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El 12 de noviembre de 2018, Darío Messer, el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, prófugo y con orden de captura internacional desde el 4 de mayo de ese año, supuestamente buscado con intensidad por las autoridades, acudió con toda tranquilidad a una escribanía de Salto del Guairá, a cargo de Miguel Alberto Bareiro, para otorgar un poder especial a los abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóbeda, entre otros. Hizo constar que estaba domiciliado en el Paraná Country Club de Hernandarias y que solo estaba “transitoriamente” en la capital de Canindeyú. Para transitar sin ser molestado por las calles de la capital del departamento de Canindeyú, lo más probable es que haya tenido que sobornar a los supuestos persecutores o a personajes instalados en instancias superiores. Así actuó en su momento el argentino Ibar Pérez Corradi, uno de los hombres más buscados y también con captura internacional, quien igualmente residió en el Paraná Country Club, desde donde, según declaró luego, mantenía a sueldo a varios policías.
El bochornoso episodio de Salto de Guairá no es atribuible tanto a la ineptitud de las “fuerzas del orden” como a la corrupción desaforada, de la que Messer se ha venido beneficiando desde que en 2011 se instaló en el Paraguay. La protección gubernativa, con la que contó desde un principio, le habría permitido seguir delinquiendo desde Hernandarias, como jefe de la banda que, entre otras fechorías, enviaba al exterior los sobornos recibidos por el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, quedándose con el 60% de las ganancias, según la Fiscalía brasileña. En palabras del juez que pidió su detención desde el país vecino, Marcelo da Costa Bretas: “Messer, pese a estar respondiendo a un proceso criminal, no parece haber cesado sus actividades”. Es que en nuestro país se sentía a sus anchas, llegando a obtener la nacionalidad paraguaya, a acompañar al expresidente de la República Horacio Cartes en una visita oficial a Israel, a intervenir con el clan Zacarías Irún en el montaje de un negociado en torno a la instalación de un hotel-casino en Ciudad del Este y hasta a convertirse en acreedor del Estado al comprar bonos soberanos.
Al hecho de que era amparado por el Gobierno anterior puede atribuirse que la Seprelad nada hizo luego de que el Banco Nacional de Fomento, por donde pasaron más de 40 millones de dólares de Messer, le reportara en 2015 las operaciones bancarias sospechosas de su cliente. Recién el 17 de abril de 2018, la Seprelad acercó al Ministerio Público unos informes de inteligencia sobre el hoy fugitivo, que estaban “parados ahí” al menos desde diciembre de 2017, según reveló su exjefe Óscar Boidanich. También fue protegido, en fin, por la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el sorteo del nombre del juez que debía disponer su captura por los delitos de organización criminal, corrupción activa y pasiva y evasión de divisas, solicitada con carácter urgente por el agente fiscal Manuel Doldán, en la tarde del 3 de mayo de 2018, y recibida por la jueza Griselda Caballero. La orden fue emitida la mañana siguiente por el juez Miguel Tadeo Fernández, quien afirmó que hubiera podido hacerlo “cualquier juez”, lo que sugiere que la demora apuntó a facilitar la fuga. Así, la vivienda del reo fue allanada recién el 5 de mayo, sin resultado alguno.
El lector puede notar fácilmente que, durante el Gobierno anterior, en torno a este famoso “doleiro” (cambista) se tejió una densa maraña protectora que, por lo visto, continúa con el actual, tanto para operar y mover su dinero como para permanecer oculto. Esto es así pese a las promesas de luchar con firmeza contra la corrupción, “caiga quien caiga”, formuladas por el presidente Mario Abdo Benítez, como por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
Los antecedentes referidos muestran que el “hermano del alma” gozó de la complicidad de las altas esferas estatales, tal como se desprende también del exhaustivo informe final del senador Jorge Querey, relator de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer, en el que se hace hincapié en sus relaciones comerciales con Horacio Cartes que, como se sabe, se remontan a fines de la década de 1980, cuando el exmandatario estaba prófugo de la Justicia y refugiado en Ponta Porã. Si el “hermano del alma” tuvo el descaro de visitar a un escribano de una ciudad limítrofe con el Brasil es porque confía en que los vínculos forjados en los últimos años y el abundante dinero sucio le aseguren que no será capturado hasta que él obtenga “garantías”, al decir de uno de sus abogados. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el jefe del Poder Ejecutivo quedaron en ridículo, aunque acaso eso no importe mucho a quienes venden protección al prófugo.
El Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados y unos 7,2 millones de habitantes, pero el ministro Villamayor cree que es un país “grande” y que por eso cuesta encontrar a Messer. Luego dijo que no puede descartar que haya policías que lo encubren y que el “equipo de inteligencia” que estaría recogiendo información “muchas veces no puede moverse con la Policía”. O sea que no solo habría un problema de extensión territorial, sino también de corrupción, lo que no resulta nada raro. Lo sorprendente es que el encargado de la cartera de la que depende la Policía Nacional pida “el tiempo necesario para que rueden las cabezas que correspondan”. Como asumió el cargo hace casi ocho meses, cabe preguntarle cuántas cabezas cortó desde entonces. ¿Recién ahora ha tomado nota de que los delincuentes uniformados están por doquier? ¿Cuánto tiempo debe seguir esperando la ciudadanía?
Lo cierto es que el actual Gobierno ha quedado muy mal parado y no solo ante la opinión pública nacional. Con toda certeza, el escándalo ocurrido no habrá de predisponer favorablemente a los evaluadores de la rama latinoamericana del ente intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que nos visitará en breve para saber en qué medida nuestro país está implementando efectivamente disposiciones legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, entre otras cosas.
Es llamativo, en fin, que uno de los abogados a quienes Messer otorgó el poder haya sido Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de Carolina Llanes, exjueza, exinterventora de la Municipalidad de Ciudad del Este y ministra de la Senabico desde el 19 de febrero de 2019, día en que el abogado renunció al poder que se le otorgó.
Se ha visto, una vez más, que el dinero sucio puede incidir notablemente en el aparato estatal. En fin, el caso Messer es un episodio que deja muy mal parado al Gobierno de “Marito” y sus órganos de “seguridad”. Los malandros continúan haciendo de las suyas con todo desparpajo.