“Agradecemos al Presidente de la República por esta reunión, quien nos explicó que será prioridad número uno de su Gobierno. Desde el Gobierno se está haciendo un gran esfuerzo y esta es una causa nacional, de todos los poderes del Estado y de la ciudadanía nacional”. Este comentario a la prensa lo realizó el señor Gustavo Sawatzky, uno de los líderes del grupo de menonitas que se reunió con el presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga el pasado jueves 7 de setiembre, tras los últimos dos secuestros consecutivos de colonos de dicha comunidad por parte de la gavilla criminal del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Dicho encuentro contó también con la presencia de los titulares de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, y de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo.
Desde la reunión de referencia hasta la fecha no se sabe que el Primer Mandatario haya movido un dedo para convertir su estrategia retórica en una real y efectiva que posibilite a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) organizarse y actuar tácticamente como fuerza militar de combate, incursionar en los bosques y atacar, capturar o eliminar a los facinerosos en sus propios vivaques, las más de las veces establecidos a apenas unos centenares de metros de rutas y caminos vecinales.
Mientras tanto, quienes no han perdido el tiempo han sido los del EPP, que el 25 de setiembre último atacaron la estancia Santa Marta, ubicada en el departamento de San Pedro, a pocos kilómetros de los sitios donde no hace mucho fueron secuestrados los menonitas Franz Wiebe y Bernhard Blatz Friessen.
Ante la manifiesta inacción de las autoridades nacionales para poner freno a las andanzas delictivas de los forajidos, pese a la promesa del Presidente de la República en tal sentido, las comunidades de la zona que viven bajo el constante acecho de los facinerosos del EPP, en particular la de los laboriosos y pacíficos colonos menonitas, han llegado a la patética conclusión de que al Gobierno le importan un bledo sus vidas y sus bienes, menos aún la de sus seres queridos que permanecen secuestrados en poder de la gavilla criminal, algunos desde hace más de tres años, como el policía Edelio Morínigo.
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Ante la trágica realidad que enmarca sus vidas, lo único claro que ellos tienen es que la promesa del Presidente de la República de hacer todo lo posible para restablecer la seguridad en la zona es una miserable estafa intelectual, que les coloca ante una opción trágica: abandonar sus comunidades o salvaguardar sus vidas y sus bienes haciendo justicia por mano propia mediante una reacción popular. Una señal en tal sentido ha sido la multitudinaria marcha por la paz y por la liberación de los secuestrados protagonizada el martes 26 de los corrientes en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), por colonos menonitas, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, campesinos e indígenas.
Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad operacional para peinar la reducida zona y dar con los delincuentes en sus propias guaridas para capturarlos o eliminarlos si se resisten. Profesionalmente, están formadas (y es de suponer, entrenadas) para el empleo legal de la fuerza con el fin de acabar con el enemigo. Como es de público conocimiento, la estrategia que emplean no es la que doctrinariamente corresponde. En vez de organizarse y operar como unidad de combate persiguiendo al enemigo, desde el principio han optado por cumplir una misión de mera presencia, con algunos operativos de patrullaje por los caminos vecinales, a los efectos de vender a la población la “sensación” de seguridad, aunque obviamente no sea la efectiva.
Estas misiones se redujeron tras la masacre de una patrulla, de un subteniente y siete suboficiales, en la zona de Arroyito, a manos del EPP.
Obviamente, los establecimientos ganaderos y forestales de la zona que acuerdan una suerte de peaje en efectivo o con vituallas cuentan con retenes militares de protección. En un principio las colonias menonitas también tenían retenes de seguridad en sus diversas colonias, pero por alguna razón la FTC los retiró. Con este despliegue territorial jurisdiccional, la FTC inmoviliza a los más de 800 efectivos militares y unos 400 policiales, cumpliendo típicamente el rol institucional de la Policía Nacional. Con este dispositivo operacional la FTC no dispone en apresto unidades o subunidades tácticas de combate para incursionar en los montes y buscar al EPP. Actuando así, solo se reduce a cumplir misiones policiales de acudir cuando desde algún establecimiento se le pide auxilio. La ironía es que nunca ha llegado a tiempo para neutralizar el golpe de mano de los malvivientes. Siempre llega dos o tres horas después de producido el asalto, a veces luego de la llegada de la prensa. Todo, para hacer el consabido “teatro” de despliegue de armamentos y vehículos militares de supuesta persecución de los delincuentes hasta las orillas de los montes, pero sin dar jamás con ellos.
No debe sorprender, entonces, que con semejante doctrina de operaciones tácticas, hasta ahora no hayan dado con una guarida de los criminales. Mucho menos con los vivaques donde mantienen cautivas a las cinco personas.
Mientras tanto, cada cierto tiempo, como ocurre ahora mismo, se solicita más y más presupuesto para esta fuerza de tarea inútil, lo que alimenta la creencia de que algunos sectores o personas del Gobierno están sacando ventajas económicas de la situación.
Ya suficiente desprestigio ocasiona esta falta de resultados al Gobierno del presidente Cartes, que al asumir el cargo había asegurado que el grupo armado no le iba a marcar la agenda. Como se ve, le estuvo marcando, y lo sigue haciendo, lo cual, al parecer, no preocupa mucho al Jefe de Estado, cuya prioridad es el Poder, ya que, fracasado su intento del “rekutu”, ahora ya piensa volver en 2023, según lo declaró recientemente en Nueva York.