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En recientes fotografías publicadas en la prensa, se hace un somero relevamiento del estado material desastroso de algunas edificaciones escolares en el interior de nuestro país. Se ven algunas inundadas, otras pobladas por animales vacunos, otras con paredes agrietadas o vidrios rotos. Es imposible relevar fotográficamente el estado de todos los centros educativos del país, pero, como muestras, bastan estas.
La lamentable condición en que se encuentran los locales escolares rurales es algo que sobrecoge e indigna. Está demostrado que el Ministerio de Educación y Ciencias no tiene capacidad operativa para mantener en buenas condiciones de seguridad y buen funcionamiento miles de estas edificaciones. Pero si este organismo no se ocupa, ¿cuál otro resta para solucionar estos problemas?
En algún momento se pensó que la solución política al pésimo estado de la educación escolar en general, y de su infraestructura, radicaba en otorgarles a los gobiernos locales las facultades y los recursos suficientes para que se encargaran de ese servicio en sus jurisdicciones. Es decir, la famosa y hartamente reclamada “descentralización”, que, en esta materia tanto como en otras, resultó un fracaso completo cuando se intentó ensayarla, por ejemplo en ocasión de la repartija de recursos económicos del Fonacide, los cuales, en muchos de los casos, fueron a parar a las cuentas bancarias particulares de gobernadores, intendentes y concejales, cuando no a financiar sus campañas electorales.
Lo más descorazonador es que todas las tropelías, los olvidos y las negligencias cometidos en el campo de las políticas educacionales sucedieron ante la vista y paciencia de docentes y directores de escuela; y, a veces, hasta con su complicidad, en especial en los casos en que estas personas fueron elegidas y nombradas por recomendación de políticos, o por ser ellas mismas militantes, hurreras u operadoras de los caudillejos zonales.
En resumen, los edificios escolares amenazan ruina o se desploman, directamente, ante la indiferencia de sus directores y cuerpo docente, una indiferencia que es a la vez culpable y riesgosa, por cuanto es su propia integridad física la que corre peligro en esas condiciones. De hecho, hasta que no se desploma una pared o un techo escolar y la noticia se publica en la prensa, estas personas, que trabajan diariamente en esos locales, no se percatan o no denuncian el lamentable estado en que se encuentran.
Sin embargo, muchas de estas personas, cuando se trata de hacer movilizaciones y huelgas para reivindicar aumentos salariales, allí muestran su dinamismo y capacidad de organizarse para ejercer presión sobre las autoridades.
A estas alturas de la situación, está claro que las quejas verbales y las misivas al Ministerio de Educación ya no son suficientes. Con eso no se logra despertar a los jefes que dormitan tranquilamente en la capital ni, mucho menos aún, distraer a los que están concentrados en alguna campaña electoral.
El resultado de esto –más las otras deficiencias crónicas que aquejan a nuestro sistema educativo formal– es decepcionante, como el consignado por el estudio efectuado por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, realizado hace un año, en el que compararon las condiciones de los locales escolares en quince países latinoamericanos. Como uno de los resultados más significativos se consignó que solo uno de cada cuatro escolares latinoamericanos asiste a edificios con infraestructura satisfactoria. Esta medición de calidad se efectuó sobre la base de seis categorías básicas: agua y saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos o académicos, áreas de oficinas, espacios de uso múltiple, mobiliario y equipamiento de aulas.
Según esta investigación, en el Paraguay del 21 al 24% de la niñez en edad escolar asiste a locales con una o ninguna de estas categorías de suficiencia estructural y funcional. Estas cifras deberían haber alarmado a los sindicatos de docentes de nuestro país; ninguno de sus dirigentes elevó siquiera una protesta.
Lo cierto es que los pocos directores de escuela que se quejan en voz alta de los acuciantes problemas estructurales de sus locales no lo hacen frente a las autoridades políticas sino a los periodistas, por una obvia razón: confían en que las publicaciones de la prensa van a conmover más fácilmente que sus palabras o sus misivas a los funcionarios y políticos del Ministerio. Esta situación dice mucho acerca de los políticos ineptos e inescrupulosos que ocupan cargos en organismos educacionales.
Pero, vista la situación actual, está claro que el “plagueo” ante micrófonos y cámaras ya no da resultados.
Es urgente y necesario que los directores y docentes abandonen ese espíritu de esclavos que muestran frente a las autoridades políticas, y se echen a calles y plazas a exigirles al ministro, a sus diputados y sus senadores, a sus gobernadores, que dejen de mantener como la cenicienta del presupuesto a los escolares del país, en especial a los del interior, que son niños y niñas, alumnos y alumnas que, junto con ellos mismos, diariamente corren riesgos dando y tomando clases en aulas que se caen a pedazos.
La ciudadanía consciente espera que esos directores y docentes, siquiera por una vez, se movilicen por una causa de interés nacional, dejando momentáneamente de lado sus intereses particulares. Es una obligación ética inherente a su oficio y un deber inexcusable para con su patria.