El indigno senador Óscar González Daher, imputado primero por los delitos de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (coima), e investigado ahora por los de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, no resistió la firme y ejemplar presión de una ciudadanía harta de la corrupción, y presentó su renuncia a la investidura que mancilló en el anterior periodo legislativo y que siguió mancillando en el actual. Ya había sido privado de ella el 22 de diciembre de 2017, tras la difusión de los audios que revelaron que se valía del cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para manipular a jueces y fiscales. A fin de evitar su ignominiosa expulsión, en la ocasión anterior presentó también a última hora su dimisión, pero sus colegas decidieron ignorarla para registrarlo en nuestra historia parlamentaria como el primer legislador expulsado por indecente. Si volvió a renunciar para no ser destituido de nuevo es porque, lo mismo que aquella vez, la ciudadanía se movilizó para expresarle un firme repudio. Simplemente no aguantó más. La dimisión no fue una expresión de “grandeza”, como la quiere presentar otro impresentable, su correligionario senador “cartista” Juan Darío Monges. Los ciudadanos que se manifestaron frente a la mansión del cuestionado exsenador durante más de veinte días consecutivos reflejaron el cansancio de la gente ante tanta impudicia.
Se ha vuelto a constatar que solo la sociedad civil, poniéndose de pie y alzando la voz, puede inducir al saneamiento de las instituciones. De los fiscales, jueces y magistrados no se puede esperar nada, ya que la mayoría de ellos responden a sus padrinos políticos. “Cuando uno tiene la condena social es muy complicado”, dijo con toda razón el senador “cartista” Antonio Barrios. Y bien, hay que seguir complicándoles la vida a los sinvergüenzas para impedir que sigan delinquiendo en todo el aparato estatal y no solo en el Congreso, llevándose a sus bolsillos el dinero de los contribuyentes.
Desde luego, ya sería un buen logro que los facinerosos de guante blanco se vean forzados a dimitir, pero siempre es mejor aplicar la sanción correspondiente, que en este caso es la pérdida de la investidura. No es lo mismo aceptar una renuncia presentada por motivos de salud que una provocada por la revelación de una serie de hechos punibles que escandalizaron a la ciudadanía. Si González Daher enlodó la representación popular debe volver a sufrir la deshonra de ser expulsado de su banca, por la misma razón de otrora. Si se enriqueció ilícitamente, si lavó dinero y si evadió vergonzosamente el pago de impuestos es porque, por el cargo electivo que ostentaba, podía ejercer el tráfico de influencias. Pero, sobre todo, la ciudadanía merece una reparación moral ante el agravio cotidiano que supone que este nefasto personaje siga ocupando una banca.
En cuanto a lo de la “grandeza” que invoca el senador Monges, mal puede tenerla quien se valió de su investidura y su condición de allegado al expresidente Horacio Cartes no solo para traficar influencias, sino también para amenazar con la destitución a funcionarios de la Dinac que no apoyaban decididamente la candidatura de Santiago Peña en las elecciones internas coloradas. También politizó una cooperativa de Luque, una entidad que por sus estatutos es ajena a los vaivenes políticos, y declaró sin empacho que “tenemos una directiva colorada en el consejo de la cooperativa”.
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La opinión pública debe continuar exigiendo que los bandidos sean apartados del cargo, juzgados y condenados, ya que son muchísimos más los “servidores públicos” que no deben continuar un día más abusando del aparato estatal en beneficio propio. El silencio solo favorece a quienes creen que pueden seguir tomando a la gente por idiota, como si ella no supiera que es víctima de los legisladores que venden su voto, de los ministros que amañan licitaciones, de los fiscales que cajonean carpetas, de los jueces que prevarican o de los funcionarios que aceptan sobornos. Como diría el papa Francisco, no queda otra que “armar lío” para que se descontamine la atmósfera poluida por la corrupción rampante.
Sea que se le acepte la renuncia al aún senador o que se le prive de su investidura, como se merece, hay motivos para celebrar el hecho de que ya no continuará infectando el Palacio Legislativo con su desagradable presencia. Como en el caso del ladrón confeso José María Ibáñez, se ha visto que solo la enérgica presión popular puede servir para limpiar el Congreso de la basura allí acumulada en las últimas décadas. Ahí están muchos con procesos abiertos, como el senador Víctor Bogado y el ahora parlasuriano Enzo Cardozo, que mediante chicanas sistemáticas consiguen paralizar sus causas desde hace años, impidiendo llegar a su casi segura condena. Pero hay otros muchos “pájaros de cuenta” que se benefician con la benevolencia de las autoridades judiciales, que son también dignos de los “escraches” que vienen protagonizando los ciudadanos y las ciudadanas contra los ladrones públicos que les roban sus recursos y se burlan de ellos descaradamente, con la obscena exhibición de sus bienes malhabidos.
Los casos de los legisladores Ibáñez y González Daher constituyen motivos para celebrar, pero no para bajar la guardia ni dormir sobre los laureles.