Hay maestros que no aprenden nunca. El estado calamitoso en que se encuentra el sistema educativo tiene sus raíces en la politización que lo puso al humillante servicio de la dictadura (1954-1989). Ahora que vuelven a aparecer señales totalitarias por todos lados, no es casualidad que haya dirigentes de los gremios docentes involucrados en esta práctica nociva, cuyos perjuicios son de largo alcance en el tiempo y en la conciencia colectiva.
Efectivamente, Eva Ruiz Díaz, representante del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi); Alipio González, de la Agremiación de Docentes y Funcionarios de la Educación Paraguaya (Adofep); Claudio Mongelós y Ángela Bogarín de Arca, de la Federación de Educadores de Capital e Interior (FECI), y el secretario general del Sindicato de Funcionarios y Empleados del MEC (Sifemec), Luis Irala, son algunos de los docentes que firmaron las planillas pro enmienda de la Constitución Nacional para permitir que Horacio Cartes vuelva a candidatarse a la Presidencia de la República, a pesar de que, como lo saben, la misma Carta Magna lo prohíbe. Ninguno de ellos salió a desmentir –como centenares de otras personas– que su firma sea auténtica. Ninguno presentó una denuncia pidiendo que se aclare la situación.
Muy por el contrario, todos ellos, representantes gremiales del magisterio nacional, se encuentran cerca del Gobierno, negociando con las autoridades el cumplimiento del calendario escolar del año lectivo 2017, que tiene como hito más importante el inicio de clases fijado para el 23 de febrero. Si bien sus gremios son minoritarios, algunos sin incidencia importante, queda claro que están inhabilitados moralmente para ejercer una defensa de los reclamos docentes, si a la par están a favor del Gobierno en la búsqueda inconstitucional del poder emprendida por el cartismo.
Estos gremialistas del magisterio tienen la edad suficiente para recordar los tiempos de la dictadura stronista. Muchos iniciaron su carrera, y comenzaron a ascender en los cargos, cuando el principal requisito para obtener uno de docente era la obsecuencia al dictador. Eran los tiempos en que una afiliación al Partido Colorado y la cercanía al presidente de seccional del barrio valían mucho más que un título de docente distinguido o el desarrollo de una experiencia exitosa en una comunidad educativa. Por eso, estos maestros involucrados no pueden fingir demencia. Saben perfectamente lo que están haciendo: buscan someter el sistema educativo paraguayo al poder político para provecho propio y de quienes lo detentan.
Desde luego que, como ciudadanos, tienen derecho a tener opinión y a profesar una ideología. Pero la obligación moral de los dirigentes del magisterio es separar los tantos. Y la de los afiliados a los gremios docentes, es la de exigirles a sus representantes que centren sus acciones en buscar beneficios para el sector docente y para la educación en general.
Por lo que se ve, los efectos nefastos de la repudiable politización de la educación durante el stronismo se sienten aún. En aquella época los supervisores eran operadores políticos, verdaderos pyrague que privilegiaban el servilismo por sobre cualquier virtud y mérito. Por eso es que la educación se empobreció, se llenó de ignorantes y serviles, que, lejos de buscar la mejoría de la educación de los niños y de los jóvenes, se limitaban a complacer al Gobierno, y empleaban en las escuelas sistemas también autoritarios, donde el pensamiento y la crítica cedían su lugar a la barbarie; formaban maestros y maestras que solo bajaban la cabeza y obedecían, sin objetar nada.
Aquellos supervisores salieron del sistema, pero dejaron su semilla, que prendió fuerte y se encargan de abonar y fortalecer unos maestros obsecuentes que deshonran su noble profesión.
Esas prácticas están tan arraigadas en algunos y algunas, que décadas de democracia no han podido ponerles fin del todo; por eso rebrotan con fuerza y están de acuerdo cuando desde la cabeza del Gobierno se disponen a violar la Constitución Nacional y reinstalar el totalitarismo.
Si es que los docentes no reaccionan ante estos actos tan descarados de sumisión política por parte de sus directivos, no tienen derecho a quejarse luego de la situación en que están: mal formados, sueldos miserables, trabajando en escuelas que se caen a pedazos, sin incentivos para los que se destacan por sus esfuerzos continuos en capacitarse más.