Tras el doble crimen del que fueron víctimas el intendente de Bella Vista (Norte), Miguel Louteiro, y su acompañante, Celso Carvallo, el vicepresidente de la seccional colorada local, Luis Doupratt, realizó dramáticas declaraciones que desnudan la situación de violencia que se vive en el lugar: “No tenemos seguridad. Es difícil hablar acá en la frontera, porque te hacen callar. Hay muchas cosas que queremos contar, pero no se puede”.
No hace falta aclarar que las voces son acalladas a balazos, y que la inseguridad es provocada por el imperio del narcotráfico.
El dirigente político señaló también que de nada sirve que los ciudadanos tengan un revólver, si “ellos tienen armamentos militares”, a lo que cabe agregar que, si emplean pistolas, no escatiman municiones: una de las mencionadas víctimas recibió veintitrés impactos de bala, y la otra, dieciséis, solo doce días después de que 417 kilos de cocaína fueran incautados en una zona rural del municipio.
El jefe de Investigaciones del departamento de Amambay, comisario Jorge Fernández, no ha encontrado hasta ahora ninguna conexión entre ambos hechos. En su opinión, los asesinatos estuvieron vinculados con disputas por tierras, con deudas que habría contraído el intendente o con cuestiones políticas, sin que estas dos últimas probables causales sean excluyentes entre sí. El Ministerio Público deberá dilucidar el hecho, acaso ampliando las hipótesis referidas para incluir la principal fuente de ingresos de la poderosa mafia fronteriza: las drogas. Cualquiera sea el resultado de la investigación en marcha, es de toda evidencia que los pobladores de Bella Vista (Norte) tienen buenos motivos para vivir con temor, lo mismo que los de Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, ante el evidente avance del poder del narcotráfico.
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El Estado no puede garantizarles la vida si se atreven a denunciar a los narcotraficantes, por la simple razón de que ha perdido el monopolio de la fuerza. Sea que el número de agentes policiales es insuficiente, que su equipamiento sea inapropiado o que estén a sueldo de los bandidos, lo cierto es que los vecinos no pueden confiar en ellos, y se ven obligados a cerrar los ojos, los oídos y la boca para no ser ultimados. Esta atmósfera opresiva, que impone el silencio encubridor a indefensos ciudadanos, no es considerada en las estadísticas que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, suele exhibir para tratar de convencer a la opinión pública de que la inseguridad es solo una falsa “sensación”.
Por lo demás, ocurre que ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional saben de muchos delitos porque las víctimas temen denunciarlos, sabedores de que dichos organismos no están en condiciones de protegerlos de las previsibles represalias. Y si se enteran, poco o nada hacen para lograr la detención de los presuntos autores.
Roberto Rodríguez González, supuesto autor del asesinato del intendente Louteiro y quien finalmente se entregó a las autoridades, ya tenía antecedentes por robo agravado (2010) y homicidio doloso (2015), pero las órdenes de captura que pesaban sobre él nunca fueron ejecutadas: su casa de la pequeña ciudad de Bella Vista fue allanada recién el 8 de agosto, tres días después del doble crimen, sin que, desde luego, fuera encontrado. El Ministerio Público y la Policía Nacional deben explicar por qué no fue capturado mucho antes, dado que ya conocían muy bien su domicilio. ¿Se habían “traspapelado”, acaso, las órdenes de captura? El susodicho anduvo tranquilamente por la zona antes de la nueva fechoría que ahora se le imputa, pues el último 13 de junio visitó el “establecimiento” de la fiscal Camila Rojas, en compañía de una prima suya, con motivo de un acontecimiento familiar, según admitió la propia anfitriona. O sea que Rodríguez González se paseaba a sus anchas con las órdenes de captura a cuestas, sin necesidad alguna de eludir a las fuerzas del orden, visitando incluso la estancia de una agente del Ministerio Público, que es oriunda, como él, de Yby Yaú, y acaba de apartarse del sonado caso. La impunidad de la que ha venido gozando puede presumirse se debe a que tiene padrinos muy influyentes y mucho dinero generado por actividades ilícitas para comprar a autoridades de la zona.
Los narcotraficantes son implacables con quienes los traicionan o interfieren en sus negocios, y suelen actuar con suma violencia para dar un mensaje. Los habitantes de Bella Vista (Norte) ya conocen muy bien su modus operandi, así que la situación descrita por el dirigente colorado responde a unas condiciones objetivas, por demás dolorosas. Sus palabras traslucen un estado de ánimo colectivo provocado por la inserción de la mafia en el noreste de la Región Oriental.
Es improbable que la dramática situación mejore si una buena parte de los 12.985 efectivos de la Policía Nacional que vegetan en tareas administrativas fuera trasladada a las comisarías de las zonas penetradas por el narcotráfico. El problema de fondo allí es la corrupción que ha puesto a muchos agentes del Estado al servicio de la mafia que amedrenta y asesina a los ciudadanos, ante una Justicia inepta, pusilánime y, a su vez, corrupta.
¿Será que el Primer Mandatario se da cuenta de que él ya no “manda” en ciertos lugares, porque el crimen organizado está ganando la partida, por culpa de la ineptitud y la deshonestidad de sus subalternos?
El presidente Horacio Cartes prometió un “nuevo rumbo” al Paraguay cuando asumió su cargo. El país entero está esperando que cumpla con su palabra persiguiendo a los corruptos en la administración pública y garantizando a los ciudadanos seguridad para sus vidas y sus bienes.