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La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley que extiende a los comicios internos el control estatal sobre el origen y el uso del dinero empleado en las campañas electorales. De acuerdo al mismo, que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) examinaría también el financiamiento de las candidaturas y de los movimientos internos, para los cuales regirán las mismas prohibiciones relativas a las donaciones o contribuciones que se hagan en las campañas para las elecciones generales y municipales.
Se trata de una iniciativa de capital importancia para procurar impedir que los recursos malhabidos influyan en la voluntad popular, dado que es sobre todo en las elecciones internas donde el crimen organizado invierte su dinero sucio para introducir sus tentáculos en el aparato estatal y cuyo resultado puede ser decisivo, más aún considerando que las listas siguen estando bloqueadas. En los dos grandes partidos, quien obtiene un buen lugar en una de ellas puede confiar en que conquistará el cargo electivo en disputa, sin necesidad de recaudar más dinero para las elecciones generales.
Inspira suspicacia, pues, que el TSJE, por boca de su presidente, Jaime Bestard, sea renuente a verificar el origen y el uso de los fondos utilizados en los decisivos comicios internos, so pretexto de falta de tiempo y de autonomía de las organizaciones políticas. Si debe combatir hoy la influencia que pueda ejercer el crimen organizado en las elecciones nacionales, no hay motivo valedero para que se niegue a hacer lo mismo en las internas. A la hora de pugnar por un escaño o por un cargo uninominal, estas pueden ser determinantes, atendiendo el considerable peso que aún tiene el “voto cautivo”. La mafia lo sabe, de modo que es en los comicios internos donde apuesta por conseguir la mayor cantidad de candidatos.
La palabra mafia, de origen italiano, se aplica hoy a cualquier organización clandestina de criminales, desde las pandillas que se dedican a la venta de crack en los barrios de ciudades y pueblos, hasta el crimen organizado transnacional, como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que ha extendido sus tentáculos al Paraguay y perpetró hace poco el espectacular asalto a la empresa Prosegur en Ciudad del Este; pasando por los narcotraficantes, contrabandistas, falsificadores y lavadores de dinero sucio de los que está lleno el país. Por eso, es de suponer que son inmensos los recursos con los que puede financiar a los políticos en su afán de ir contando con agentes en las esferas de poder y ganar impunidad.
Para combatir a una organización criminal, el Estado cuenta con la Policía, la Fiscalía y la Justicia. Sin embargo, cuando logra infiltrarse, manipula esas instituciones y acaba por adueñarse de los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con lo que el propio Estado termina por convertirse en una gran mafia en su conjunto, un narcoestado.
Bajo el Gobierno del presidente Horacio Cartes, las mafias se han venido fortaleciendo en el Paraguay, pues se han incrementado las grandes operaciones delictivas. Parlamentarios, ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, jefes de la Policía Nacional, militares y caciques políticos de todos los colores, juntos con sus parientes y amigos, se enriquecen robando al Estado y proporcionando cobertura operativa a la actividad de los sindicatos criminales transfronterizos y protección legal a los capos mafiosos que los controlan.
Esta fusión de las instituciones estatales con el crimen organizado transnacional ha hecho que en el Paraguay se haya borrado la línea divisoria conceptual entre agentes públicos y agentes de la mafia. A modo de ejemplo, cabe recordar que el exjefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas llegó a afirmar que el 70% de sus agentes estaba involucrado con la mafia del narcotráfico. Que se sepa, ningún fiscal reaccionó, ninguno de los bandidos fue entregado a la Justicia, ni mucho menos enviado a la cárcel, de modo que siguen siendo los mismos que hoy están “combatiendo” el narcotráfico en nuestro país.
En el Paraguay, el crimen organizado se ha convertido en un verdadero problema político que amenaza con socavar los cimientos del orden constitucional de la República. Ya no es solo un problema a ser atendido por la Policía, la Fiscalía y la Justicia, como lo demuestra el hecho de que el fogón que atiza el caldero de la mafia está localizado nada menos que en el propio Parlamento. No pocos de los diputados y senadores que ocupan actualmente sus bancas han dado indicios de que han accedido a ellas de la mano de la “narcopolítica”, el tentáculo de la mafia que, valiéndose del nefasto expediente político de las “listas sábana” y de la falta de control del financiamiento de las campañas electorales internas, infiltra a sus leales en este Poder del Estado para que, en connivencia con el Ejecutivo o contando con su indiferencia, amparen a la mafia que se ha hecho dueña de la República. Por esta razón, todo indica que ese oprobioso sistema no se desmontará fácilmente, de modo que los mafiosos –ellos mismos o a través de sus secuaces financiados– continuarán copando espacios en el Parlamento y en otros órganos electivos.
En 2014, la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del propio Senado produjo un informe presentado por el senador Arnaldo Giuzzio en una sesión plenaria de ese cuerpo legislativo, que identificó a varios legisladores con posibles vínculos con el narcotráfico, como los diputados colorados Freddy D’Ecclesiis, Magdaleno Silva (hoy fallecido), Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, el entonces diputado suplente Carlos Rubén Sánchez (“Chicharõ”) y la exdiputada y hoy “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta. Este informe fue remitido por el Senado a la Fiscalía, donde, como era de esperar en toda investigación que involucre a políticos y legisladores, duerme una larga siesta.
Solo una vigorosa reacción de los ciudadanos y las ciudadanas puede impedir que el crimen organizado continúe infiltrándose y manteniendo a sus operadores en el Congreso y otras instituciones fundamentales. Para ello, mediante manifestaciones públicas firmes y perseverantes, deben lograr que se elimine el repugnante régimen de “listas sábana” y que exista un efectivo control del financiamiento político, para desalojar a los personeros del crimen organizado que sientan sus reales en los Poderes del Estado.