El proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2017 incluye la emisión de bonos del Tesoro por valor de 600 millones de dólares, con lo que la deuda contraída de este modo en cinco años llegaría a 2.980 millones de dólares, elevando la deuda pública total a 6.700 millones, equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB).
Si ya resulta inquietante el acelerado ritmo de endeudamiento mediante la colocación de bonos soberanos iniciado por el Gobierno anterior y acentuado por el actual, la cuestión se agrava por el hecho de que la mayor parte de los fondos a obtener con la próxima emisión se destinará –como las anteriores– al pago de deudas vencidas y al aporte de capital a organismos internacionales, algo que ya ocurrió con unos 800 millones de dólares provenientes de las colocaciones de 2014, 2015 y 2016. El Estado debe recurrir al “bicicleteo” porque más del 70% de la recaudación tributaria –mermada por la evasión impositiva y el contrabando– termina en los bolsillos de sus casi 300.000 funcionarios y contratados.
En otras palabras, dado que falta dinero para pagar las deudas contraídas, se apela al expediente de tirar el fardo a las generaciones futuras, sin perjuicio de que la del presente ya deba pagar los intereses semestrales. El ministro de Hacienda, Santiago Peña, acaba de pronosticar alegremente que el “bicicleteo” continuará en 2023, cuando empiecen los primeros grandes vencimientos de bonos soberanos emitidos por valor de 780 millones de dólares, confirmando así el vaticinio realizado en abril pasado por el economista y extitular de la misma cartera César Barreto, que para pagarlos habrá que emitir otros títulos a diez años de plazo. Esto significa que ni se piensa hacer una racionalización del elefantiásico Estado, y seguiremos teniendo un aparato burocrático superpoblado y corrupto, que absorberá la mayor parte de los ingresos fiscales, obligando a contraer nuevas deudas para amortizar las antiguas, y no precisamente para invertir en salud, educación y obras públicas, como se debería.
También, no debe excluirse que, entretanto, se eleve la carga tributaria, como si su incidencia del 12,4%, prevista para el próximo año fuera la excusa de la ineludible necesidad de endeudarse, algo rotundamente falso. En su informe sobre la deuda pública en 2015, año en que fueron colocados 280 millones de dólares en bonos soberanos, la Contraloría General de la República abrió la posibilidad de pensar que en algún momento habría que subir los impuestos para cumplir con las obligaciones financieras, y sugirió al Ministerio de Hacienda que los nuevos créditos sean contratados en forma moderada, planificada y sostenible, para que el endeudamiento tenga un impacto económico positivo. No se le ocurrió recomendar que se eliminen los gastos superfluos ni que se combata la corrupción, pero su preocupación es digna de tenerse en cuenta.
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Como la calificación de riesgo del país es aún bastante buena, el mercado financiero internacional está muy dispuesto a prestarle al Estado los recursos que requiere. Los organismos financieros internacionales sostienen que la capacidad de endeudamiento del Paraguay da para mucho más, como si no supieran cómo se manejan aquí los recursos públicos. Basta recordar, por ejemplo, que cuando Nicanor Duarte Frutos, primero, y Fernando Lugo, después, acordaron con el Gobierno de Hugo Chávez comprar de Venezuela combustible a crédito, advertíamos sobre la peligrosidad de esa operación. Por su parte, los voceros de esos gobiernos sostenían lo contrario, que ese crédito permitiría disponer de fondos para el desarrollo del país. Ahora ya tenemos el resultado: el Paraguay demandado ante organismos internacionales por una cuantiosa deuda, mientras los gobernantes de aquel entonces disfrutan de su bonanza económica, y todavía tienen el descaro de pretender pugnar por ser electos para un nuevo periodo de gobierno. Total, las deudas las debe pagar Juan Pueblo.
La política de abrir un agujero para tapar otro va a tener un desenlace aciago, como se desprende del caso del Brasil, que ahora solo puede obtener préstamos a intereses muy altos, si es que los obtiene, porque no se tomaron las medidas oportunas para frenar el endeudamiento. La penosa experiencia recogida en la década de 1980 por varios países latinoamericanos, especialmente la Argentina, enseña que la crisis de deuda surge poco a poco, debido a la irresponsabilidad, a la corrupción o a la cobardía política de los gobernantes. La deuda pública de esos países, relativamente baja al principio, fue creciendo cada vez más, tal como está ocurriendo con el Paraguay. Tanto la rapidez como la calidad de nuestro endeudamiento, que denotan un Gobierno enceguecido por la veta descubierta en 2013, hacen pronosticar un drama similar al que sufrieron nuestros vecinos.
No se trata solo de que se incurre en el “bicicleteo” sino también de que se asumen compromisos a sabiendas de que entre los vicios de nuestra administración pública figura una espantosa ineptitud. A fines de agosto de este año, por ejemplo, seguían depositados en el Banco Central 310 millones de dólares provenientes de las tres primeras colocaciones de bonos soberanos. Ya se están pagando intereses por un dinero que aún no ha sido invertido a causa de la ineficiencia de los organismos respectivos, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Es una irresponsabilidad endeudar al país si, como lo sabe el ministro de Hacienda, los fondos obtenidos no serán correctamente empleados en tiempo oportuno.
Así como están las cosas, en el futuro próximo los paraguayos habrán de sacrificarse para pagar intereses y amortizar unas deudas que sirven más que nada para cubrir las anteriores, y enriquecer ilícitamente a funcionarios y contratistas. El sostenido endeudamiento afectará a compatriotas que no han tenido arte ni parte en este despropósito, de modo que si los legisladores fueran sensatos y sintieran algún respeto por ellos, deberían poner fin a este desenfreno, rechazando el nuevo endeudamiento planteado por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación.