Finalmente, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF), sancionada por el Congreso el último 29 de marzo, sin atender las atinadas objeciones planteadas por el sector privado al hecho de que sus representantes sean excluidos del Directorio. La opinión pública se entera hoy, gracias a la senadora Desirée Masi (PDP), de que el Equipo Económico alegó que la inasistencia de esos miembros a las reuniones impedía que el Consejo de Administración tomara decisiones por falta de quorum.
Aunque fuera cierto que los tres representantes –dos por el sector agrícola y uno por el ganadero, como establecía la Carta Orgánica– hayan sido tan irresponsables, la máxima autoridad del banco bien podría haber sesionado válidamente con el presidente y los otros cuatro miembros del sector público, para tener quorum. O sea que lo de las ausencias fue una burda mentira para justificar que el Poder Ejecutivo –autor del proyecto de ley– concentre en sus manos las designaciones de los integrantes del Directorio del BNF, sin considerar en adelante las ternas presentadas por las asociaciones gremiales. Tampoco necesitará el acuerdo del Senado, que dócilmente aceptó renunciar a la facultad que le confería la Ley N° 2100/03, quedando así abierto el camino para que en adelante el presidente de la República pueda confiar la administración superior del BNF solo a sus correligionarios.
De lo que se trata, entonces, es de coloradizar el aparato estatal, de acuerdo a una tradición que se remonta a 1947 y cuyos resultados han sido una notoria ineficiencia y una escandalosa corrupción. Fueron justamente estas lacras las que llevaron a la quiebra al Banco del Paraguay, al que sucedió en 1961 el BNF.
La trilogía stronista “Gobierno-Partido-Fuerzas Armadas” sigue siendo atractiva para muchos colorados, incluso para los de nuevo cuño. Si de ellos dependiera, ese botín que sería el Estado quedaría solo en sus manos, sin importar lo que desde allí se haga para la población. Últimamente, el partido ha extendido sus tentáculos hacia la actividad lucrativa formal, con la connivencia del sector público. En efecto, a inicios de este año, se consumó una ilegal “alianza público-privada” –que no es otra cosa que una “alianza público-política”– sin precedentes en nuestra historia: una empresa estatal –Petropar– proveerá de combustibles a una gasolinera privada que los venderá en una estación de servicio construida en un predio alquilado a la ANR, que percibirá el 10% de las ganancias mensuales. El presidente colorado, diputado Pedro Alliana, anunció jubiloso que los empleados serán todos correligionarios suyos, de acuerdo a la habitual práctica discriminatoria en cuanto al acceso a la función pública. O sea que, mientras el presidente Cartes cierra las puertas al sector privado en el BNF, su partido incursiona en él para ganar dinero, a pesar de ser una persona jurídica del Derecho Público, exenta del pago de impuestos.
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La prolongada coloradización de las instituciones, como resultado de una guerra civil, le hizo y le sigue haciendo mucho daño al país, no solo porque margina a compatriotas no afiliados a la ANR, sino también porque las disensiones dentro de ella entorpecen el funcionamiento del aparato estatal. Ahora mismo, los funcionarios y los ministros distraen su atención de las tareas que deben realizar para procurar, más bien, mantener sus cargos, atendiendo los próximos comicios internos. Mientras el departamento de Ñeembucú se halla en una situación catastrófica a raíz de las inundaciones, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y el ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, prefirieron asistir al acto de lanzamiento de la candidatura de Santiago Peña antes que dirigir sobre el terreno la urgente asistencia que necesitan los damnificados.
Es de presumir que, con el correr de los meses, los recursos humanos y materiales del aparato estatal serán destinados cada vez más a respaldar al “caballo del comisario” y que el desvío se intensificará de cara a las elecciones generales venideras. Se está viendo que tanto el Presidente de la República como el hoy exministro de Hacienda han asimilado muy bien las reglas del juego coloradas, para mal de la ciudadanía que necesita ser atendida sin tener en cuenta el calendario electoral.
El sectarismo se reproduce, pues, dentro del partido oficialista, como acaban de constatarlo dos cónsules y una empleada de la Fundación Tesãi, de la Itaipú Binacional, que perdieron sus puestos por no alinearse o estar emparentados con un “disidente”.
Tanto el Presidente de la República como el senador Mario Abdo Benítez han expresado públicamente su admiración por el stronismo, que hizo del carnet partidario el documento imprescindible para ingresar, incluso, en las Fuerzas Armadas, una institución que debe ser totalmente apolítica. O sea que están de acuerdo con que el coloradismo tenga en sus manos todos los organismos, como si fueran de su propiedad, para satisfacer las ambiciones de sus dirigentes antes que el interés general.
En noviembre de 2015, Horacio Cartes instó a los candidatos colorados a intendentes del Guairá a “que pinten los dieciocho distritos del departamento de rojo” y llegó al extremo de sostener que “nadie es nada sin el Partido Colorado”. Si, a su criterio, nadie sería nada sin la ANR, tampoco el Estado tendría sentido si no dependiera de ella. Esa concepción absolutista es responsable de que tantas inteligencias y voluntades se hayan perdido para el Paraguay, con el resultado de que el país siga sumido en el atraso, en perjuicio incluso de la masa de afiliados a la propia ANR. Por eso, es necesario recuperar las instituciones capturadas por un partido totalitario insaciable.
Si los conflictos en la ANR afectan a la ciudadanía es porque ella tiene al Estado a su servicio, razón más que suficiente para negarle el voto, cualquiera sea su candidato.