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El Tratado de Yacyretá, de por sí leonino como el de Itaipú, ha sido doblemente perjudicial para los intereses del Paraguay. Primero, porque fue un acuerdo comercial intrínsecamente desfavorable para la Nación que, como socio indispensable, tenía el legítimo derecho de compartir en condiciones igualitarias los beneficios generados en el emprendimiento hidroenergético binacional. Como el concertado con el gobierno militar del Brasil un poco antes, el Tratado de Yacyretá consagró la inequidad en favor de los intereses de Argentina en directo perjuicio de los del Paraguay. En vez de un acuerdo “joint venture”, con participación igualitaria en que ambos socios ganan por igual, en los dos tratados la equidad en cuanto a la participación y los beneficios quedó consagrada en la retórica, pero no en los hechos.
En el caso de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el gobierno de Andrés Rodríguez cometió la torpeza geopolítica de firmar con el de Raúl Alfonsín la nefasta nota reversal del 9 de enero de 1992, conocida como NR/92, por la que nuestro país entregó a la Argentina la discrecional administración de la usina binacional y postergó por 25 años las miserables compensaciones económicas acordadas a su favor por los perjuicios ambientales ocasionados por la implantación de la represa, así como por la cesión a la Argentina de nuestra parcela excedente de electricidad.
Los gobernantes que sucedieron al general Andrés Rodríguez (Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes) convalidaron en los hechos la aplicación de la lesiva e ilegal nota reversal, permitiendo que la Argentina administrara a su antojo y conveniencia la usina binacional hasta dejarla en la situación de quiebra técnica en que hoy se halla. Todo, a cambio de suculentas coimas disfrazadas de “gastos socioambientales”, que nuestros presidentes de turno y sus adláteres ubicados en las entidades binacionales vienen gastando como les da la gana o metiendo en sus bolsillos sin ningún pudor. Es más, permitiendo sin reclamar que la Argentina y Brasil se revendan recíproca y abiertamente el excedente de la electricidad paraguaya generada en las usinas binacionales, pese a la expresa prohibición de los tratados. Peor aún, negándonos a nosotros mismos el derecho de hacer lo mismo con Uruguay o Chile.
Aunque las autoridades argentinas han venido actuando a su gusto en la EBY, no han dejado de preocuparse por la precariedad legal de sus abusos administrativos y financieros en la binacional. Esta es la tercera vez que intentan hacerlo, acaso siempre por la vía de la coima. La primera fue bajo el gobierno de Duarte Frutos, quien casualmente tenía como director en la EBY al mismo que hoy ocupa de nuevo dicho cargo, el ingeniero Ángel María Recalde, de menguada fama. En esa ocasión, ambos firmaron con el gobierno de Néstor Kirchner un convenio para legalizar la espuria NR/92, conocido como “Preacuerdo Técnico”, con el presente griego de la “Novación”, por el cual se convalidaba totalmente lo actuado hasta entonces por la corrupta administración argentina en la EBY y se entregaba a la Argentina por nada menos que ¡44 años! la mitad de la electricidad paraguaya a la irrisoria tarifa fija de US$ 17,8 MW, a cambio de la manipulada deuda que supuestamente tenía la EBY con el Tesoro argentino.
Afortunadamente para nuestro país, una vez más el Senado negó su aprobación al acuerdo, por lo que el Poder Ejecutivo no tuvo otra opción que retirarlo, antes de su rechazo formal. Ahora, es el presidente Horacio Cartes quien viene montado en el Caballo de Troya que de nuevo nos envían nuestros avivados socios de la otra margen del río Paraná con el fin de quedarse definitivamente como dueños absolutos del estratégico emprendimiento hidroenergético binacional.
Como del mismo cuero tiene que salir la correa, y siendo el monto de las presuntas coimas en juego para los capitostes de ambas márgenes largamente superior a las acostumbradas para los “gastos sociales”, en el acuerdo firmado se incluye la repotenciación de la usina mediante el agregado de tres turbinas generadoras en la presa principal y la implementación de la largamente apetecida maquinización del Brazo Aña Cua. Para la implementación de ambos proyectos, el acuerdo firmado por los presidentes Cartes y Macri prevé un sideral presupuesto de US$ 1.600 millones. La gran ironía es que, por donde se lo mire, este acuerdo es la antítesis de un trato comercial justo, beneficioso para ambas partes. Como antes, otra vez, aquí la ganancia es para Argentina y la pérdida para el Paraguay.
Mas, la traición a la Patria que acaban de consumar el presidente Horacio Cartes y sus repudiables negociadores no se limita a la repotenciación de la EBY. Según los términos del humillante acuerdo suscrito, el Paraguay debe pagar la mitad de la deuda de más de US$ 4.000 millones, que se ha consensuado como el pasivo a ser honrado por ambos países. Cargar a espaldas del pueblo paraguayo esta suma a ser pagada en una generación es criminal y, por tanto, absolutamente inaceptable, porque contradice lo que dispone con toda claridad el numeral IX del Anexo C del Tratado, según el cual la deuda de la EBY debe ser pagada por las partes en directa proporción con la cantidad total de electricidad consumida desde la puesta en marcha de la primera turbina. En promedio, en dicho lapso el Paraguay consumió no más del cinco por ciento del total generado hasta hoy en la usina. Vale decir, lo que al Paraguay le corresponde pagar son US$ 200 millones y no 2.000 millones.
El acuerdo firmado por el presidente Cartes es tan escandalosamente perjudicial para los intereses nacionales en juego en la EBY, que el status del memorándum de entendimiento no contempla ni por casualidad el “precio justo” para el excedente de electricidad paraguaya que se lleva Argentina, ni la libre comercialización de la misma al mejor oferente, derecho este que la Argentina se arroga, pero le niega al Paraguay.
Por ser del todo lesivo para los intereses de la Nación paraguaya, el entreguista acuerdo firmado por el presidente Horacio Cartes con su par argentino, Mauricio Macri, debe ser democráticamente repudiado con toda firmeza y perseverancia por la ciudadanía con manifestaciones en las calles y a través de las redes sociales. Es más, ella debe exigir al Congreso Nacional el frontal rechazo de la vil entrega de nuestra soberanía, y como la importancia del perjuicio infligido a la Nación lo amerita, impulsar la apertura de un juicio político al Presidente de la República por haberse confirmado las peores sospechas sobre el pésimo resultado de las oscuras negociaciones emprendidas con la Argentina.