En un país en el que se respeten las leyes, el contralor general de la República, Enrique García, no podría seguir deshonrando su cargo ni un minuto más. Fue imputado el 2 de marzo de este año por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso. Días después, la Cámara de Diputados promovió su juicio político por esos presuntos delitos cometidos cuando ejercía como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y por el mal desempeño de sus actuales funciones. El Senado recibió la acusación el 5 de julio, sin que hasta hoy tan siquiera se conozcan los dictámenes de las tres comisiones asesoras encargadas del caso. Para los legisladores, seguramente es mucho más conveniente tener al contralor con la espada de Damocles sobre su cabeza, para cuando alguno de ellos requiera sus servicios por algún oscuro motivo.
Entretanto, en todo este tiempo el jefe del órgano de control de las actividades económicas y financieras del sector público continúa dando muestras de que es un gran enemigo del “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, así como de la pronta administración de Justicia.
Un par de recientes ejemplos servirán para ilustrar su conducta desdorosa, signada por la mala fe y la arbitrariedad. El primero se relaciona con un recurso de amparo presentado por un periodista de este diario contra la Contraloría, porque se negó a entregarle copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercieron los más altos cargos estatales entre 1998 y 2017. El fallo de la primera instancia, que hizo lugar al actor, fue confirmado por la segunda, razón por la cual la parte perdidosa promovió el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad, so pretexto de buscar una “decisión definitiva”. Es decir, agotó todas las instancias para dilatar una cuestión sobre la cual aún no se ha expedido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque la Contraloría no había entregado las copias para correr traslado de la acción a los abogados del periodista y a la Fiscalía General del Estado, que debe emitir un dictamen. La artera omisión, que apuntaba a demorar sine die un fallo que debería resultarle adverso a Enrique García, obligó a la citada Sala, tras publicaciones de prensa, a intimar al órgano accionante a entregar las copias, so pena de tenerse por no planteada la acción de inconstitucionalidad. Fueron presentadas ese mismo día.
Más allá del fondo de este importante caso, es de señalar la notoria malicia procesal de quien trabó la causa durante más de cinco meses, respondiendo a los intereses de quienes tienen mucho que ocultar con relación al patrimonio adquirido durante el ejercicio de la función pública. ¿Qué otro móvil podría haber tenido el contralor chicanero sino el de proteger a personajes poderosos, algunos de los cuales aún sientan plaza en el Senado que debe juzgarlo si es que alguna vez se decide a actuar como corresponde? Es por este tipo de cosas que a los legisladores les beneficia tener en ascuas permanentes a los responsables de controlar sus manejos económicos.
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Uno de los actuales integrantes de la Cámara Alta es el liberal Dionisio Amarilla, ex administrador general de la Universidad Nacional de Asunción, diputado en la anterior legislatura y hoy sospechado de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias. Ante la denuncia de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el Ministerio Público pidió a la Contraloría, el 6 de agosto, que le informe si ciertos bienes pertenecen al legislador y si su valor se corresponde con sus ingresos legítimos. Enrique García negó primero haber recibido tal solicitud, pero cuando su burda mentira quedó en evidencia, requirió una orden judicial para que se efectúe el estudio, recurriendo a la misma excusa rechazada en los dos fallos dictados a raíz del recurso de amparo antes referido. Su renuente actitud roza el art. 292 del Código Penal, que castiga la frustración de la persecución y ejecución penal.
Por cierto, la directora general de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Analy Valiente, es cónyuge del senador Amarilla y ocupa ese cargo desde el 21 de mayo: su marido fue electo el mes anterior para ocupar una banca en el cuerpo legislativo que debe juzgar a Enrique García. Para tener una idea de los estrechos lazos que existen entre el legislador indagado y el contralor, valgan los datos adicionales de que un tío de la alta funcionaria mencionada, Jacinto Martínez, trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, y de que un primo del senador, Nicolás Arregui, es director general de Rendiciones de Cuentas (Fonacide y royalties). Así se tejen los oscuros entramados entre el Poder Legislativo y la Contraloría.
Como si todo esto fuera poco, el contralor no solo niega el acceso a una fuente pública de información a un periodista y a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, sino también al propio subcontralor, Camilo Benítez. Este había pedido en septiembre a la Dirección General de Declaraciones Juradas una serie de informes sobre la correspondencia entre el patrimonio y los ingresos declarados por el exsenador colorado Óscar González Daher, por el senador del mismo partido Víctor Bogado y por el extitular del Indert Justo Cárdenas. La señora Analy Valiente le respondió que Enrique García le había ordenado no entregarlos, pese a que el art. 22 de la Ley N° 276/94 dice que al subcontralor le corresponde, entre otras cosas, “supervisar el funcionamiento de las distintas dependencias de la Contraloría General”. Es simplemente grotesco que Camilo Benítez no pueda cumplir con su función, porque se le impide el acceso a la información que procesa una subordinada. Parece que ni siquiera dentro de la institución alguien puede enterarse del tratamiento de las declaraciones juradas, salvo Enrique García y la esposa del senador sospechado.
Un chicanero y mentiroso, que está imputado por dos delitos, que se burló de la Corte y que obstaculizó una investigación del Ministerio Público, no puede seguir ocupando tan alto e importante cargo. El Senado tiene que destituirlo cuanto antes para ponerlo a disposición de la Justicia. Si no lo hace, será porque la mayoría de sus miembros le debe algún favor personal, como sin duda es el caso de Dionisio Amarilla. Por de pronto, a estas alturas carece de toda autoridad moral para exigir a nadie una cabal rendición de cuentas, es decir, para ejercer la función primordial prevista en la Constitución y en la ley. Alguien que pone un palo en la rueda de los procesos judiciales no merece ni puede estar encargado de controlar el uso del dinero público.