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La decidida y oportuna manifestación in situ de organizaciones ambientales ciudadanas realizada en la tarde del pasado 9 del corriente consiguió interrumpir la salvaje depredación de 34 hectáreas de bosques y fauna nativos dentro del Parque Guasu Metropolitano ordenada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según dicha cartera de Estado, los trabajos se encuadran dentro del proyecto de construcción en el sitio de dos piletas de atenuación de desbordes del arroyo Itay, que en ocasión de lluvias intensas inundan parte de la pista de aterrizaje del aeropuerto Silvio Pettirossi y barriadas asentadas a lo largo de su cuenca, aguas abajo.
El pertinente contrato de construcción fue adjudicado a la empresa DC Construcciones (de Luis Duarte Luraghi y Luis Castiglioni), por un monto de 41.326.844.724 guaraníes (unos US$ 7.250.000). Ante el reclamo de la ciudadanía por el severo impacto ambiental que tendrá el proyecto, el MOPC hizo públicas sendas autorizaciones de las Comunas de Asunción y de Luque, así como de la Secretaría del Ambiente (Seam). Contradictoriamente, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, aclaró a la opinión pública que la autorización concedida al MOPC era solo para encarar construcciones civiles, no así las medioambientales. La Seam, por su parte, como acostumbra, tratándose de delitos ambientales perpetrados por el Gobierno o personajes poderosos, se llamó a silencio.
No está claro qué determinación tomará el MOPC ante la justificada oposición ciudadana al desatinado proyecto. Lo más probable es que recurra a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, como se ha hecho costumbre de los ministros del Poder Ejecutivo para torcer la vara de la justicia a favor de sus intereses, aun contra la ley. Obtenida esta medida cautelar, seguramente solicitará el apoyo de la fuerza pública para reprimir a los grupos ciudadanos que intenten impedir que la empresa contratista reanude la depredación del área que la ciudadanía reclama sea protegida por ley de la ación.
En tal sentido, la gente aglutinada en las redes sociales no debe bajar la guardia. Por el contrario, debe endurecer su oposición a la destrucción de una reserva ecológica invalorable e irremplazable, fortuitamente preservada hasta ahora gracias a que desde siempre formó parte de los predios militares de Campo Grande. Es más, la ciudadanía tiene a su favor un factor clave: el proyecto de mitigación del desborde del arroyo Itay, así como está previsto implementar, es un disparate total desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y de la utilidad que supuestamente va a prestar. El Estado no solo va a despilfarrar más de US$ 7 millones de dinero público por una obra que a la postre no va a servir para la finalidad propuesta, arrasando de paso un área silvestre que más bien debiera proteger y no destruir.
Cualquier profesional, ingeniero civil o técnico especialista en obras hidráulicas sabe que la SOLUCIÓN del problema pasa por ampliar, adecuada y proporcionalmente, el canal natural del arroyo Itay, empezando por su desembocadura en el brazo del río Paraguay conocido como Riacho San Francisco, y continuando aguas arriba hasta el puente por el que lo cruza la avenida Aviadores del Chaco. En tal sentido, la nota de la Intendencia Municipal de Asunción remitida al MOPC, a la que hicimos alusión más arriba, insinúa, indirectamente, que el proyecto en cuestión, para ser viable: “(…) vemos la necesidad que los estudios y ajustes del cauce por la sustentabilidad y previsibilidad del proyecto, lleguen hasta el Puente de Paso Ñandeyara sobre la Ruta 3 por las llanuras de inundación extendidas que se crean, entre el Aeropuerto y la mencionada Ruta”.
Obviamente, la sugerencia del ingeniero Samuel González Segnana, director general de obras de la Municipalidad de Asunción, quien firma la comunicación de referencia, coincide con la única solución técnicamente posible a que hemos hecho alusión para –en caso de que sea cierta, ya que no fue demostrada– evitar que se inunde la cabecera de la pista del aeropuerto y las viviendas precarias asentadas en una y otra margen del Itay aguas abajo, hasta Paso Ñandeyara. Le faltó decir que la regularización y ampliación del cauce debe llegar indefectiblemente hasta su desembocadura en el Riacho San Francisco. Si no fuera así, el enorme caudal que arrastra el arroyo en días de lluvias intensas –el cual se incrementará significativamente con el aporte de la avenida Laguna Grande (conocida también como Acceso Este)– sufriría un brusco efecto de dique en Paso Ñandeyara, sobrepasando incluso la altura del nuevo puente allí construido.
Resulta curioso que desde el MOPC hayan respondido a la condicionante sugerencia de la Municipalidad de Asunción, que las obras por ella recomendadas no forman parte del proyecto de las dos lagunas de amortiguación que serán construidas. Entrelíneas debe leerse que eso significa que el MOPC tiene muy clara la película del engaño: saben que la construcción de las dos lagunas no va a resolver el problema de la inundación de la pista del aeropuerto, que es el pretexto esgrimido por el MOPC y la Dinac para implementar el inservible y costoso proyecto.
Las ponderaciones precedentes son de mero sentido común. Cuesta entender, entonces, por qué razón –si alguna hay– el MOPC va a dilapidar siete y pico millones de dólares y arrasar fauna y flora irrecuperables por una obra que no va a servir para la finalidad propuesta. La deducción lógica es que se trata, otra vez, de un descarado negociado más que se quiere enmascarar con el ropaje de una obra pública prioritaria y urgente. En tal sentido, vale la pena recordar que ya en otra oportunidad se realizó el mismo negociado, en el mismo sitio y con la misma mentira: en complicidad con autoridades del MOPC y de la Dinac, el consorcio del arquitecto Julio Mendoza y el ingeniero Isacio Vallejos (contratistas del segundo tramo de la autopista Ñu Guasu) procedió a abrir enormes cajas de préstamo de tierra seleccionada dentro del predio del aeropuerto, supuestamente también para aminorar los efectos del desborde del Itay. Pero en la realidad no era para tal cosa, sino para utilizarla en la construcción del terraplén de la ruta al lado, en vez de tener que acarrearla desde Emboscada, ahorrándose así miles de millones de guaraníes en transporte que, sin duda, tuvieron que repartirse con sus cómplices de una y otra institución pública.
Dado que, desde el punto de vista técnico, el proyecto que a tan alto costo económico y ambiental pretende implementar el ministro Ramón Jiménez Gaona no va a servir para la finalidad pretextada, el Presidente de la República debe ordenar su inmediata cancelación, debiendo el ministro rendir cuenta a la ciudadanía por tan grosero intento de estafa al fisco y a la buena fe del pueblo paraguayo. Mientras tanto, los ciudadanos y las ciudadanas deben hacer oír su voz por todos los medios a su alcance para evitar este nuevo y costoso delito ambiental que perjudicará a Asunción por siempre.