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14 de Enero de 2019

 

Dinero sucio y testaferros

Las declaraciones juradas de bienes y rentas de contenido falso pueden servir para ocultar el enriquecimiento ilícito y para favorecer la evasión impositiva. Empero, ni la Contraloría General de la República ni la Subsecretaría de Estado de Tributación las toman en serio, tanto que uno de los artículos más inútiles del Código Penal es el 243, cuya primera parte reza: “El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o, invocando tal declaración, formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”. Que se sepa, nadie ha sido condenado por incurrir en ese delito que lleva a otros de igual gravedad y que suele consistir en el ocultamiento de una parte del patrimonio, gracias a un testaferro. Todo parece indicar que este es el caso de Juan Ernesto Snead, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y exjefe de Gabinete de José Alberto Alderete en el MOPC. El Ministerio Público no necesita esperar que la Contraloría llegue a la conclusión de que uno u otro de ellos ocultaron bienes y rentas en sus respectivas declaraciones juradas. Puede y debe actuar de oficio, investigándolos minuciosamente.

Las declaraciones juradas de bienes y rentas de contenido falso pueden servir para ocultar el enriquecimiento ilícito y para favorecer la evasión impositiva. Empero, ni la Contraloría General de la República ni la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) las toman en serio, tanto que uno de los artículos más inútiles del Código Penal es el 243, cuya primera parte reza: “El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o, invocando tal declaración, formulara una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”. 

Que se sepa, nadie ha sido condenado por incurrir en ese delito que lleva a otros de igual gravedad y que suele consistir en el ocultamiento de una parte del patrimonio, gracias a un testaferro. Es obvio que la artimaña implica el riesgo de que este termine quedándose con lo ajeno, pero también que el mismo se vea atrapado por las declaraciones juradas de bienes y rentas que deba formular. 

Todo parece indicar que este es el caso de Juan Ernesto Snead, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y exjefe de Gabinete de José Alberto Alderete en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En la declaración jurada que el servicial amigo entregó a la Contraloría el 30 de julio de 2009 no incluyó un inmueble de 5.970 hectáreas, por el que siete meses antes habría pagado 7.440 millones de guaraníes. Es que si lo hubiera mencionado, habría dado lugar a la fuerte sospecha de que su patrimonio tuvo un incremento no razonable o no proporcional a sus ingresos, hecho que el citado órgano tenía la obligación de denunciar al Ministerio Público. Ingresó en la EBY en 1990 con un sueldo mensual de 600.000 guaraníes, suma que se elevó a 17.200.000 cuando diecinueve años más tarde compró la estancia modelo Alfa a nombre de la firma Espartillar SA, para cuya constitución habría aportado además 4.000 millones de guaraníes en julio de 2008. En la misma declaración jurada, el funcionario inversor refirió que tenía acciones ordinarias al portador por valor de 9.600 millones de guaraníes, más 200 millones de guaraníes ahorrados y un predio en San Bernardino valuado en 600 millones. Hoy quiere hacer creer que posee el 80% de las acciones de la empresa, en tanto que Alderete afirma que él solo sería un administrador asalariado que tiene el 20% de ellas desde hace seis meses. 

Y bien, si el afortunado Snead es realmente el titular de esas acciones y si adquirió el establecimiento con dinero salido de su propio bolsillo, tendría que explicar el origen de ese patrimonio inicial. A la SET, a la Seprelad y a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción debería interesarles mucho saber si recibió un crédito, una jugosa herencia o una donación. Si no explicara de dónde sacó la plata, solo aumentarían las sospechas de que salió del bolsillo del hoy director paraguayo de Itaipú Binacional. Para que Alderete y su amigo Snead sean exhaustivamente investigados tal vez los fiscales estén aguardando un “guiño” del presidente Mario Abdo Benítez que, al decir del ministro Eduardo Petta, permite que un funcionario vaya a la cárcel, pero una intervención del jefe de Estado en tal sentido será totalmente ilegal. 

El silencio de los involucrados, los testimonios y los documentos que surgen en torno al caso refuerzan cada día que pasa los indicios de que estamos ante un caso como el del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, un secuaz del senador Víctor Bogado (ANR), encausado por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios. Aunque haya cobrado a la vez un sueldo de la Municipalidad de Asunción y otro de la Cámara de Diputados, resulta inverosímil que una legisladora le adeude 300.000 dólares y que sea el legítimo propietario de un centro de compras, de un departamento y de dos vehículos, por un valor total de 2.620 millones de guaraníes. Hay razones suficientes para creer que prestó su nombre a alguien que no puede justificar su patrimonio con el sueldo percibido en la función pública. Tiene el grave inconveniente de que tampoco él podría hacer lo mismo, incluso si hubiera sido un mecánico que se dedicara a arreglar automóviles de Fórmula Uno. 

La causa del “mecánico de oro”, por lo menos, ya fue elevada a juicio oral. Lo que a todas luces parece cierto es que o Snead o Alderete también deben ser obligados a rendir cuentas ante la Justicia para aclarar su situación, dada la gravedad de las denuncias que van apareciendo y los altos cargos que ocupan los principales indiciados. 

El Ministerio Público no necesita esperar a que la Contraloría, ejerciendo todas sus facultades legales, llegue a la conclusión de que uno u otro de los susodichos ocultaron bienes y rentas en sus respectivas declaraciones juradas. Puede y debe actuar de oficio, investigándolos minuciosamente, porque la falsedad de las declaraciones juradas es un hecho punible que, además, encubre el de enriquecimiento ilícito. Quien presta su nombre para que un ladrón público quede impune es tan delincuente como su protegido. 

Nuestro diario viene destacando una mejor actuación del Ministerio Público y de la Justicia en la persecución de los hechos delictivos, pero que, para que dicha acción depuradora sea creíble, la vara de la Justicia debe apuntar a tirios y troyanos, a quienes comulguen con el oficialismo y a quienes pertenezcan a cofradías diferentes. Solo así se podrá esperar un saneamiento moral de la Nación.

 
 

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