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La ciudadanía sabe que los políticos hoy procesados apelan a reiteradas chicanas para impedir incluso la apertura del juicio oral y público, y siempre lo consiguen, quedando pendientes las sentencias para las calendas griegas. De esta manera, sus expedientes duermen en los cajones de fiscalías y juzgados, sin importar los plazos procesales. Las chicaneadas vienen de hace años, ante la pasividad de la Corte Suprema de Justicia, y si los políticos recurren a estas trampas es porque se saben culpables. Confían en que la dilación de las causas conduzca a que prescriba la acción penal y, en consecuencia, ellos queden impunes.
Menos conocido es el hecho de que también el Ministerio Público hace lo suyo –no sabemos si gratis– para que ciertos personajes que ejercieron o ejercen la función pública ni siquiera sean imputados por el presunto delito de lesión de confianza, pese a las denuncias formales y evidencias presentadas en algunos casos hasta por organismos oficiales. Lo que los agentes fiscales hacen es “cajonearlas” por tiempo indeterminado, sin sobreseer a los denunciados ni llevarlos a la Justicia. Y allí están las carpetas fiscales, acumulando el polvo en las gavetas de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, sin que nadie sepa la razón por la cual siguen allí. Es como el baúl del abuelo donde se amontonan y se enmohecen prendas de vestir y utensilios.
La exsenadora y exembajadora en Uruguay, Mirtha Vergara, esposa del senador liberal Julio César Franco, sigue sin estar siquiera imputada por el delito de lesión de confianza que le fue atribuido por la Cancillería, y que habría ocurrido hace siete años en el marco de la refacción de la sede de nuestra representación diplomática en ese país. Tras haber recusado en dos ocasiones al fiscal René Fernández, este fue reemplazado por Victoria Acuña, que ¡estaría todavía esperando un dictamen pericial sobre la obra!
Desde 2014, esta fiscal también investigaba un tercer presunto delito de lesión de confianza del exministro de Agricultura y Ganadería y actual senador Enzo Cardozo, con el que habría causado al erario un daño de más de 35.000 millones de guaraníes, en la ejecución de programas de apoyo a la agricultura familiar; finalmente, el 19 de mayo último, resolvió imputar solo a consultores, contadores, proveedores del Estado y fiscalizadores del Ministerio, pero no así al actual legislador ni a sus allegados, razón por la cual su gestión será auditada. Hasta ahora se ignoran los resultados de la pesquisa que debió realizar la fiscal Silvia Cabrera con motivo de un cuarto delito de lesión de confianza atribuido al mismo exministro y político. De este caso se ocupa desde hace cinco meses la fiscala Claudia Morys, quien, ante la notoria inacción de su colega, también se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades por más de 96.000 millones de guaraníes atribuidas a la gestión del exministro del Interior Rafael Filizzola en la compra de 2.000 heladeras para las ochocientas comisarías que tiene el país. Tampoco avanza la investigación sobre una denuncia de la Secretaría de la Función Pública por el cobro indebido de subsidios de la Secretaría de Acción Social para adultos mayores, por parte de unos dos mil funcionarios de diversas reparticiones.
La inoperancia del Ministerio Público favorece, pues, no solo a los políticos, sino también a funcionarios públicos deshonestos, e incluso a uno de la casa: la fiscala Acuña aún no se ha expedido en la investigación abierta en 2014 al exfiscal Rubén Villalba, sorprendido ese año recibiendo supuesta coima de un imputado por estafa, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y podríamos llenar páginas con esta clase de casos que hibernan en las fiscalías.
La Ley Orgánica del Ministerio Público tipifica como falta “demorar indebidamente el despacho de los asuntos, ya sea por negligencia o por incumplimiento de las obligaciones legales o de las instrucciones”. Hay indicios suficientes para sostener que, en los asuntos que afectan a quienes ocuparon u ocupan un cargo público, la morosidad de los agentes fiscales deriva no tanto de la haraganería, como del soborno y del tráfico de influencias.
Es obvio que la Unidad Especializada de Asuntos Económicos y Anticorrupción está sometida al control de hecho de los que mandan. El perverso “cajoneo” puede servir no solo para beneficiar al corrupto, sino también para amenazarlo con impulsar las investigaciones cuando las necesidades políticas lo requieran.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, tiene la facultad legal de fijar las prioridades en el ejercicio de sus funciones, tomando las medidas que correspondan. Puede paralizar una pesquisa o promover otra, según las circunstancias, pero, en las actuales, considerando que aspira a continuar en el cargo, buscará más que nunca evitar disgustos de quienes le tienen con la soga al cuello. Si integrara la terna de candidatos elaborada por el Consejo de la Magistratura, haría todo lo posible para no causar ningún malestar al Presidente de la República, encargado del nombramiento, ni a los senadores que deben prestar su acuerdo, entre ellos Julio César Franco y Enzo Cardozo, con procesos judiciales pendientes. También sus subordinados saben a quién o a quiénes deben hacer el favor de congelar los expedientes para mantener sus puestos o ser promocionados.
La fiscala Acuña pretende también encabezar el Ministerio Público, y tampoco ha de estar dudando de a quién le conviene no molestar en un momento tan sensible como el actual.
Por de pronto, ya puede contar con el seguro apoyo del senador Fernando Silva Facetti, con quien tuvo el gesto de desestimar las denuncias presentadas en su contra como expresidente del Consejo de Administración del IPS. No habrá sido una casualidad, por cierto, que los senadores aquí citados hayan apoyado el absurdo proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección de Horacio Cartes: sabían que su respaldo iba a ser recompensado de algún modo a través del Ministerio Público, tan sometido al Poder Ejecutivo y a los legisladores como lo está la magistratura.
Como puede apreciarse, el fondo de la cuestión desemboca otra vez en los deplorables legisladores que han llegado de la mano de las “listas sábana” y que deben dar la última palabra para la designación de los encargados de investigar los delitos y solicitar la sanción de los delincuentes. Los ciudadanos y las ciudadanas, por tanto, deben reclamar con enérgicas y perseverantes manifestaciones públicas que se ponga fin a tan oprobioso sistema de elección para comenzar a sanear el país.