El crimen organizado, con tentáculos en los tres Poderes estatales, según el propio vicepresidente de la República Hugo Velázquez, dirime sus conflictos a sangre y fuego, sin temer en absoluto la intervención oportuna de las autoridades policiales. Los jefes y sus pistoleros hacen los respectivos ajustes de cuentas sabiendo que es mínimo el riesgo de que las fuerzas del orden aborten sus planes o de que su ejecución sea repelida. La manida “ausencia del Estado” en cuestiones sociales es perfectamente aplicable en materia de seguridad y no precisamente por la falta de recursos humanos o materiales, sino más bien por la corrupción y la ineptitud reinantes sobre todo en la Policía Nacional. La preservación del orden público se torna cada vez más difícil ante el avance de las bandas armadas del Primer Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho. Actúan con todo desparpajo en el territorio nacional, incluyendo Asunción, poniendo en ridículo a quienes deben precautelar la vida, los derechos y los bienes de las personas. A estos temibles grupos criminales debe sumarse el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que actúa especialmente en los departamentos de Concepción y San Pedro, y que acaba de asestar su cuarto golpe, con otro asesinato y daños a una hacienda, en menos de medio año que lleva el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
En cuanto al último eslabón de la ya larga cadena de brutales asaltos cometidos por los sicarios del narcotráfico, esta vez se produjo en Ypejhú, localidad del departamento de Canindeyú, fronteriza con el Brasil, en la madrugada del 19 de diciembre, cuando unos treinta “soldados” del PCC ocuparon el pequeño poblado para ultimar a Diego Alderete, mencionado como el mayor traficante zonal de marihuana tras la detención del exintendente Vilmar Acosta Marques, autor moral de la muerte del periodista de este diario, Pablo Medina. El ataque habría sido una venganza por otro violento incidente mafioso ocurrido en el lado brasileño. Como para no creer, esta incursión tuvo aristas cinematográficas y parte de la pequeña localidad quedó parecida a una zona bombardeada en un conflicto bélico. Tras neutralizar previamente a la comisaría policial con su docena de agentes, los atacantes utilizaron bombas, granadas de mano, dinamita en gel y ráfagas de fusiles, para acabar quemando trece vehículos que estaban en venta en un local comercial perteneciente al objetivo del ataque.
Si Ypejhú, que también cuenta con un pequeño destacamento militar, fue copado por criminales que ingresaron desde el país vecino, inmovilizaron a la policía, destruyeron bienes y retornaron al país vecino, aparte de tomarse un tiempo para interrogar en una plaza a la hermana del citado Alderete, es porque el Estado se ha vuelto incapaz de ejercer un control efectivo en todo el país, es decir, de conservar el monopolio de la fuerza. Hasta se diría que el este y el norte de la Región Oriental están por convertirse en una suerte de “zona liberada” del crimen organizado.
En tal contexto, no puede olvidarse otra gigantesca operación delictiva, de aún mayor envergadura, como lo fue el “megaasalto” perpetrado en Ciudad del Este en la madrugada del 24 de abril de 2017, contra un local de la firma Prosegur. El grupo comando de unos 50 hombres del PCC, que se llevó un botín de 11.720.255 dólares y mató a un custodio, tuvo en vilo a la capital del Alto Paraná durante tres horas, ante la impotencia de las fuerzas policiales, claramente superadas por los malvivientes provistos de fusiles, dinamita, miras láser y equipos de visión nocturna. Huyeron en cinco camionetas artilladas. Hasta el 8 de mayo siguiente, nadie había sido detenido en el Paraguay por el mayor robo cometido en su historia, lo que motivó quejas hasta de la Policía Federal brasileña. En verdad, hasta hoy nadie ha sido tan siquiera procesado. El exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior José Amarilla aprovechó la ocasión para señalar que la Policía Nacional tiene un déficit en “recursos humanos, materiales y tecnológicos” y que el 53% de su personal no estaba disponible para el “policiamiento”. Lo cierto es que una ciudad de unos 400.000 habitantes, que cuenta con la jefatura policial del Departamento, una base naval y un batallón de frontera, fue aterrorizada por los delincuentes debido a la inacción de policías, militares y marinos.
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Sea que se trate de una guerra entre grupos mafiosos o de un asalto a mano armada contra, por ejemplo, una empresa transportadora de caudales, resulta evidente que el crimen organizado lleva todas las de ganar. Con respecto al primer tipo de desafío al orden público, la abogada Laura Casuso, ultimada el 12 de noviembre último en Pedro Juan Caballero, llegó a afirmar el 29 de octubre de 2017 que si su defendido Jarvis Chimenes Pavão era extraditado al Brasil se producirían graves conflictos en la frontera, como finalmente ocurrió, disputada en aquel entonces por tres grupos criminales. Sostuvo que existía “cierto respeto y equilibro” gracias a que su defendido se hallaba en el Paraguay, pero “Jarvis se va y nosotros perdemos la frontera”, sostuvo. Cabe preguntar: ¿la inteligencia policial no conocía estos detalles que tan bien predijo la abogada?
A estos y otros grandes casos registrados en los últimos tiempos debe sumarse la delincuencia común que también actúa poco menos que impunemente en la capital y ciudades y pueblos del Paraguay. Hoy día ya no existe negocio pequeño o mediano que atienda hasta un poco más tarde en la noche que no esté provisto de rejas y que despachan solo por una pequeña rendija, por causa de los asaltantes y rateros que también pululan a sus anchas.
Es evidente que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez tiene una gigantesca tarea que realizar en el campo de la seguridad para devolver, o al memos mitigar, la zozobra por la que pasa la mayoría de los habitantes del país. Y, sin duda alguna, una de las primeras tareas debe consistir en una “cirugía mayor” en la depuración de las fuerzas de seguridad, porque está visto que estas han claudicado, por complicidad o negligencia, frente a los criminales.
Es obligación del Estado paraguayo hacer el trabajo que le corresponde, es decir, preservar el orden público, en el marco de la Constitución y las leyes, empleando agentes idóneos y honestos, comprometidos en la lucha contra el crimen organizado, el que, de lo contrario, podría tener pronto al país en sus garras.