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22 de Enero de 2018

 

El negociado del metrobús a todo trapo

Desde un principio, nuestro diario ha venido insistiendo en que, por la forma irregular en que fue concebido, el proyecto del metrobús no es más que una enorme e inmunda estafa en perjuicio del pueblo paraguayo, preparada y ejecutada por funcionarios inescrupulosos del Gobierno nacional y del BID. A estas alturas, ya se han malgastado 73 millones de dólares, lo que implica un aumento de nada menos que el 35% del costo inicial de los tramos II y III, que juntos abarcan 11,4 km, desde el campus de la UNA hasta la calle General Aquino. Si el sobrecosto ya superó el tope del 20% fijado por la Ley de Contrataciones Públicas es porque la licitación pública internacional no se rige por las leyes paraguayas sino por las normas del citado banco, que permite un suculento sobrecosto de nada menos que hasta el 40%, muy conveniente para quienes, paraguayos o del BID, aspiran a llenarse los bolsillos gracias a un crédito que será amortizado por los contribuyentes de hoy, mañana y pasado mañana. La ciudadanía puede estar segura de que este absurdo elefante blanco terminará siendo muy caro para todos, y que se convertirá en un “monumento a la corrupción” legado por los presidentes Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes, con la complicidad del BID.

Desde un principio, nuestro diario ha venido insistiendo en que, por la forma irregular en que fue concebido, el proyecto del metrobús no es más que una enorme e inmunda estafa en perjuicio del pueblo paraguayo, preparada y ejecutada por funcionarios inescrupulosos del Gobierno nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Lo que fue pergeñado por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Efraín Alegre, en complicidad con el representante del BID, Eduardo Almeida, está siendo implementado a todo trapo por su sucesor, Ramón Jiménez Gaona, con la colaboración del ingeniero José Tomás Rivarola, protagonista desde la primera hora de este chapucero proyecto.

A estas alturas, ya se han malgastado 73 millones de dólares, lo que implica un aumento de nada menos que el 35% del costo inicial de los tramos II y III, que juntos abarcan 11,4 kilómetros, desde el campus de la Universidad Nacional de Asunción hasta la calle General Aquino. Si el sobrecosto ya superó el tope del 20% fijado por la Ley de Contrataciones Públicas es porque la licitación pública internacional no se rige por las leyes paraguayas sino por las normas del citado banco, que permite un suculento sobrecosto de nada menos que hasta el 40%, muy conveniente para quienes, paraguayos o del BID, aspiran a llenarse los bolsillos gracias a un crédito que será amortizado por los contribuyentes nacionales de hoy, de mañana y de pasado mañana.

De entrada el préstamo fue otorgado con tanta celeridad que el representante del BID –seguramente porque tiene un interés personal en el proyecto– autorizó un desembolso adelantado de cinco millones de dólares del mismo para trabajos en un barrio vecino al puerto de Asunción, una de las terminales del metrobús, antes de que el convenio fuera estudiado y aprobado por el Senado. Y fue otorgado a partir de un anteproyecto desastroso, ajeno a la realidad física de los tramos previstos y afinado luego por las costosas “consultorías” a las que suelen apelar los funcionarios sinvergüenzas del BID. Pero los retoques no fueron en absoluto suficientes para eliminar las improvisaciones e incertidumbres iniciales, así que esta es la fecha en que aún se ignora cuándo y cuánto terminará costando, y por dónde irá a pasar este soberano engendro, pese a que ya pasaron más de seis años desde que se urdió la trama. En principio, el metrobús tendría que haber circulado desde el mercado central de San Lorenzo hasta la plazoleta del puerto de Asunción, pero hasta ahora solo se están construyendo los tramos intermedios fáciles, sin que se tenga la certeza de que el tramo inicial sea abordado alguna vez. Con respecto al tramo del Mercado Municipal N° 4 hasta el puerto de Asunción, aún no se ha llegado a acuerdo con los 320 comerciantes permisionarios instalados en la Avda. Silvio Pettirossi, lo que impide hasta el momento que el contrato sea adjudicado. No obstante, el coordinador ingeniero Rivarola “cree” que los tramos del proyecto inicial –ya con centenares de millones de dólares gastados– serán útiles en sí mismos, lo que sugiere que para llegar al centro de la capital o salir de él habrá que hacer por lo menos un transbordo, lo que es un contrasentido porque era lo que supuestamente se quería evitar para facilitar los desplazamientos.

Y, entre tantas incertidumbres y mentiras, en los últimos días se confirmó también lo que fue evidente desde un principio: el costo real del pasaje del metrobús va a ser muy superior al de los ómnibus diferenciales, al punto de que un empresario calculó que podría llegar a 8.000 guaraníes. Pero esto no será ningún problema, ya que el Ing. Rivarola encontró la solución: un subsidio estatal a las empresas operadoras del sistema. Hasta vaticinó que “el pasajero podría llegar a viajar gratis, si el Estado decide pagar por él”. Sencillo. Para eso está el bolsillo profundo de Juan Pueblo, para cubrir las trapisondas de los funcionarios públicos.

De esta manera, estamos ante un fraude cuyo costo total aún se ignora, incluso porque no se sabe cuánto costará indemnizar a los centenares de propietarios de inmuebles y comerciantes que ya están viendo sus negocios quebrados por la construcción en marcha.

Debe recordarse que, en principio, se habló de la circulación de trolebuses, es decir, vehículos impulsados con la electricidad que abunda en el país, pero las autoridades del MOPC y el BID decidieron luego recurrir al contaminante gasoil importado, sin pensar en la conveniencia del país.

Por lo demás, nuestro diario, con base en la difundida experiencia internacional, propugnó en su momento la adopción de un sistema de metrorail elevado, porque no iba a entorpecer el tráfico, ni detenerse ante los semáforos, ni afectar los lugares de estacionamiento de los negocios, ni requerir el pago de indemnizaciones, ni poluir el ambiente, ni afectar las cañerías de la Essap o los postes de la ANDE. Pero nada de esto importó, sino que se optó por la peor alternativa, cuyos efectos negativos ya se están sufriendo. En efecto, los frentistas de la ruta Mariscal Estigarribia, por ejemplo, se han movilizado porque la empresa contratista Mota Engil no repara los destrozos antes de avanzar con la construcción, a tal punto que un comerciante se vio forzado a despedir a un tercio de sus empleados ante el daño que le causa el bloqueo de la ruta. Es obvio que estos y otros afectados tienen derecho a que el perjuicio sufrido les sea reparado. No será fácil cuantificar, en términos monetarios, los costos del drama económico, social y ambiental que está provocando y seguirá provocando la malhadada obra en construcción, ante la escandalosa indiferencia del gobierno de Horacio Cartes y del BID. Lo único cierto, desde un principio, ha sido el afán de lucro ilícito por parte de los gestores de este fétido asunto, aparte de que, obviamente, los platos rotos serán pagados por los contribuyentes de todo el país, sin que se logre mejorar sustancialmente el sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Asunción. Se halló un buen pretexto –la evidente necesidad de que el transporte de pasajeros sea más fluido en la Gran Asunción– para consumar un timo colosal, que brindará pingües beneficios ilegítimos a sus autores nacionales y extranjeros.

La ciudadanía puede estar segura de que este absurdo elefante blanco terminará siendo muy caro para todos, y que se convertirá en un “monumento a la corrupción” legado por los presidentes Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes, con la complicidad necesaria del BID.

 
 

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