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Los narcotraficantes no necesitan siempre recurrir al crimen para librarse de quienes interfieren con sus actividades, ya que pueden limitarse a mover sus hilos en el aparato estatal para que una funcionaria celosa de sus obligaciones sea apartada del cargo. Es lo que habría ocurrido en el caso de Jenny Maidana, la aún directora regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Concepción, que, según las informaciones publicadas, pretendió recuperar de manos del delincuente Jarvis Chimenes Pavão un inmueble de 2.018 hectáreas, valuado en más de 27.000 millones de guaraníes y adquirido bajo el Gobierno anterior para que sirva de asiento a una colonia.
Según la propia Maidana, tras felicitarla por su desempeño en la oficina regional, el presidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, le anunció que iba a ser removida. Resulta extraño que alguien sea despedido –porque de eso se trata– por haber hecho un buen trabajo y que encima se le pida “comprensión”, como si el presidente del Indert no hubiera tenido más remedio que prescindir de unos servicios satisfactorios por haber sucumbido ante una exigencia o una tentación irresistible. En efecto, la medida solo puede entenderse si es inducida por el dinero sucio o por políticos influyentes. La funcionaria atribuye su remoción a la actuación de los legisladores Alsimio Casco (ANR), Freddy D’Ecclesiis (ANR) y Ramonita Mendoza (PLRA). Los dos primeros ya habían sido acusados por el vicario de la diócesis de Concepción, Mons. Pablo Cáceres, de proteger a los narcotraficantes que buscan apropiarse del referido inmueble. D’Ecclesiis también figuró en aquel informe presentado por una comisión parlamentaria acerca de legisladores que tendrían vínculos con el narcotráfico. Jenny Maidana agregó que el diputado Casco habría intentado disuadirla de recuperar las tierras, diciéndole que estaba “marcada” por ese caso, expresión que en la jerga mafiosa tiene un sentido bastante ominoso. Su gravísima denuncia concuerda con la del religioso y, a estas alturas, ya no debe sorprender a nadie que el crimen organizado mueva sus piezas en el tablero gubernamental para defender o ampliar sus conquistas, ya que está instalado en los tres Poderes estatales, según lo reconoció el propio presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.
El recurso empleado contra la funcionaria –más fino que el asesinato– mostraría hasta qué punto un delincuente adinerado hasta desde la cárcel de Tacumbú puede manejar como marionetas a legisladores y autoridades. Si desde allí es posible seguir manejando el comercio ilícito de estupefacientes, no sería nada difícil comunicarse con quienes ejercen una función pública para requerirles que intervengan en algún asunto que puede afectar la marcha del negocio ilegal. Para más dudas, la directora regional del Indert sería reemplazada por su colega Alcides Fernández, quien, según algunas versiones, habría visitado a Chimenes Pavão en su lugar de reclusión, lo que fue negado por el funcionario.
En el caso referido, el ya de por sí delictivo tráfico de influencias favorecería a un condenado por lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas, en perjuicio del patrimonio del Indert y de las ochenta y cuatro familias campesinas que este mes llegaron al lugar. Ellas están siendo amedrentadas por “capangas” al servicio de Chimenes Pavão, que portan armas largas y usan camionetas. También fue amenazada la familia de Jenny Maidana, según denuncia formulada ante la Fiscalía.
Es probable que la arbitraria medida del presidente del Indert ponga fin al hostigamiento, por la simple razón de que los autores habrían logrado su objetivo de sacarla del medio por haber tenido el coraje de cumplir con su deber. La resolución fue precedida por la amenaza del empleo de la fuerza bruta y no respondería al deseo de proteger a la funcionaria o a sus familiares, sino al de satisfacer el pedido –seguramente nada desinteresado– de tres diputados.
Ante la seriedad de las denuncias mencionadas, es de esperar que los diputados honestos citen e interpelen al presidente del Indert para que responda a preguntas sobre este delicado episodio, y eventualmente se sugiera su destitución. Por su parte, el Ministerio Público debería investigar la presunta comisión del hecho punible de tráfico de influencias, que el art. 7º de la Ley Nº 2523/04 castiga con multa o prisión de hasta por tres años.
En cuanto al Presidente de la República, tiene la oportunidad de demostrar cuán comprometido está con la reforma agraria y cuán empeñado en la lucha contra el narcotráfico, exigiendo a Justo Pastor Cárdenas cumplidas explicaciones sobre todo lo actuado con relación al inmueble en cuestión. Por de pronto, una funcionaria fue castigada por haber tenido un excelente desempeño, según el titular del Indert.
No creemos que este sea el “nuevo rumbo” prometido por el presidente Horacio Cartes. Esperemos a ver qué hace.