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18 de Mayo de 2018

 

El contralor García busca protegerse

El contralor general de la República, Enrique García, tiene un interés particular en la injustificada negativa del órgano que dirige a divulgar las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. No debería sorprender su actitud obstruccionista en esta cuestión, ya que antes de ocupar su actual cargo fue procurador general de la República y asesor jurídico de la Municipalidad. Es dable pensar, entonces, que si cumplieran fielmente la Constitución y la ley, él mismo tuvo que haber presentado hasta ahora cinco de esas manifestaciones, y es probable que tenga muy buenas razones para oponerse a que sean reveladas a pedido de la ciudadanía. En especial, la gente podría estar interesada en conocer el valor del patrimonio que tenía antes de ingresar en la Municipalidad y a cuánto ascendía cuando dejó el cargo, recordándose que fungiendo de asesor jurídico no apeló en tiempo oportuno el fallo de un laudo arbitral que condenó a la Comuna a indemnizar con 3.600.000 de dólares a la empresa Ivesur. Este tipo de “negligencias” u “olvidos” suele ser muy bien recompensado. Así las cosas, puede pensarse que el contralor está metido hasta el cuello en el fango, por lo que, si desea levantar esa sospecha, debe abrir las compuertas para que los ciudadanos y las ciudadanas se enteren de cuánto rapiñaron los ladrones públicos las arcas del Estado.

El contralor general de la República, Enrique García, tiene un interés particular en la injustificada negativa del órgano que dirige a que los ciudadanos conozcan las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. Primero, denegó tácitamente tres solicitudes de acceso a las manifestaciones que tuvieron que haber presentado quienes ocuparon un cargo público entre 1998 y 2017, ignorando que el art. 19 de la Ley N° 5284 dice que “solo se podrá negar la información pública requerida mediante resolución fundada”. Luego, a través de su director jurídico César Núñez, contestó el recurso de amparo constitucional planteado teniendo en cuenta el art. 28 de la Carta Magna y la ley antes citada. Finalmente, dispuso que fuera apelado el fallo del juez Rubén Riquelme, que hizo lugar al recurso promovido, sentando un valioso precedente, favorable a la transparencia y contrario a la corrupción.

No debería sorprender la actitud obstruccionista del contralor García en esta importante cuestión, ya que antes de ocupar su actual cargo en noviembre 2016, fue procurador general de la República entre agosto de 2008 y julio de 2012, y asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción desde diciembre de 2015 hasta que recaló en la titularidad de la Contraloría General.

Es dable pensar, entonces, que si cumplieran fielmente la Constitución y la ley, él mismo tuvo que haber presentado hasta ahora cinco de esas manifestaciones, y es probable que tenga muy buenas razones para oponerse a que sean reveladas a pedido de la ciudadanía. En especial, la gente podría estar interesada en conocer el valor del patrimonio que tenía antes de ingresar, por ejemplo, en la Municipalidad capitalina, y a cuánto ascendía cuando dejó el cargo. Esa curiosidad responde al hecho de que, fungiendo de asesor jurídico, no apeló en tiempo oportuno el fallo de un laudo arbitral que en agosto de 2016 condenó a la Comuna asuncena, en la que prestaba servicios, a indemnizar con 3.600.000 dólares a la compañía Ivesur, encargada de la inspección técnica vehicular. Este tipo de “negligencias” u “olvidos” increíbles suele ser muy bien remunerado.

El Ministerio Público lo imputó por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso, que habría perpetrado para intentar demostrar que había cumplido con su deber. La Municipalidad está tratando de dilatar el pago mediante maniobras diversas en sede judicial, pero lo cierto es que cuando sufra el daño económico previsible, el contralor tendrá que ser procesado también por el delito de lesión de confianza. Por de pronto, en marzo último, la Cámara de Diputados lo acusó por mal desempeño de sus funciones, como paso previo al juicio político, pero la acusación sigue allí “cajoneada”.

Teniendo en cuenta que el contralor García ocupó importantes cargos y que por lo menos en uno tuvo un dudoso desempeño, estando de por medio una millonaria suma, podría darse la absurda situación de que él mismo constatara que su patrimonio tuvo “un incremento no razonable o proporcional a sus ingresos”, suponiendo la veracidad de las declaraciones juradas que haya presentado. Si se diera esta situación, el contralor se vería en la obligación de denunciar el hecho a un juez o al propio Ministerio Público.

Hay buenos motivos, por tanto, para conjeturar seriamente que su renuencia a que salga a la luz el estado patrimonial de quienes ejercen una función pública responde al deseo que tiene de protegerse a sí mismo. Desde luego, su obstinación también beneficia a los políticos que se han enriquecido ilícitamente, entre quienes figuran por lo menos varios senadores que tendrán que resolver si lo separan o no del cargo, si es que la Cámara Baja, donde también hay más de un bribón, resuelve algún día hacer llegar su acusación al Senado. Es decir, como sobre su cabeza pende la espada de Damocles del juicio político, Enrique García también estaría velando por su impunidad al cubrir con su generoso manto las declaraciones juradas de los ladrones que decidirán su destino.

Aquello de “hoy por ti y mañana por mí” tiene plena vigencia entre quienes habitan el sórdido mundo de la corrupción, más allá de los partidos que integran. Allí aman la oscuridad y odian la transparencia, razón de más para encomiar la sentencia del juez Rubén Riquelme –quien dispuso que se dieran a conocer las declaraciones juradas solicitadas–, que ya se habrá ganado la comprensible inquina de quienes tienen mucho que ocultar. Es de suponer que estos facinerosos también sabrán agradecer, en cambio, la ardua labor que está realizando el contralor, en beneficio propio y ajeno, para impedir que sus compatriotas se enteren de hasta qué punto se viene delinquiendo en la función pública.

El enriquecimiento ilícito es un delito de acción penal pública, es decir, puede ser denunciado por quien crea tener indicios suficientes de que alguien lo haya perpetrado. Por su propia naturaleza, resulta de la comisión de otros delitos, como el cohecho pasivo (coima), el prevaricato (vender sentencias), el tráfico de influencias o la lesión de confianza (robo). Su tratamiento especial –si es que se respetaran la Constitución, la ley y la sentencia del juez Riquelme– obedece a que puede ser detectado con mayor facilidad que otras fechorías, ya que basta con el cotejo de las declaraciones juradas para deducir que se incurrió en actos de corrupción.

Así las cosas, puede pensarse que el contralor García está metido hasta el cuello en el fango, por lo que, si desea levantar esa sospecha, debe abrir las compuertas para que los ciudadanos y las ciudadanas se enteren de cuánto rapiñaron los ladrones públicos las arcas del Estado, para que puedan ser enviados a la cárcel, que es el lugar que les corresponde.

 
 

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