De acuerdo a un informe oficial recientemente publicado, las remesas de divisas enviadas por paraguayos y paraguayas que trabajan en otros países dan las siguientes cifras para el año 2016: de España, 280 millones de dólares; de Estados Unidos, 129 millones de la misma moneda; de la Argentina, 72,3 millones; del Brasil, 9,8 millones; y, de Chile, 15,9 millones. Y las cifras van creciendo año a año.
Sin duda, se trata de una importante inyección de divisas que ingresan a nuestro país, que pasan a circular por el sistema arterial de la economía dándole ímpetu. Sin embargo, este fenómeno esconde una gran injusticia. El Gobierno suele publicitar los montos como una especie de logro, olvidando los verdaderos dramas que están en la raíz de esos envíos de dinero, como lo son el doloroso desarraigo de muchos compatriotas, de familias destruidas, con la imposibilidad de muchos de ellos de retornar al país y la realidad impuesta de morir en tierras lejanas sin volver a ver a sus seres queridos.
La migración por motivos laborales siempre existió en el mundo, y posiblemente continuará dándose así en el futuro porque forma parte de un proceso natural de búsqueda de mejores posibilidades de existencia, ambición natural en el ser humano. Pero cuando ello ocurre en masa, algo anda mal. En nuestro caso, nuestros migrantes escogen probar fortuna en la Argentina, en España y en EE.UU. en mayor proporción, países donde generalmente ya tienen parientes o conocidos que se instalaron anteriormente y enseguida encuentran trabajo relativamente bien remunerado.
Pero, detrás del flujo migratorio de latinoamericanos a ámbitos con mayor capacidad de demandar empleo se oculta una gran perversidad política, porque los malos gobiernos que lo producen se benefician doblemente de lo que, en realidad, representa una desgracia para el país, como es la pérdida de brazos laborales jóvenes, de mentes activas, que constituyen el sector de la población más necesario para el desarrollo nacional.
Efectivamente, la emigración es una válvula que afloja la presión social que los desempleados ejercen sobre las autoridades. Les resuelve a estas una parte del problema político del desempleo, representado principalmente por los y las jóvenes que no encuentran trabajo, los que, si se quedan en el país, constituyen un factor social de alteración, forman grupos de gente irritada, desesperanzada y dispuesta a cualquier cosa, entre ellas, a reclamar sobre el Gobierno en todas las ocasiones y formas que se les presenten.
Como si librarse de esta presión no fuese ya de por sí muy conveniente para los malos gobiernos, se agrega una ventaja política extra: esos expulsados por el desempleo crean un flujo de dinero de retorno, las famosas remesas, que van ingresando al país con regularidad, favoreciendo a miles de familiares que, de esta forma, ven aliviarse sus penurias, y les ayuda a sobrevivir y a no protestar por la ineficiencia de los organismos públicos.
Según otros informes, el promedio de edad de los inmigrantes laborales se halla entre los 35 y los 45 años, forman familia en sus lugares de trabajo y, por lo general, cuentan con un estándar de vida mejor que en el de sus lugares de origen. Es una fuerza de trabajo que está cooperando con el desarrollo de otros países en vez de hacerlo con el suyo, porque este no les da oportunidades ni retribuye adecuadamente sus talentos y sus expectativas.
Volver al país para enriquecerlo con sus capacidades no depende de ellos sino de nuestros gobiernos, los que tendrían que crear condiciones favorables para que dichos retornos se produzcan, de suerte a que el mercado laboral local vaya absorbiendo gradualmente a los que decidan repatriarse.
En verdad, medidas políticas gubernamentales para retener a nuestra población joven son las que deberían ser mucho más inteligentes, dinámicas y eficientes que las que se tomen para facilitar la repatriación. Impedir que se vayan es lo prioritario; ayudar al que retorna está bien, pero es apenas un acto de asistencialismo público como muchos otros, que no ofrecen más resultado que el de la ayuda benéfica.
Por eso, la creación de fuentes de trabajo es lo que resuelve el problema de la pérdida de población activa por la emigración. En ese sentido, el Gobierno tiene en sus manos la herramienta de la política fiscal para incentivar con fuerza las actividades económicas, según sea la región y el tipo que se considere más conveniente. De esa forma puede favorecer las inversiones productivas del sector privado, abrir las puertas para los profesionales técnicos, pequeños y medianos emprendedores que quieran y puedan volver para incorporar conocimientos y experiencia, incluso para la mano de obra no calificada que esté ociosa en las regiones próximas.
Frenar la fuga constante del sector más activo de la población, debe constituir una de las prioridades del Gobierno.