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El público paraguayo está acostumbrado a catalogar a los políticos según sus palabras. En tal sentido, la afirmación del presidente Horacio Cartes, en su discurso inaugural del 15 de agosto de 2013, de que no iba a permitir que el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) le marcara el rumbo a su Gobierno, fue interpretada por la gente como una formal promesa gubernamental que el flamante Primer Mandatario iba a cumplir a rajatabla. Le creyó también la mayoría de los legisladores que sin retaceos le aprobaron la modificación de la Ley de “Defensa Nacional y Seguridad Interna” a los efectos de emplear el poder de combate de las Fuerzas Armadas para acabar con la minúscula gavilla de facinerosos que el Gobierno anterior no pudo eliminar, pese a los aparatosos operativos de seguridad desplegados con tal propósito.
Sin embargo, habiendo transcurrido más de tres años de lanzado el operativo de seguridad interior a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), esta es la hora en que tanto el pueblo como –seguramente– también los legisladores que apostaron a la iniciativa gubernamental se sienten amargamente burlados por el Presidente de la República, quien, por lo visto, al igual que sus predecesores, por alguna razón desconocida, no tiene la voluntad política para poner fin a las andanzas delictivas del grupo criminal que mantiene en permanente zozobra a la población de los departamentos de Concepción y San Pedro desde hace una década.
Las Fuerzas Armadas tienen sobrado poder de combate para acabar en poco tiempo con los criminales agavillados que hasta este momento continúan atormentando la vida de cientos de miles de gentes en su zona de influencia. Si hasta ahora no lo han hecho es simplemente porque el comandante en Jefe, Horacio Cartes, no les autoriza a hacerlo. La prueba más contundente de esta falta de voluntad política a la que hacemos referencia la dio recientemente el exministro del Interior Francisco de Vargas, al admitir, tácitamente, que la FTC no tiene autorización para adentrarse en los montes y atacar en sus vivaques a los facinerosos. Supuestamente, porque hay que respetar las garantías ciudadanas y los derechos humanos. Una justificación absurda desde todo punto de vista. El EPP es una gavilla de criminales que actúa al margen de la ley, secuestrando y matando personas, incendiando propiedades y, lo más vergonzoso, burlándose del Gobierno, como ocurrió en los últimos días con la difusión de la escena en la que aparecen Magna Meza, Liliana Villalba y Jorgelina Silva, las mujeres más caracterizadas del grupo criminal, posando con armas de guerra arrebatadas a las propias fuerzas de seguridad del Gobierno.
Otro testimonio de primera mano que indirectamente explica la razón por la que el gobierno del presidente Cartes no demuestra la voluntad política de acabar con el EPP, lo dio recientemente el senador Miguel López Perito –exsecretario general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Fernando Lugo– en una reciente entrevista radial con Carlos Mateo Balmelli. Confesó que en el entorno del defenestrado presidente existía una conspiración política para prolongar el mandato de este mediante la provocación de incidentes de seguridad pública que tuvieran la apariencia de comprometer el orden constitucional de la República.
Hay indicadores de la falta de voluntad política del gobierno de Horacio Cartes para ordenar a las unidades de combate de las FF.AA. entrar en los montes y capturar o eliminar a la gavilla del EPP, como la designación del diputado colorado Tadeo Rojas como ministro del Interior en reemplazo de Francisco de Vargas. Un oscuro personaje salido de su anonimato merced a la “lista sábana” de la ANR para el Congreso, absolutamente profano en materia de política de seguridad pública, hecho a la medida para mantener la inoperancia de su antecesor en el cargo. Mientras la inseguridad jaquea al país, con asaltos violentos, asesinatos y robos en todas partes, y el EPP haciendo tranquilamente de las suyas en el norte, el flamante ministro del Interior está más preocupado por asegurar la reelección de su líder, Horacio Cartes, para lo cual se ocupa de recolectar firmas.
Pero no debe extrañar su designación, ya que para ese cargo se busca a la gente de la claque, maleable, obsecuente, que actúe más bien para proteger a las autoridades que a la ciudadanía. Tenemos un ejemplo: la venida del abogado Paraguayo Cubas y un reducido grupo de personas a la Capital para realizar algunas manifestaciones contra el gobierno de Cartes movilizó nada menos que a unos 300 policías. Es que los gobernantes actuales saben de la situación de crispación que hay en la sociedad por culpa de sus desaciertos. Se piensa que ellos no están gobernando sino que están mandando, y por tanto no pueden permitir ningún acto en demanda de reivindicación ciudadana, por pequeña que sea, para evitar que cunda el ejemplo. Es decir, que a las autoridades les preocupa más su propia seguridad que la de los ciudadanos. Horacio Cartes y su claque se apoderaron del Estado para exprimirlo y no quieren abandonar el botín.
Así, no es de extrañar, pues, que el EPP siga campeando en el norte del país, burlándose públicamente de las autoridades y sometiendo a sus designios a la gente que trabaja, como se ve en la condenable acción de humillar a los menonitas, obligados a repartir víveres, además de mantener en su poder actualmente nada menos que a cuatro personas secuestradas.
Teniendo en cuenta este doloroso panorama, se puede afirmar que, hasta ahora, el EPP le marca la hoja de ruta al presidente Horacio Cartes.