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Por iniciativa de un grupo de concejales de Asunción se solicitó a la Contraloría General de la República –o sea a su titular, José Enrique García– que informe acerca de un enorme faltante de fondos comunales que tiene toda la apariencia de constituir otra gran “tragada”. En este caso, fue de 29.000 millones de guaraníes gastados durante la gestión del exintendente asunceno Arnaldo Samaniego, que carecen de respaldos documentales suficientes, según detectó una auditoría externa contratada por la actual administración municipal.
La Contraloría dejó transcurrir tres meses sin expedirse, motivo por el que, en estos días, la Junta Municipal le envió un urgimiento, otorgándole ocho días para remitir el informe solicitado. Si García decide proseguir con su actitud evasiva de ocultar información, el caso será enviado a la Fiscalía para que esta fuerce al contralor general a cumplir con su obligación.
Este caso, si se analiza en su proceso completo, reúne todos los elementos prototípicos del aparato que vincula la corrupción con la política, tal como se desarrolló en nuestro país bajo la sombra seudodemocrática que proporciona la formalidad de las elecciones nacionales.
Sucintamente, el aparato funciona de este modo: un administrador público de alto rango que maneja un organismo con muchos recursos económicos y humanos, roba la cantidad suficiente de dinero tanto para sí mismo como para su círculo de colaboradores estrechos y, finalmente, para llenar una “alcancía” destinada a cubrir los costos de su campaña electoral. En esta última etapa es donde se gasta parte del tesoro acumulado para asegurarse un buen lugar en la “lista sábana” de su partido. “Buen lugar” es aquel que, según las estadísticas y los sondeos, asegura “sí o sí” una banca en el Congreso.
Una vez cumplidos los requisitos electorales, el gran ladrón se convierte en senador o diputado, con lo cual obtiene algo infinitamente más valioso que los salarios, privilegios y canonjías que vienen incluidos en el paquete que le obsequiarán con su nominación. Se trata de la coraza protectora del político sinvergüenza: los fueros parlamentarios, ese superpoder conformado mediante la disposición constitucional que dice: “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones (las negritas son nuestras). Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones” (salvo caso de flagrancia, que para la clase de delitos que esos tipos cometen, no puede darse). Negocio redondo. La simbiosis entre la corrupción y el poder se ha completado, “listas sábana” mediante. Si bien los fueros solo sirven para proteger a los legisladores por las opiniones que emitan en el libre y buen desempeño de sus funciones, ellos los extienden inclusive para protegerse en sus fechorías anteriores y actuales, con la complicidad de una Justicia sometida a sus intereses.
No se sabe aún si los casi 29.000 millones de guaraníes que aparecen como carentes de respaldo formal en la gestión de Arnaldo Samaniego serán suficientes para una causa judicial por lesión de confianza y otras figuras penales conexas; lo cierto es que, si así fuese, demostraría con extremada sencillez cuán fácil le resulta a un político corrupto en nuestro país llenarse las faltriqueras con dinero público y obtener, simultánea y consecutivamente, tres premios mayores: una candidatura electoral con grandes posibilidades de triunfo, una banca en el Congreso y la impunidad por sus abusos y defraudaciones.
Observando desde otro punto de vista el funcionamiento de este aparato que tan eficientemente combina la corrupción con el éxito, se advierte cuál es el fundamental papel que les corresponde a las “listas sábana” en el proceso. La cúpula partidaria del momento propietaria de los partidos convoca primero a los grandes “financistas”, a los que tienen una alcancía grande como la de Arnaldo Samaniego, a concurrir a las reuniones a puertas cerradas en las que se subastarán los lugares. Cada quien manifiesta cuánto oferta por su candidatura, monto que sirve para determinar cuál será su lugar. Si hay internas de por medio, le habilitarán para encabezar una lista, con la cual, asistido por el sistema D’Hondt, tendrá asegurado su ingreso a la “lista sábana” definitiva.
Estos trámites, que deben darse secuencialmente, insumen muchísimo dinero; hay que tener una gran reserva económica para cumplirlos con buenas posibilidades de triunfar; es preciso tener en cuenta que, llegado a cierto punto de evolución de estos procesos electorales, la lucha por los primeros números será una batalla entre grandes ladrones, entre cínicos y astutos de alto vuelo, en un ambiente donde el que se duerme, muere. Pero si los candidatos empatan en estas “virtudes”, el desempate, forzosamente, dará ganador a quien tenga la billetera más abultada.
Por este motivo, lo que hace a la constante preocupación ciudadana por el incremento gradual e imparable de la corrupción de nuestra política, es que hay que aclarar el presunto “affaire” de Arnaldo Samaniego en la Intendencia Municipal de Asunción. No se tratará de una persecución particularmente enfocada a un presunto corrupto, cometiéndose la injusticia de dejar tranquilos a los demás, sino de clarificar un caso paradigmático que sirva, alguna vez, para que una futura justicia no comprometida, sobornada o manejada por políticos mafiosos influyentes, la emplee como modelo para ir procesando a todos los ladrones de fondos públicos que escalaron con estos mismos medios y procedimientos hasta los cargos electivos más altos de la República, degradándolos y ensuciando su imagen hasta el punto en que estamos hoy.
En esto consiste, nada menos, la importancia de que el contralor general, José Enrique García, cumpla con su obligación de expedirse, aunque sea por una vez, sobre los hechos ilícitos de los que se acusa a Arnaldo Samaniego. Si ya no lo hizo en tres meses, es forzoso pensar que García está cometiendo encubrimiento.