En nuestro editorial del 4 de octubre de 2015, afirmamos que el resultado previsible de la Ley Nº 5476/15, “que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, iba a ser la exclusión del sistema financiero de unas 400.000 personas de menores recursos, quienes se verían obligadas a “caer en las garras de la usura” si quisieran obtener un préstamo. También dijimos que “bajo un título engañoso, se invocó un noble propósito para impulsar una ley que tendrá consecuencias contrarias a las supuestamente deseadas”.
Duele constatar que el pronóstico se ha cumplido. En efecto, si hace tres años había 65 “casas de crédito” en todo el país, hoy son 130 y cuentan con unos 300.000 clientes, la mayoría de los cuales se vio forzada a abandonar el sistema regulado, debido a que la ley fue sancionada pese a que el Banco Central del Paraguay (BCP) había anticipado que la limitación de los intereses impediría que los operadores financieros otorguen créditos a los usuarios de tarjetas de bajos ingresos. Como las demás víctimas, ellos deben abonar hoy a unos delincuentes de guante blanco una tasa de interés del 60% al 100% anual, siendo que el límite permitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) es del 42,3%.
Resulta entonces que la usura, que el art. 193 del Código Penal sanciona con hasta diez años de cárcel cuando tiene un carácter comercial, se comete hoy a gran escala y abiertamente por la decisión de diputados y senadores. Las entidades públicas apenas se dan por enteradas. El presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que, para supervisar la actividad de los antros dedicados a esa actividad delictiva, es preciso actualizar la ley de ese organismo, pero agregó que la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) podría “empezar” a controlar que se cumplan los límites de las tasas de interés. Su jefa, Lorena Méndez, anunció por fin que en breve habrá “novedades” sobre la reglamentación de esos topes, y que, por de pronto, la Sedeco ya prohibió que se penalice a los prestararios que se adelanten a cancelar sus deudas para no seguir siendo desangrados por un usurero al que le interesa tanto la devolución de su dinero sucio, como el hecho de seguir cobrando intereses mensuales.
Nada se sabe del Ministerio Público, pese a que el Código Penal rige desde el 26 de noviembre de 1997: en casi veinte años, solo han sido procesados el exdirector administrativo de la Essap, Abraham Pinazo, y cuatro sindicalistas, por haber montado una agencia financiera clandestina en dicha empresa estatal. Las “casas de crédito” operan sin tapujos, pero la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción hace la vista gorda, aunque el hecho punible que allí se perpetra sea de acción pública. Si tienen cada vez más damnificados es porque las condiciones que fijan para prestar dinero son mucho menos rigurosas que las del sector financiero regulado, sometidos a nuevas exigencias para impedir el lavado de dinero, que aumentan sus costos operativos.
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La Ley Nº 5476/15, sancionada por la unanimidad populista, les vino de perlas a las “casas de crédito”, que así pudieron ampliar el círculo de los esquilmados, acaso con la ayuda deliberada de más de un legislador. Pese a que operan con capital propio, a diferencia de las entidades bancarias y financieras formales, que captan ahorros del público, siguen sin ser sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97, “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. Es claro que los sinvergüenzas que las manejan pueden lavar mucho dinero, propio y ajeno, aunque sea a través de otro delito, como el de la usura.
Parece que ahora la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha advertido esa posibilidad, así que está elaborando una normativa, que entraría en vigencia este año, para verificar el origen de los fondos que manejan los voraces “prestamistas”. Habrá que ver si tendrá el suficiente coraje para aplicarla, dado que el abundante dinero mal habido en circulación puede pertenecer no solo a narcotraficantes, sino también a políticos poderosos, incluidos diputados y senadores, que se han enriquecido ilícitamente en el ejercicio del cargo. Claro que hay testaferros, salvo que se tenga la ingenuidad de creer que un humilde mecánico, como Miguel Carballo, nombrado “asesor” de la Cámara Baja cuando era presidida por el actual senador Víctor Bogado, haya podido prestar 300.000 dólares, a un interés del 33,6%, superior a la tasa máxima del 16,76% fijada por el BCP, y que solo haya sido una “casualidad” que un par de años después el prestatario haya sido demandado justamente por Francisco Segura, asesor jurídico del citado senador.
En el mercado financiero delictivo nadan a sus anchas los peces gordos del narcotráfico y los ladrones de la burocracia y de la política. Ni el BCP, ni la Sedeco, ni la Seprelad ni el Ministerio Público se atreverán a tender sus redes mientras sus máximas autoridades teman perder sus cargos por desconocerse qué capo político está detrás del testaferro de que se trate. La proliferación de las “casas de crédito” debe inquietar a la ciudadanía, no solo porque quienes están ocultos detrás de ellas cometen un delito al aprovecharse vilmente de las necesidades ajenas, sino también porque son el resultado de grandes y sistemáticos latrocinios en la función pública.
La ley y la moral exigen que sean erradicadas, para lo cual la ciudadanía debe prestar mucha atención a las actuaciones de los organismos estatales pertinentes: que no sigan haciéndose los bobos y sepan que están siendo controlados por la sociedad civil.