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Durante los gobiernos de Fernando Lugo y de Federico Franco, los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación (Fuerzas Militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea) plantearon al Gobierno la necesidad de adquirir armamento y equipos militares a fin de renovar mínimamente el obsoleto parque de guerra existente desde los tiempos de la dictadura. Durante la administración del primero de ellos se habló de un pretencioso plan de adquisición de tanques, aviones jet de caza chinos, baterías de misiles antiaéreos, vehículos utilitarios, armas y equipos individuales para el personal combatiente. El presidente Lugo se mostró muy receptivo a la idea, más no fuera por veleidad populista que por un genuino interés en el asunto. En esa oportunidad se habló de la aprobación de un presupuesto plurianual de unos US$ 80 millones para tales adquisiciones.
Tras la defenestración del mandatario mediante juicio político, su sucesor, Federico Franco, desestimó el plan de adquisición militar aprobado por su antecesor en el cargo arguyendo falta de recursos y la prioridad que para su gobierno tenía la atención de necesidades sociales como educación, salud e infraestructura, antes que lo atinente a la defensa nacional, con lo que la entusiasta expectativa de los comandantes militares quedó en aguas de borraja, con excepción de la compra de algunos vehículos para las tres Fuerzas y un radar táctico para la Fuerza Aérea.
Curiosamente, el plan de modernización de las Fuerzas Armadas presentado al Gobierno nacional por los comandantes militares adolecía de una omisión clave: no contemplaba la necesidad de una previa reestructuración orgánica de las tres Fuerzas componentes de la institución militar, caracterizadas por una matriz organizacional obsoleta, ridículamente desmesurada con relación a las posibilidades económicas del país e irreal en términos de dotación de tropa combatiente.
Por razones económicas y de seguridad nacional, el presidente Horacio Cartes, como comandante en Jefe, tiene que tomar en algún momento el toro por las astas y disponer una completa y efectiva reorganización de las Fuerzas Armadas de la Nación, a fin de adecuarlas a los nuevos desafíos que se ciernen sobre el horizonte de la seguridad nacional, de conformidad con los recursos de que la Nación dispone para atender a esta necesidad existencial del Estado. Obviamente, esta reorganización y modernización deben darse mediante una ley consensuada por el Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional.
En tal sentido, no debe cometerse el mismo desatino institucional en que incurrió el autoritario régimen de Stroessner, que adquirió del Brasil, por más de US$ 100 millones, un lote de armamentos consistente en tanquetas y carros blindados de transporte de personal para el Ejército, buques patrulleros y helicópteros para la Armada, y aviones Xavantes de instrucción y combate para la Fuerza Aérea, sin haber reorganizado antes adecuadamente las tres Fuerzas institucionales destinatarias de tales armamentos, a fin de que pudieran utilizarlos eficientemente. A decir verdad, tal operación comercial fue más bien una “compra política”, financiada con las regalías de Itaipú y con jugosas comisiones para los generales que la administraron, sin ajustarse a las verdaderas necesidades operacionales de las unidades de combate entonces existentes en los cuadros de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Las múltiples iniciativas que se requieren para impulsar la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas, a fin de que puedan administrar mejor su presupuesto y retribuir con un servicio más eficaz el dinero que les proporcionan los contribuyentes, debieran ser, entre otras: reformas básicas de los procesos de apoyo administrativo de las funciones clave de las tres Fuerzas; cambios de la forma en que ellas definen sus necesidades de armas y equipos, para luego proceder a su adquisición, junto con los sistemas de apoyo operacional; eliminación de los ampulosos comandos institucionales y operacionales, como los Comandos de Cuerpo de Ejército, de Regiones Aéreas, de Bases Navales y otras reparticiones burocráticas de fachada que las tres Fuerzas han ido creando con el paso de los años con el único objeto de acceder a más partidas presupuestarias y absorber personal, pero sin eficacia operacional ni logística.
De igual modo, deberían limitarse los comandos de División del Ejército a dos: uno en el Chaco y otro en la Región Oriental, los que debieran organizarse con base en Regimientos y no en Brigadas, escalones tácticos empleados solo en tiempos de guerra y que en tiempos de paz fungen de meras organizaciones burocráticas destinadas a proporcionar vacancias para generales de escritorio. Con los escasos recursos presupuestarios de que el país dispone para la defensa nacional, solo unas Fuerzas Armadas racional y doctrinariamente organizadas podrán estar en condiciones de cumplir su misión constitucional de salvaguardar la soberanía nacional. Así como ellas se encuentran en la actualidad, constituyen más bien una estafa intelectual a la ciudadanía, proyectando la ilusión de una seguridad que no están en condiciones de proporcionar a la Nación.
La reorganización que las Fuerzas Armadas requieren pasa por tres variables clave: el tamaño total que deben tener en su conjunto, su equipamiento, y su entrenamiento y apresto. Por consiguiente, los ajustes presupuestarios que deben hacerse tienen que responder a la necesidad de que cada uno de estos tres pilares sea suficientemente robusto para encuadrar a unas fuerzas militares capaces de cumplir las misiones que se les asignen.
En adición a su capacidad de combate, las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para cumplir diversas operaciones auxiliares, tales como tareas de socorro a la población civil en casos de desastres naturales, restaurar el orden interno en caso de que colapsen las instituciones públicas y corran peligro la vida y los bienes de los habitantes del país, cooperar con las fuerzas del orden para combatir el crimen organizado, etc.
Es hora de que el Ejército Paraguayo recupere su capacidad institucional, la confianza pública y su honor tradicional, sin hipótesis de conflicto actual con ningún país limítrofe.