“El BID considera que la transparencia y la lucha anticorrupción son dos instrumentos importantes para reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, y establece dos mecanismos para abordarlos: el buen gobierno y la lucha anticorrupción a nivel local y nacional”, reza una de las manidas reafirmaciones de integridad y ética del organismo financiero regional. Sin embargo, los centenares de denuncias que cada año recibe el Tribunal de Ética de la institución, tanto de organizaciones civiles como de empresas y ciudadanos comunes de los países de la región, conforman la otra cara de la moneda del BID. La mayoría de esas denuncias tienen que ver con la falta de transparencia de la gestión que cumplen sus representantes en los países signatarios, cuando no con verdaderos escándalos de corrupción, como el que saltó a la luz pública en Haití en 2009, involucrando directamente al actual representante del Banco en nuestro país, Eduardo Almeida.
La cabalística coincidencia de que con tan menguada credencial pública el señor Almeida haya venido a nuestro país en reemplazo de su antecesor en el cargo, Álvaro Cubillos, destituido de su alto cargo por corrupción aquí, ha inducido a la sociedad paraguaya a desconfiar de su honestidad y transparencia en cuanto al manejo que pueda hacer de los préstamos que Paraguay ha obtenido del Banco para el financiamiento de obras de infraestructura vial, en particular el destinado a la implementación del metrobús y la reconversión del casco histórico de la Capital. Más aún cuando, llamativamente, la administración de este último crédito se hará de conformidad con la normativa del BID y no de las leyes de la República, como debiera ser.
Más allá del rechazo del proyecto metrobús por parte del sector de la sociedad cuyos intereses serán perjudicados sin compensación por la infraestructura de transporte público a ser implementado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no dejó de llamar la atención de mucha gente la insólita actitud del señor Eduardo Almeida al autorizar el desembolso de US$ 4.900.000 de dicho préstamo para obras de reconversión de la ciudad en el barrio San Jerónimo, ANTES de que el Congreso nacional lo aprobara, como mandan la Constitución y las leyes concomitantes.
La inquietud ciudadana ha subido de punto con la sospechosa contratación –sin justificativos convincentes– de un grupo consultor de arquitectura argentino para el proyecto de reconversión del casco histórico del antiguo puerto de la Capital, habiendo recursos humanos paraguayos tan calificados como los argentinos escogidos por alguna especial razón por el señor representante del BID en nuestro país. A todo eso se suma la oposición de millares de ciudadanos al proyecto metrobús, sea porque las obras civiles inherentes al mismo les van a ocasionar ingentes perjuicios económicos por lucro cesante a quienes tienen locales comerciales sobre las avenidas por las que correrá la traza del mismo, así como a aquellos que tienen sus residencias sobre las mismas, por deterioro ambiental que pondrá en peligro su salud y confort.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A propósito, este reclamo (protesta, sería la palabra correcta) ha sido hecho público por el representante de la Asociación de Propietarios, Comerciantes, Trabajadores, Usuarios y Afines de la avenida Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia, abogado Guillermo J. González. A través de esta denuncia pública, bajo el título de “Las verdades y mentiras del metrobús”, los indignados ciudadanos invocan el derecho que tiene la gente en cualquier país de alzarse contra toda medida gubernamental que les perjudique o les humille.
“No somos detractores del progreso, sino todo lo contrario. Desde hace décadas formamos parte del progreso del país dando fuente de trabajo a muchos ciudadanos y estos bienestares a sus familias (…)”, expresa en parte el encabezado del comunicado citado. A continuación enumera taxativamente las razones por las que se oponen a la implementación del proyecto así como está concebido. Finalmente, sugieren alternativas que podrían proporcionar las mismas o mejores ventajas técnicas que las ofrecidas por este.
Lo más destacable de esta exposición de motivos de su oposición al cuestionado proyecto de transporte urbano por parte de este segmento de la sociedad metropolitana es que con sus atinadas afirmaciones deja en claro que no está en contra de las obras de progreso que pueda encarar el Gobierno, sino que echa por tierra la hipocresía de este al querer engañar a la gente con la metáfora de hacer valer gato por liebre. Sus bien fundados argumentos en contra del proyecto chocan con la falaz retórica de los que desde el Gobierno lo impulsan a tambor batiente, con la presta aquiescencia del representante del BID.
Pese a los recurrentes esfuerzos de sus más altas autoridades para disimular la hegemonía hipócrita con que actúa el BID en los diferentes países que utilizan sus créditos y que se ven obligados a aceptar la legitimidad de sus trapisondas, se trata de un hecho comprobado y reclamado hasta por congresistas norteamericanos, y no solo por las organizaciones civiles, ONGs e individuos de los países de América Latina y el Caribe. Lo sucedido con el escándalo de la ayuda del BID para la reconstrucción de Haití es un botón de muestra. Por suerte, está habiendo una primavera de transparencia impulsada por la prensa libre internacional y los ciudadanos de todos los países democráticos, la que por fuerza obligará a los gobiernos y a los bancos como el BID a admitir la brecha existente entre sus acciones y sus palabras. En última instancia, esta ola de transparencia les obligará a que comiencen a practicar lo que predican.
Recién entonces los gobernantes latinoamericanos y del Caribe dejarán de hacerse los ciegos para no ver la hipocresía del BID. Entre ellos, los de nuestro país.