En el marco de la disputa abierta entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se acaba de saber que en mayo de 2018, el entonces ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, informó a la Unidad Especial de Delitos Económicos y Anticorrupción que el contralor general Enrique García no podía justificar el origen de 2.949.111.816 guaraníes, parte de la suma que depositó en dos bancos de plaza entre 2012 y 2017. Sus movimientos financieros habrían superado en gran medida su perfil transaccional de 25 millones de guaraníes. En consecuencia, la agente fiscal Victoria Acuña abrió una investigación por los presuntos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en cuyo transcurso recibió informes de varias entidades financieras. Estos serían analizados “en su momento” por el Laboratorio Forense. Es de esperar que “ese momento” llegue cuanto antes. Ya ha transcurrido casi un año sin que se haya llegado a conclusión alguna, lo que hace suponer que el contralor general está muy bien protegido o está siendo chantajeado. La primera hipótesis pone en duda la independencia del Ministerio Público, y la segunda, su moralidad.
Es intolerable que sobre el contralor general pese la sospecha de haberse llenado los bolsillos con dinero sucio en el ejercicio del cargo. Urge pedir al juez que desestime el informe de la Seprelad o que sea imputado quien tiene justamente el deber de combatir la corrupción en la función pública. Tras haber sido procurador general de la República desde septiembre de 2008 hasta junio de 2012, volvió a la abogacía hasta que en diciembre de 2015 se convirtió en asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Ocupa su actual cargo desde noviembre de 2016. Es decir, el periodo durante el cual efectuó depósitos bancarios multimillonarios que no habría podido justificar se extiende desde el año en que dejó de representar los intereses patrimoniales de la República hasta cuando ya estaba al frente de la Contraloría.
García se sigue negando a entregar al periodista de este diario Juan Carlos Lezcano una copia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes han ocupado altos cargos entre 1998 y 2017, entre ellas las de quienes han estado dirigiendo la propia Contraloría. Tras lo revelado en el aludido informe de la Seprelad puede entenderse por qué García se empeña en violar la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, al no cumplir lo dispuesto en un fallo judicial, confirmado en segunda instancia. Podrían descubrirse sus propias trapisondas.
El caso está paralizado en la Corte Suprema de Justicia desde el 4 de julio de 2018, día en que el chicanero promovió una acción de inconstitucionalidad. Ahora es presumible que su renuencia responda no solo al deseo de amparar a ciertos capitostes, sino también al de ocultarse a sí mismo del escrutinio de sus conciudadanos. A ellos, incluida la agente fiscal Acuña, les interesaría conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas que debió presentar al asumir la Procuraduría General de la República y al abandonarla, al convertirse en asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y al dejar de serlo, así como al tomar posesión del cargo que hoy deshonra.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Vale recordar que el 2 de marzo de 2018, fue imputado por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso, que habría cometido para demostrar haber apelado, como asesor jurídico, un laudo arbitral que condenó a la Municipalidad capitalina al pago de 3,6 millones de dólares. La Cámara Baja lo acusó ante el Senado por dichos hechos punibles y por el mal desempeño de sus funciones, para que fuera sometido a un juicio político. Por alguna poderosa razón, la acusación duerme el sueño de los justos en el Senado desde el 5 de julio de 2018, sin que hasta la fecha se conozcan los dictámenes de las tres comisiones encargadas del grave asunto.
También aquí se puede presumir que García está muy bien protegido o está siendo chantajeado, esta vez por la Cámara que tiene la potestad de destituirlo para ser sometido a un proceso penal, como corresponde. Uno de sus miembros es Dionisio Amarilla (PLRA), cuya esposa, Analy Valiente, es directora general de Declaraciones Juradas de la Contraloría desde un mes después de que su marido haya sido electo para integrar el órgano colegiado que debe juzgar a su jefe. Si a ello se agrega que un tío suyo, Jacinto Martínez, trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos, y que un primo del legislador, Nicolás Arregui, es director general de Rendiciones de Cuentas, García puede contar desde ya con el seguro voto del senador Amarilla, un exadministrador general de la Universidad Nacional de Asunción y exdiputado que fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Es muy probable que también pueda confiar en el apoyo del senador Víctor Bogado (ANR), en retribución por el servicio que le prestó al prohibir que se le entregue al propio subcontralor general, Camilo Benítez, un informe sobre la correspondencia entre el patrimonio y los ingresos declarados por el presunto patrón de la “niñera de oro” Gabriela Quintana.
En nuestro editorial del 23 de noviembre de 2018, sostuvimos que “en un país en el que se respeten las leyes, el contralor general de la República, Enrique García, no podría seguir deshonrando su cargo ni un minuto más”. La nueva revelación nos induce, desde luego, a ratificarnos y a volver a instar al Senado a que deje de protegerlo y lo destituya de una vez por todas para ponerlo en manos de la Justicia. El Ministerio Público, por su parte, debe acelerar sus pesquisas con relación a los dos presuntos delitos que se desprenden del informe de la Seprelad y que se suman a otros tantos por los que el contralor general ya está imputado. En un país medianamente serio, el principal organismo contralor de la República no puede tener al frente a una persona con semejante “pedigrí”.