado, por lo que sería irrelevante que él integrara el Jurado que podría enjuiciar a los jueces y fiscales de la causa. Es decir que tampoco le importa que Carlos Rubén Sánchez haya sufrido en el Brasil “una breve condena por una camioneta”, al cabo de un juicio por lavado de dinero. Evidentemente, no respeta la dignidad del cargo del que viene abusando con la mayor impudicia para beneficiar a unos procesados, sin detenerse a pensar en el daño que está causando a la Justicia, y, en particular, al órgano que integra. El episodio comentado es una demostración cabal de la estrecha ligazón entre el crimen organizado y los organismos estatales. Ya ni siquiera se cree conveniente guardar las formas.
Solo resta confiar en que los ciudadanos y las ciudadanas anoten estos episodios en su memoria para repudiarlos en las próximas elecciones, y negarles sus votos a los candidatos averiados que ponen sus cargos al servicio de turbios intereses.