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Al parecer el informe preliminar del doctor Jeffrey Sachs sobre la deuda de ITAIPÚ ha tenido como efecto que el director general brasileño, Jorge Samek, se abroquelara con el gastado argumento de que el “Paraguay no puso dinero en ITAIPÚ”, como recurso semántico para rebatir las fundamentadas conclusiones del prestigioso economista norteamericano en torno a la abultada deuda que arrastra el ente binacional. Se trata de una cantinela falaz que se complementa con aquella otra de que “Paraguay solo pone el agua”, ambas mentiras convencionales inventadas por los brasileños para disimular la vil expoliación a que tienen sometido al Paraguay en la usina hidroeléctrica compartida y desestimar prima facie sus justos reclamos. Hipocresía con la que nuestros taimados socios han tratado de encubrir desde un principio la felonía cometida en perjuicio de nuestro país al no incluir en el correspondiente Tratado el “justo precio” para la adquisición de nuestra electricidad, como habían concordado ambos Gobiernos en el parágrafo IV del Acta Final de Foz de Yguazú, firmada por los Gobiernos de Brasil y Paraguay en 1966.
No debe extrañar, entonces, que la actitud del señor Samek se encuadre dentro de ese artero juego de la política exterior brasileña con relación a nuestro país en la entidad binacional, en consonancia con la percepción que ella vende al pueblo brasileño con la mentira de que en la usina no hay dinero paraguayo invertido; que todo lo puso Brasil o, mejor dicho, los consumidores brasileños que pagan por la electricidad generada en ITAIPÚ. Lo que al señor Samek le interesa no es precisamente rebatir con fundamentos las conclusiones del informe del doctor Sachs, sino defender a toda costa el statu quo prevaleciente en la administración de la usina desde el principio y oportunamente convalidado por los gobiernos paraguayos entreguistas, como el de Andrés Rodríguez y de Juan Carlos Wasmosy. Por consiguiente, más allá de las conclusiones a que pueda llegar el informe final del afamado economista estadounidense con relación a la deuda del ente, resulta obvio que el Gobierno del Brasil no está para nada dispuesto a negociar una eventual revisión de la misma. Y hará todo lo posible para disuadir al presidente Cartes de tal propósito, como lo ha hecho en el pasado con Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, quienes acabaron desistiendo de la patriótica pretensión a cambio de migajas compensatorias. En realidad, la principal preocupación del señor Samek sería que eventualmente el informe Sachs pueda tener implicaciones que obliguen a Itamaraty a un cambio de estrategia en cuanto a su tradicional política con relación a la usina, en el sentido de negarse sistemáticamente a cualquier innovación favorable al Paraguay en la administración de la misma, incluido el justo precio para la electricidad paraguaya que el Brasil se lleva.
Al no poder ya negar que se cometieron abusos financieros en la entidad binacional, Samek trata de justificarlos invocando factores coyunturales inherentes a la realidad financiera brasileña de aquel tiempo, al parecer sin caer en la cuenta de que los mismos no pueden ser moralmente justificados como hechos consumados. Así, su ridícula alusión a la supuesta injerencia del Gobierno argentino, boicoteando las iniciativas brasileñas para conseguir créditos a largo plazo y a tasas de interés reducidas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, es pura fábula rescatada del buzón de artimañas con las que los astutos funcionarios brasileños del ente binacional acostumbraban engañar a sus pares paraguayos para lograr la aprobación de tales abusos, tanto durante la construcción de la usina como con posterioridad.
Resulta curioso que el señor Samek haya echado mano a la mentira convencional de que “Paraguay no puso dinero en ITAIPÚ”, a sabiendas de que la mitad de los US$ 57, 9 mil millones pagados por la entidad binacional a las instituciones de crédito brasileñas hasta fines del 2012 es dinero del Estado paraguayo, como copropietario igualitario de la misma. Que ese dinero haya provenido en su mayor parte de los consumidores brasileños de la electricidad generada en la usina es un factor aleatorio que no hace al fondo de la cuestión. Independientemente de su origen, mitad de ese sideral monto de dinero pagado es del Paraguay. Así de simple. Por ello, las recientes afirmaciones de Samek en sentido contrario son inaceptables.
Por otra parte, con referencia a ITAIPÚ el presidente Horacio Cartes ha declarado tener la “obligación” de administrar de la mejor manera los bienes del Paraguay. De cara a esta legítima intención del Presidente de la República, vale la pena recordar que hasta ahora la táctica patentada del Gobierno brasileño para mantener invariable el estado de cosas en la usina binacional ha consistido en “desalentar” las pretensiones paraguayas con graduales incrementos parches de la mísera regalía que el país recibe como compensación por la energía cedida a ELETROBRÁS. Es de esperar que en esta decisiva oportunidad el señor Cartes no caiga en el timorato conformismo de sus predecesores declinando tempranamente su justo reclamo a cambio de una migaja más. Su meta debe ser negociar con nuestros socios el fin del statu quo expoliador prevaleciente en la usina. Vale decir, la obtención de un justo precio para la electricidad paraguaya que el Brasil se lleva y el fin –o al menos la mitigación– de las inequidades burocráticas y financieras inherentes a la explotación de la misma, como paso transitorio hacia la completa cogestión paritaria más allá del año 2023.
Obviamente, no podemos conjeturar cuál será la suerte del Gobierno de Horacio Cartes en este nuevo tiempo de relación con Brasil en lo atinente a ITAIPÚ. No obstante, la ciudadanía tiene depositada una gran confianza en la promesa del Primer Mandatario, en el sentido de que su Gobierno imprimirá un nuevo rumbo a la República en cuanto a la consecución del interés nacional, tanto en lo interno como en lo externo, lo que induce a confiar en que el señor Cartes no se conformará con piñatas y que con tesón y patriotismo podrá obtener la ansiada reivindicación de nuestros derechos soberanos largamente conculcados en la usina binacional. En este orden, el flamante director general paraguayo del ente binacional, James Spalding, se ha manifestado optimista en el sentido de que el Gobierno nacional tiene la voluntad política de acordar con las autoridades brasileñas una revisión de la abultada deuda del ente, independientemente de que ya exista un acuerdo sobre la misma.
Por cierto, la tarea para el presidente Cartes es convencer al Gobierno brasileño de que llegó la hora de hacer valer el compromiso primigenio del “precio justo” establecido en el Acta Final de Foz de Yguazú. El Paraguay tiene derecho a una compensación histórica por la larga explotación colonialista a que ha sido arbitrariamente sometido por el Brasil durante 40 años.