El legado de un mentiroso

Horacio Manuel Cartes Jara pasará a la historia, seguramente, como uno de los mayores artificios políticos de la democracia paraguaya, una figura eficazmente maquillada para engañar al pueblo y apropiarse de sus recursos. Después de meticuloso planeamiento y de haber financiado a candidatos de todos los partidos, Cartes ingresó formalmente a la vida política al iniciarse el proceso de las elecciones municipales de 2010, insinuando el deseo de rectificar desde el servicio público su oscura vida empresarial, signada por las dudas morales surgidas de su rentable actuación en la frontera paraguayo-brasileña. Su paso por la cárcel de Tacumbú, debido a su participación en un caso de evasión de divisas, mostraba, al inicio mismo del proceso democrático, que los límites éticos o legales no eran algo que le importara demasiado. Los paraguayos tenemos hoy totalmente constatado que el maquillaje que el presidente Cartes viene usando desde su ingreso a la vida pública es solamente eso, un maquillaje, pues el patrón de conducta que le caracterizó desde sus años en la frontera, la indiferencia moral más absoluta y el cinismo legal más completo, son hasta este momento las características reales que trata de esconder con capas y capas de cosméticos.

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Horacio Manuel Cartes Jara pasará a la historia, seguramente, como uno de los mayores artificios políticos de la democracia paraguaya, una figura eficazmente maquillada para engañar al pueblo y apropiarse de sus recursos.

Después de meticuloso planeamiento y de haber financiado a candidatos de todos los partidos, Cartes ingresó formalmente a la vida política al iniciarse el proceso de las elecciones municipales de 2010, insinuando el deseo de rectificar desde el servicio público su oscura vida empresarial, signada por las dudas morales surgidas de su rentable actuación en la frontera paraguayo-brasileña.

Su paso por la cárcel de Tacumbú, debido a su participación en un caso de evasión de divisas obtenidas con precio preferencial gracias a subsidios cambiarios que pagaban los contribuyentes, mostraba, al inicio mismo del proceso democrático, que los límites éticos o legales no eran algo que le importara demasiado.

Los paraguayos tenemos hoy totalmente constatado que el maquillaje que el presidente Cartes viene usando desde su ingreso a la vida pública es solamente eso, un maquillaje, pues el patrón de conducta que le caracterizó desde sus años en la frontera, la indiferencia moral más absoluta y el cinismo legal más completo, son hasta este momento las características reales que se tratan de esconder con capas y capas de cosméticos.

Su notorio crecimiento patrimonial desde aquella época hace presumir que sus intereses económicos le llevaron a influir en las fuerzas policiales, primero tímidamente, luego a escala industrial, una vez que se consolidó su negocio de vender cigarrillos a los “exportadores” de tabaco paraguayo, que inundan hoy los mercados mundiales. Desde entonces, todo hace pensar que las fuerzas policiales con jurisdicción sobre las rutas de la “exportación” tabacalera son controladas por Cartes.

Desde aquel tiempo, y por las mismas razones, influye también en el Ministerio Público. Fiscales que le comprendieron lograron siempre su apoyo, y el caso más destacado es el de Sandra Quiñónez, a quien Cartes premió recientemente con el cargo de Fiscal General del Estado, nada menos.

Pero comprobar que el Horacio Cartes real se esconde tras un maquillaje llevó demasiado tiempo. En las elecciones generales de 2013, en las que participó obteniendo el resonante triunfo que le convirtió en presidente de la República, logró convencer a más de doscientos cincuenta mil electores no afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) y a cientos de miles de colorados de que su intención de convertirse en un hombre decente mediante el servicio público era verdadera.

Horacio Cartes traicionó casi todos los principios y promesas que listó la mañana del 15 de agosto del 2013, fecha en que tomó posesión del cargo de presidente de la República. Su gobierno arrancó con una declaración de guerra a la pobreza, la corrupción y la inseguridad; un derroche de fervorosos postulados a favor de la salud, la educación, la juventud, los recursos naturales, la tercera edad y el trabajo. Prometió alentar y garantizar inversiones nacionales y extranjeras, además de instaurar el imperio de la ley, la seguridad y el desarrollo económico con justicia social, en democracia y con libertad.

