El EPP humilla a la gente trabajadora

Mientras el presidente Horacio Cartes y los senadores Fernando Lugo (Frente Guasu) y Blas Llano (PLRA) se confabulan contra la Constitución para satisfacer sus respectivas ambiciones de poder, la banda criminal EPP mantiene en sus garras a cuatro secuestrados: un policía, dos colonos menonitas y un ganadero. Si las víctimas sufren el dolor inmenso de estar privadas de su libertad y del trato con sus seres queridos, los familiares que los aguardan se ven sometidos a la crueldad de su ausencia, y como si ello no bastara, son obligados a humillarse y pedir dinero prestado para poder pagar el rescate exigido por los desalmados, o son forzados a comprar y distribuir grandes cantidades de víveres en comunidades indígenas y campesinas. ¡Qué triste espectáculo constituye ver a colonos menonitas, cuya vida está dedicada al trabajo, compelidos por los marginales a cumplir una tarea como si fuesen delincuentes purgando una condena! La imagen de gente trabajadora siguiendo órdenes de los facinerosos en las mismas narices de la fuerza pública hiere la sensibilidad de la gente de bien, mientras el presidente Cartes y sus colaboradores tienen otras prioridades: conseguir la reelección y endeudar al país.

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Mientras el presidente Horacio Cartes y los senadores Fernando Lugo (Frente Guasu) y Blas Llano (PLRA) se confabulan contra la Constitución para satisfacer sus respectivas ambiciones de poder, la banda criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mantiene en sus garras a cuatro secuestrados: el policía Edelio Morínigo desde el 5 de julio de 2014, el colono menonita Abrahán Fehr desde el 8 de agosto de 2015, el joven menonita Franz Wiebe desde el 27 de julio de 2016, y el ganadero Félix Urbieta desde el 12 de octubre, también del año pasado.

Si las víctimas sufren el dolor inmenso de estar privadas de su libertad y del trato con sus seres queridos, los familiares que los aguardan cada día se ven sometidos a la crueldad de su ausencia, y como si ello no bastara, son obligados a humillarse y pedir dinero prestado para pagar el rescate exigido por los desalmados. Pero la iniquidad no termina aquí: también son forzados a comprar y distribuir provisiones en grandes cantidades a comunidades indígenas y campesinas de Sargento Félix López o Puentesiño (departamento de Concepción), colonia Río Verde (San Pedro), Yasy Cañy (Canindeyú) y Guahory (Caaguazú), aunque en algunas ocasiones indígenas y campesinos rechazaron dignamente la obligada donación. ¡Qué triste espectáculo constituye ver a colonos menonitas, cuya vida está dedicada al trabajo, compelidos por los marginales a cumplir una tarea como si fuesen delincuentes purgando una condena!

Esta es la deprimente realidad que se vive en vastas zonas de los citados departamentos, donde la prolongada ausencia del Estado permite enseñorearse a grupos violentos como el EPP, abigeos y marihuaneros.

En efecto, lo ocurrido y lo que viene ocurriendo desde hace más de dos años y medio, en el caso de Edelio Morínigo, agravia a quienes creen que la dignidad humana debe ser respetada a toda costa. La banda criminal también se burla del Presidente de la República, ofreciendo 5.000 guaraníes por su “captura”, pero es inútil gastar palabras para repudiar el cínico escarnio inferido a quien no se respetó a sí mismo al ignorar la palabra empeñada en torno a la reelección presidencial, o con relación a los grupos violentos como el EPP. Mucho más ofendido debe sentirse el pueblo paraguayo ante la incapacidad gubernativa de poner fin a una prolongada actividad delictiva, que desde 2013 hasta la fecha ha provocado nada menos que doce secuestros y treinta muertes, entre civiles, militares y policías.

Los 1.200 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada bajo el actual Gobierno, son incapaces de derrotar a dos decenas de delincuentes, que no operan precisamente en medio de extensos bosques ni altas montañas. Conste que esa fuerza militar-policial encima ya ha insumido más de setenta millones de dólares, provenientes de los bolsillos de quienes tienen derecho a ser protegidos en su vida, en su libertad y en sus bienes.

Las actuales preocupaciones del Presidente de la República son del todo ajenas al sufrimiento de los secuestrados y de sus familiares, reflejado hace poco en las lágrimas que corrían por el rostro de la esposa de Félix Urbieta el día del cumpleaños del ganadero, o en la manifestación realizada por los padres de Edelio Morínigo frente a la Comandancia de la Policía, antes de volver a sus casas con las mismas promesas de siempre.

Está visto que la angustia y la zozobra de muchas personas de bien, sobre todo de las que viven en el norte de la Región Oriental, no figuran en la agenda de quienes deciden sobre la marcha del país. Sumidos estos en la politiquería y en la corrupción, lo que hoy más les importa en particular es consumar una violación constitucional para seguir en el poder.

Ante la brutal indiferencia de los gobernantes hacia el drama que sufren nuestros compatriotas del norte, el EPP no tiene por qué inquietarse. Quienes sí tienen bastantes motivos para ello son los que se ganan el pan con el sudor de la frente y anhelan vivir en paz y en libertad. Resulta que la seguridad interna está en manos de ineptos y de ladrones, en los diversos niveles de responsabilidad. De ellos solo cabe esperar palabras huecas, porque sus intereses no coinciden con los de las personas decentes.

La imagen de gente trabajadora cumpliendo órdenes de los facinerosos agavillados en las mismas narices de la fuerza pública hiere la sensibilidad de la gente de bien, mientras el presidente Horacio Cartes y sus principales colaboradores tienen otras prioridades: conseguir la reelección y endeudar más al país.

Los penosos hechos referidos enseñan que la reelección pretendida debe ser repudiada, no solo por ser inconstitucional, sino porque ya sabemos lo que nos espera si es que las actuales autoridades continúan en el poder: mayor inseguridad, y cada vez más compromisos financieros para el país, imposibles de pagar, que recaerán sobre nuestros hijos y nietos.

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