Pese a la cacareada política de transparencia que predica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cuanto al desempeño de sus representantes en los países prestatarios de sus créditos, la institución recibe cada año centenares de denuncias de corrupción y escaso control de las inversiones. Esta recurrente anomalía ha llamado la atención de organizaciones no gubernamentales norteamericanas que vigilan las instituciones multilaterales, entre quienes se cuenta el senador republicano Richard Lugar, quien en más de una ocasión ha reclamado por carta al actual presidente del BID –el colombiano Luis Alberto Moreno– información sobre denuncias presentadas. La propia Asociación de Empleados de la institución financiera multinacional ha cuestionado la forma en que se resuelven internamente las denuncias ante el Tribunal de Ética, que ha provocado la sensación de que no conviene cumplir las normas de denunciar sospechas de irregularidades, ya que finalmente son los denunciantes quienes terminan perjudicados.
A propósito, en 2009 un informe de la Auditoría del banco, reservada para los gobernadores del BID, que evaluó la situación en Haití, en cuya reconstrucción tras el terremoto que lo devastó estaba involucrado el banco, se constató que los desembolsos con cargo al programa especial de acción no estaban siendo supervisados de conformidad con las normas de la institución. La Auditoría calificó esta carencia como de “riesgo crítico”. Una segunda observación fue el “inadecuado seguimiento a la contratación de consultores individuales con recursos financiados por el Banco”. A esto se agregó la “Ausencia de documentación que permita verificar que consultores individuales están prestando el servicio en la representación”.
Como era de esperar, los auditores destacados en el país caribeño –funcionales a sus superiores– concluyeron que “debido a limitaciones inherentes de cualquier sistema de control interno, podrían existir errores o irregularidades y no ser detectadas”. Sin embargo, la funcionaria del BID destacada en Haití sí detectó las irregularidades, y como estaba obligada por las normas internas del banco, denunció el hecho a sus superiores, incluso antes de la realización de la auditoría y con casos muy concretos. En setiembre de 2009, la funcionaria denunció a la sede del BID que el representante del banco en Haití, el brasileño Eduardo Almeida –¡oh sorpresa! actual representante del BID en nuestro país–, le había solicitado adulterar los balances de una empresa que recibiría un préstamo de US$ 1,5 millones. Sus superiores le respondieron que ya estaban en conocimiento, por información del propio Almeida, y le advirtieron que no volviera a informar sobre ningún tema directamente a la sede, ya que esas cosas “se resolvían en casa”. El proyecto de referencia fue aprobado y después ampliado por más de US$ 500.000. Semanas después los funcionarios denunciantes fueron desplazados de Haití, y la funcionaria que había canalizado la denuncia, despedida meses más tarde.
Pero para corroborar nuestra percepción de que el BID promueve la corrupción a través de funcionarios venales no necesitamos centrarnos en el incidente que involucró hace siete años a su actual representante en el Paraguay. Basta traer a colación el sonado caso de su antecesor en el cargo en nuestro país en el año 2008: Álvaro Cubillos. Según lo consignara luego nuestro diario, “trascendidos que circulaban ayer en nuestra capital daban cuenta de que el jueves de la semana pasada el propio presidente del BID, Luis Alberto Moreno, se encargó de llamar a los 22 representantes del ente de crédito externo en cada país latinoamericano para informarles que Cubillos ya no pertenecía al plantel de ejecutivos ni de funcionarios y fue despedido del banco”. Hasta una semana antes de esta noticia, el mismo se desempeñaba como representante del BID en Guatemala.
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“Se dejó entrever que vinieron a Asunción tres misiones de la Oficina de Integridad del BID a investigarlo y se encontraron con varias llamadas entre contratistas locales, autoridades de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones y Cubillos. Habría incluso evidencias de que Cubillos premió a una colaboradora paraguaya, con quien habría mantenido relaciones sentimentales, con un jugoso contrato de US$ 400.000 para, supuestamente, realizar estudios sobre indigenismo”. Hasta aquí lo publicado por ABC Color en la ocasión.
A estar por los antecedentes referidos a la pasada gestión del defenestrado alto funcionario del BID por corrupción y el escándalo que salpicó al actual representante de dicho organismo financiero multinacional en nuestro país cuando fungía en igual cargo en Haití, la ciudadanía tiene suficientes motivos para estar preocupada por lo ya ocurrido bajo la gestión del señor Almeida con relación al empréstito del BID para el financiamiento del proyecto metrobús, la reconversión del centro histórico de la Capital y la construcción de oficinas para varios ministerios en el sector antiguamente ocupado por el puerto.
Por de pronto, el señor Eduardo Almeida tiene ya una puntual irregularidad de gestión que explicar a la opinión pública: la autorización para el desembolso de US$ 4.900.000 del préstamo de US$ 125 millones, para obras en el barrio San Jerónimo, en las adyacencias del ex puerto, mucho antes de que el Congreso aprobara dicho préstamo, durante la gestión del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Efraín Alegre en 2010.
Otra arista llamativa para la gente con relación a este crédito del BID es que, a diferencia de otros concedidos por el banco, el mismo no se rige por leyes nacionales –como debiera ser– sino por normas institucionales privativas del BID; “flexibilidad” que deja expedito el camino para abusos financieros e irregularidades administrativas en la ejecución de las obras previstas para ser financiadas con dicho préstamo.
Así dispuestas las cosas en cuanto a los fondos y funcionarios que los van a administrar, están dadas las condiciones para que aquí se repitan las irregularidades registradas en el pasado en Haití.
Ante estas graves evidencias, ni el Gobierno nacional ni el directorio del BID deben permanecer con los brazos cruzados, sino actuar de inmediato para evitar que el Paraguay sea una vez más esquilmado por concusionarios aliados de organismos internacionales, burócratas locales y empresarios cortesanos.