El gobierno de Horacio Cartes lleva en su haber el más prolongado secuestro de personas por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sin que haya realizado ningún intento para rescatarlas. Las víctimas son el suboficial de policía Edelio Morínigo Florenciano, secuestrado el 5 de julio de 2014, y el colono menonita de nacionalidad mexicana Abrahán Fehr Banman, tomado como rehén por el grupo criminal el 8 de agosto de 2015. Juega a favor de la actual administración la sucesión de hechos notorios y escandalosos que hacen que varios casos importantes sean relegados a segundo plano.
Para la opinión pública paraguaya, no deja de ser una ironía que este Gobierno cargue con semejante credencial de inoperancia atinente a la seguridad pública, habida cuenta de que, con la promesa de no permitir que este grupo de facinerosos le marcara la hoja de ruta a su Gobierno, impulsó el cambio de la ley de “Defensa Nacional y Seguridad Interna” para permitirle el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.
Para implementar dicha ley, el Poder Ejecutivo emitió el 24 de agosto de 2013 el Decreto Nº 103, disponiendo la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por efectivos militares y policiales, a la que se agregó para apoyo de inteligencia a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). A casi tres años de su creación y despliegue en los departamentos más arriba citados, el saldo neto de su desempeño operacional es decepcionante, pues no solo no ha logrado capturar o eliminar a la minúscula banda delictiva que desde hace más de una década mantiene en vilo a la población de la zona Norte de la Región Oriental. Contrariamente a lo esperado por la ciudadanía, en el lapso de referencia el EPP batió el récord de asesinatos y secuestros –tanto de civiles como de militares y policías–, así como atentados contra líneas de transmisión eléctrica, estancias y comisarías, con pillajes de ribetes vandálicos. Ahora mismo, las informaciones dicen que el EPP se estaría reagrupando con su antiguo desprendimiento, la Agrupación Campesina Armada (ACA), lo que podría dar nuevo vigor a sus actividades delictivas. Esto, pese a que la manutención de cada efectivo le cuesta al Estado la suma de 60.000 guaraníes por día, con lo que desde agosto de 2013 hasta fines del año pasado, el Gobierno gastó más de 20.000 millones de guaraníes en el mantenimiento de las operaciones de la FTC, con escaso resultado táctico.
En tal lapso, sus fuerzas componentes no han conducido ni un solo asalto importante a un campamento del grupo criminal, que se mueve a sus anchas en los raleados montes de un área geográfica de menos de 1.000 kilómetros cuadrados, virtualmente sin obstáculos naturales, como montañas, ríos caudalosos o pantanos intransitables. Obviamente, al no tener como misión de combate ubicar y atacar al enemigo en sus posiciones, sino fungir como policías en puestos de retenes en estancias, puestos policiales y campamentos estacionarios propios, los facinerosos continúan haciendo campantemente de las suyas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En contrapartida, esa falencia táctica de las fuerzas de seguridad del Estado se traduce en ventaja estratégica para el EPP, pues lo presenta ante la opinión pública nacional como una organización guerrillera a la que las fuerzas del Gobierno no pueden vencer militarmente. Este hecho surte el efecto de una guerra sicológica que insufla en el ánimo de la ciudadanía la convicción de que, efectivamente, las fuerzas del Gobierno no tienen la capacidad operativa de acabar la misma. Y de la impresión a la certeza ciudadana hay un solo paso.
Estando bajo el directo control operacional del Presidente de la República en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas –bajo estrecho asesoramiento del ministro del Interior–, el fracaso de la misión de combate de la FTC puede ser atribuido desde el punto de vista estratégico a la falta de liderazgo institucional del Primer Mandatario. Sin embargo, no faltan quienes desconfían de que este fiasco forma parte de una estrategia política del Gobierno, enderezada a contemporizar con la “narcopolítica”, con cuyo apoyo cuenta, sobre todo en los departamentos de la zona de seguridad interior y de Canindeyú, un poco a la manera en que lo hacían ciertos gobiernos en México en el pasado con los cárteles de la droga, supuestamente a cambio de disminuir la violencia.
Esta sospecha ciudadana tiene su asidero en la reticente actitud de las autoridades nacionales responsables de la seguridad nacional, en particular del ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien llamativamente advirtió con brutal franqueza que el secuestro del señor Fehr y de otros que pudieran caer víctimas de plagio podrían durar mucho tiempo, “como en Colombia”. Por su parte, en setiembre de 2015, el entonces ministro de Defensa Nacional, general Bernardino Soto Estigarribia, en un informe al Congreso con motivo del derribo de una torre de la línea de alta tensión por el EPP y que dejó sin luz a más de 750.000 personas de tres departamentos declaró: “Este Gobierno ha asumido una realidad: la lucha no va ser a corto plazo y tiene su proceso. Se ha modificado la ley para que los elementos militares puedan tener una presencia con carácter permanente en la zona”. Nuestros lectores pueden hacer una comparación entre las condiciones geográficas y la magnitud de las guerrillas entre Colombia y Paraguay, y sacar sus conclusiones. ¡No hay punto de comparación!
Esta evasiva postura de las autoridades nacionales en cuanto a su responsabilidad institucional de velar por la vida y los bienes de los habitantes del país ha tenido el fatídico efecto de una brecha de credibilidad en cuanto a que el Gobierno tenga la voluntad política de rescatar a los secuestrados. En tal sentido, la letanía de angustiosa súplica al Presidente de la República y al ministro del Interior por parte de la madre del suboficial de policía Edelio Morínigo hasta ahora no ha tenido ni un efecto concreto por parte del Gobierno. Tampoco el reclamo de los familiares del colono menonita Abrahán Fehr. Esto, hasta tal punto que de nuevo en días recientes el Gobierno de México, a través de su embajador en nuestro país, ha reiterado su preocupación por su súbdito cautivo.
En la lucha contra el EPP, el presidente Horacio Cartes se juega la credibilidad de su gobierno ante la ciudadanía y un lugar de privilegio en la historia política del Paraguay. Es más, al comprometer a las Fuerzas Armadas de la Nación en esa lucha, como comandante en jefe tiene el deber de revertir como sea la desfavorable situación que confronta la FTC en el teatro de operaciones. Si no lo hace, terminará su periodo de gobierno con el estigma de haber sido un Presidente de la República indigno de la tradición de gloria del Ejército Paraguayo, del que le ha tocado ser, temporalmente, su comandante en jefe.