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El diputado José María Ibáñez –autor confeso de los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso– es indigno de integrar la Cámara Baja y, en consecuencia, debe ser privado de su investidura. Si pudo apropiarse del dinero público para abonar los salarios de sus tres caseros de Areguá es porque, practicando el tráfico de influencias, logró primero que fueran contratados en 2013 por el entonces titular de la Cámara de Diputados, el liberal Bartolomé Ramírez, y luego que la funcionaria María Liz Gutiérrez Ávalos certificara la supuesta asistencia de los mismos a su lugar de trabajo. Actuó con premeditación y forzó la complicidad de su jefa de Gabinete para desviar el dinero de los contribuyentes no solo hacia sus empleados, sino también hacia el matrimonio que conforma con Lorena Plabst. En efecto, la mayor parte de los 30 millones de guaraníes sustraídos al erario terminó en las cuentas bancarias de ambos cónyuges.
El 13 de octubre de 2014, el impresentable legislador reconoció ante el Ministerio Público haber cometido los hechos punibles por los que se le acusaba, ofreció reparar los daños causados y pidió la suspensión condicional del procedimiento. “Hemos venido a la Fiscalía para reconocer los hechos y reparar los daños a la sociedad paraguaya...”, dijo en la ocasión. Ofreció una donación de 200 millones de guaraníes, suma que él consideró que superaba en un 600% “la estimación del supuesto daño”. “Decidí reconocer esos errores e incluso estoy demostrando mi propósito de enmienda”, agregó.
Y bien, este es el funesto personaje a quien están dejando libre de polvo y paja, sin que ni siquiera el grave robo al erario manche su prontuario, pues va a ser borrado del mismo. Con seguridad, una larga lista de ladrones públicos estarán haciendo fila para “limpiar” de la misma forma sus sucias fojas personales.
Como en aquella oportunidad la agente fiscal Victoria Acuña rechazó su pedido, tuvo la desfachatez de señalar dos días después que “reconocer errores no significa admitir la culpa de ningún delito”. Finalmente, en la audiencia preliminar del 6 de julio último, demorada a causa de las sistemáticas chicanas de los esposos, su abogado defensor volvió a solicitar la suspensión condicional del procedimiento, señalando que “el señor José María Ibáñez, la señora Lorena Plabst aceptan los hechos que se les atribuyen...”. El juez interino Julián López Aquino aceptó el pedido, lo mismo que el Ministerio Público, fundado en el art. 21 del Código Procesal Civil, que para ello exige, entre otras cosas, que el imputado admita los hechos.
Y bien, pese a todo, el confeso descarado cuenta con el apoyo de los diputados de “Colorado Añetete” y con el de Mario Abdo Benítez, el mismo que en sus campañas electorales tanto había despotricado contra la deshonestidad en el manejo de la cosa pública.
Mientras, como siempre ocurre por aquello de “hoy por mí, mañana por ti”, sus colegas legisladores están sacando de la galera argumentos insostenibles para salvar al desfachatado de una merecida expulsión de su banca. Así, el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, y el célebre Basilio “Bachi” Núñez, ambos colorados, dieron a entender que la pérdida de investidura sería improcedente, pues los delitos habrían sido perpetrados en el periodo anterior. ¡Como si esta indignidad estuviera regida por los periodos parlamentarios! Por cierto, los efectos del auto interlocutorio dictado en el caso Ibáñez se extienden hasta el 6 de julio de 2019, de modo que hasta entonces el impresentable no solo deberá reparar el daño social causado, sino también concurrir al Juzgado de Ejecución Penal, cada tres meses, para firmar el libro de comparecencia. Estará sometido a un periodo de prueba, y durante ese tiempo podrá sancionar leyes, pedir informes sobre asuntos de interés público, interpelar a algún ministro, integrar una comisión de investigación sobre la conducta de sus colegas o hasta pedir el juicio político del presidente de la República por la comisión de algún delito. Un claro ejemplo de en manos de qué clase de gente está nuestro Poder Legislativo.
Por su parte, la líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez, se limitó a señalar que no existen herramientas jurídicas para privar de su investidura al colega de marras, sin tomarse la molestia de explicar por qué no existen. Los diputados del mismo sector encargaron al abogado Óscar Germán Latorre, conocido por defender a los popes vinculados con el poder de turno, un dictamen recogido en un proyecto de comunicado en el que se lee que “no se dan los presupuestos establecidos en el artículo 201 de la Constitución Nacional para la aplicación de la pérdida de investidura”. Tampoco aquí se refieren los motivos por los cuales faltan esos presupuestos. Como se ve, todo está encaminado para tapar el ultraje. Nada cambia ni cambiará en el nuevo periodo gubernativo. Los mismos sinvergüenzas continuarán rigiendo los destinos de nuestro castigado país.
La conducta inmoral e ilícita de un legislador agravia a todo el Congreso, que lleva el adjetivo de “honorable”. El diputado Ibáñez, fruto de las “listas sábana”, no tiene una pizca de honorabilidad y, por tanto, carece de autoridad personal para representar a sus conciudadanos. Es absurdo que su propio victimario legisle en nombre de ellos y que un ladrón sancione leyes que castiguen el robo. Si el Congreso no extirpa de su seno a esta clase de escoria, ese Poder del Estado se parecerá cada vez más a un aguantadero de delincuentes.