Mientras hacía creer todo eso, sin embargo, él y sus gerentes del grupo Cartes habían planeado, hasta el más mínimo detalle, usar la Presidencia de la República para fortalecer sus negocios particulares, para beneficiarse de información privilegiada, para aprovechar cualquier resquicio legal en deshacerse de competidores, para usar las influencias que había construido para obtener ventajas a costa de los contribuyentes.

De modo que, desde aquel 15 de agosto de 2013, empezaron a aparecer “gerentes ad honorem” del grupo Cartes en importantes reparticiones públicas, se iniciaron las licitaciones más controvertidas de la época democrática y se impusieron leyes económicas y administrativas violatorias de la Constitución, todo para que los negocios “legales” del presidente y sus amigos fueran más prósperos que nunca antes. Sus gerentes se inmiscuyeron en todos los negocios del Estado paraguayo, desde los primeros días de su Gobierno.

En inversiones extranjeras, alentó a sus socios comerciales, como a los que casi entregó 11 hectáreas de tierras públicas en Ciudad del Este para un hotel casino. Y les permitió interferir vorazmente en negocios que no eran suyos, como el caso de la persecución por la mina de oro en Paso Yobái, en el que intervino personalmente para desestabilizar al gobernador de Guairá por más de un año, según informaciones que tuvieron estado público.

Y, mientras, siguieron cayéndose las aulas, las licitaciones públicas perdieron la poca seriedad que ya tenían, confirmándose luego que eran repartidas en feudos de sus cómplices.

Para protegerlos y protegerse, convalidó la prostitución y el doblegamiento de la Justicia con Óscar González Daher, para que las instituciones no funcionaran, colocó en la Secretaría Anticorrupción a Soledad Quiñónez, hermana de la fiscala Sandra Quiñónez, y puso a la Seprelad al servicio de su “hermano del alma” Darío Messer, conclusión a la que puede llegarse debido al escaso o nulo resultado aportado con relación a este delincuente internacional requerido en el Brasil, su país de origen.

Y ese mismo 15 de agosto de 2013 empezó también la operación de destruir la institucionalidad democrática para lograr que el mecanismo de apropiación descrito fuera permanente, mediante el establecimiento de la reelección presidencial. Detrás de los reiterados juramentos de que no buscaba perpetuarse, Cartes trabajó sin pausa por lograrla.

Para ello usó sus medios como garrotes para perseguir opiniones en contra y estuvo detrás de la gigantesca falsificación de firmas (el “falsificatón”), hasta hoy sin castigo.

En marzo de 2017 organizó un golpe de Estado para imponer la reelección vía enmienda, permitiendo excesos como la detención arbitraria de más de doscientos ciudadanos y el asalto a la sede del principal partido de la oposición, el Liberal Radical Auténtico (PLRA), con el saldo fatal del asesinato del joven militante del mismo, Rodrigo Quintana.

Todo esto es lo que le permitió finalmente a la ciudadanía entender que Horacio Cartes es un mentiroso patológico y que lo que se veía de él era un maquillaje muy bien puesto para encubrir al mismo amoral cínico que treinta y cinco años antes había empezado a acumular riqueza en las fronteras con Brasil, con dudosa legalidad.

Derrotado por el pueblo y como queriendo vengarse de la ciudadanía, dio lugares en las listas de candidatos de su movimiento para las elecciones del 22 de abril pasado a la mayoría de sus correligionarios con problemas con la Justicia, incluidos Víctor Bogado y, por supuesto, González Daher. Y se preocupó de asegurar en la Fiscalía General del Estado a su aliada Sandra Quiñónez, promocionándola, según confirman los audios de Raúl Fernández Lippmann, violando los procedimientos del Consejo de la Magistratura.

Horacio Manuel Cartes Jara, pues, no solamente traicionó sus propias palabras y juramentos, sino también a siete millones de paraguayos.

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