Como ocurre cada año en esta misma época, centenares de personas se lanzan al lago Ypacaraí en sus principales lugares de veraneo, como son Areguá y San Bernardino, pese a las advertencias de instituciones públicas de que las aguas no están aptas para uso recreativo por la contaminación, que excede los parámetros recomendables.
La ciudadanía conoce de sobra los proyectos anunciados –por lo menos en los últimos 40 años– supuestamente para “salvar” el lago de su deplorable situación, sin que se haya logrado absolutamente nada. En muchos casos, se tiene la sensación de que algunas de las iniciativas solo buscan hacer creer que “se está haciendo algo”, aunque de antemano ya se sabe que el resultado no será duradero y que las cosas muy pronto volverán a ser las mismas de antes.
En este último aspecto puede mencionarse el reciente anuncio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) de que el pasado lunes iba a comenzar la limpieza del arroyo San Lorenzo, uno de los importantes tributarios del lago. Se trata de la misma acción que ya realizaron un par de años atrás unos entusiastas jóvenes voluntarios, la cual se debe valorar. Pero, como era de esperar, el arroyo muy pronto volvió a estar sucio, de modo que ahora el Mades lo va a volver a limpiar. Se sacarán latas, botellas y otros objetos visibles, pero cabe preguntar: ¿qué pasa con las empresas industriales instaladas sobre los cursos tributarios, que tradicionalmente han sido señaladas como las principales contaminadoras de esos recursos hídricos? Estas muchas veces lanzan productos químicos que se desparraman en el agua y que los voluntarios no pueden eliminar. Entonces, el problema sigue allí sin variación.
La situación del lago ha motivado el desembolso de millonarias sumas en estudios y proyectos de recuperación, que a la postre el ciudadano preocupado y que aporta con sus impuestos al erario se pregunta: ¿valió la pena?
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A fin de tener una somera idea de las “inversiones” ejecutadas o simplemente anunciadas, se pueden citar algunas, como las destinadas a los trabajos a cargo de especialistas extranjeros en recuperación en cuencas hídricas que en 2012 costaron unos 30 millones de dólares; asimismo, la inversión anunciada en 2014 con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por valor de unos 60 millones de dólares, para la construcción de una planta de tratamiento para efluentes cloacales en el arroyo Yukyry (afluente principal del lago Ypacaraí), que debería haberse implementado ya en tiempos del ingeniero Alfredo Molinas, coordinador general, en ese entonces, para la recuperación del lago. No se ha vuelto a saber nada de este proyecto. También se han llevado el viento los estudios realizados por la Itaipú Binacional, y que, más bien en un acto de figuretismo, fueron entregados en 2016 al entonces titular de la Seam, ingeniero Rolando de Barros Barreto, a fin de que sirvieran para encaminar las acciones más oportunas tendientes a lograr la iniciativa mencionada. Asimismo, han venido expertos y delegaciones de varios países para hacer estudios y trabajos en el terreno, pero el lago continúa exactamente igual.
Lamentablemente, de todo cuanto se ha invertido, solo han quedado meros informes, sin ninguna alteración positiva para reparar los daños sufridos por este valioso espejo de agua. En consecuencia, como en años anteriores, el emblemático lago Ypacaraí continúa con las restricciones que impone la contaminación, hasta no hace mucho con la repugnante apariencia verdosa de las algas cianobacterias, tóxicas para el ser humano. Según expertos, la manifestación de estas algas no solo se debe a las altas temperaturas del verano, sino básicamente a las cargas contaminantes provenientes de desechos cloacales, efluentes industriales y residuos sólidos de todo tipo, que han llevado a que las aguas presenten su indeseable aspecto.
Ante tan larga experiencia negativa, puede afirmarse que el triste espectáculo que presenta el lago Ypacaraí obedece al desinterés de las autoridades nacionales, departamentales y de los 21 municipios ubicados en la cuenca del lago, pero más directamente las de los municipios de San Bernardino, Areguá y Ypacaraí. De conformidad con el Art. 12 de la Ley Nº 3966/10, Orgánica Municipal, en materia ambiental ellas están obligadas a preservar, conservar, recomponer y mejorar los recursos naturales significativos del municipio.
Ya en el actual Gobierno, a mediados de noviembre pasado el titular del Mades –ex Seam–, Ariel Oviedo, visitó la planta de tratamiento de la Essap en San Bernardino, así como las zonas de descarga de los efluentes cloacales. Y, como numerosas otras autoridades anteriores, prometió también estudiar alternativas para que nuestro más reconocido lago se recupere de la contaminación. Ver para creer, dirá la gente, emulando a Santo Tomás, ante tantas frustraciones.
La dramática situación por la que atraviesa el lago Ypacaraí reclama medidas de fondo y ya no meras promesas. La recuperación de este recurso hídrico no solamente tendrá un impacto ambiental, sino también económico, por las nuevas inversiones que se pueden generar a su alrededor. Ya no se necesitan tantas reuniones, congresos, seminarios para estudiar el problema, sino voluntad política y acción.