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Tras negarlo varias veces, el presidente Horacio Cartes ha tirado al trasto la careta con la que ha venido engañando a la opinión pública, acerca de sus verdaderas intenciones en cuanto a una eventual enmienda constitucional que lo habilite para buscar su reelección como presidente de la República.
“Eso depende de los convencionales y de 23 senadores, pero les puedo asegurar que sea cual fuere el resultado, ahí estaré donde mande Dios y mi Partido Colorado”, dijo Cartes en Ciudad del Este el pasado martes 18 del corriente con respecto a su intención de buscar su reelección vía enmienda constitucional. A nadie sorprendió que lo haya hecho, pues era una apuesta cantada. Si no lo hizo antes, fue simplemente por una cuestión de ese oportunismo con que los políticos juegan sus cartas electorales.
No siendo ninguna sorpresa la confirmación de la intención del Primer Mandatario de buscar el rekutu por la vía que fuere, lo que al pueblo paraguayo debe interesar es qué esperar si al fin se concreta la ambición que ha obsesionado a todos los presidentes de la República surgidos tras el fin de la dictadura stronista, desde Juan Carlos Wasmosy hasta Horacio Cartes, pasando por Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, por citar a los más cebados por tal posibilidad. Como todos los dictadores militares, Stroessner se hizo con el poder y se sostuvo en él mediante los fusiles, como le gustaba recordar a sus generales en ciertas ocasiones. Ahora bien, como Horacio Cartes no dispone de fusiles y, aunque disponga, no los puede ya utilizar, ¿cómo piensa alcanzar la ansiada meta de un segundo mandato y hasta otros más, si fuera posible?
Sencillo: imitando a los gobernantes autoritarios que en las últimas décadas han tenido éxito para permanecer en el poder en ciertos países de la región, como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y, hasta cierto punto, los esposos Kirchner en Argentina. Todos ellos accedieron al poder mediante el voto popular, para, a renglón seguido, socavar las instituciones democráticas de las que se valieran en un principio con el propósito de subir, e instaurando un régimen populista autoritario. Todos ellos acabaron polarizando sus sociedades, arruinando la economía de sus países y desnaturalizando la democracia representativa.
Claramente, desde un principio el Gobierno de Horacio Cartes ha venido apuntando a la retención del poder todo el tiempo que le sea posible. Para ello, necesita asegurarse un segundo mandato presidencial. A tal efecto, está buscando legitimar su gobierno a través de los sectores populares menos favorecidos. Lo hace a través de medidas gubernamentales que los conforman en cuanto a sus necesidades primordiales, tales como la construcción de viviendas populares, combustibles derivados de petróleo a menor precio, rebaja del pasaje en 100 guaraníes, gas licuado de petróleo (GLP) a precio subsidiado por Petropar, asistencia social en las áreas rurales, etc. La misma táctica que utilizó Nicanor Duarte Frutos durante su Gobierno mirando el mismo objetivo de la reelección presidencial, y que a la postre dejó como clavo una deuda impaga cercana hoy a US$ 300 millones de Petropar a PDVSA que ahora el pueblo contribuyente tiene que pagar.
Por supuesto, nada podría ser mejor que un presidente atienda las necesidades sociales de los habitantes, pero no al costo de cargar sobre las generaciones actuales y futuras una monstruosa deuda imposible de pagar, apelando a discutibles subsidios y prebendas, o metiendo la mano en los bolsillos de la gente que trabaja para atender a la clientela, todo lo cual retorna luego sobre la población en forma de más impuestos, depresión, default y crisis social.
Paralelamente a su campaña para atraerse la adhesión de las masas, el presidente Cartes está empeñado en articular una coalición política heterogénea que incluya a sectores políticos de todos los colores, de izquierda a derecha del espectro ideológico: colorados, liberales, oviedistas, encuentristas y hasta luguistas. Para eso, Cartes está echando mano de una política de “redistribución” –o, mejor, “repartija”– económica, con zoquetes de todos los tamaños, desde jugosos sueldos en las usinas hidroeléctricas binacionales hasta sueldos de subsistencia en las reparticiones públicas, o ayuda monetaria directa.
Obviamente, la frenética repartija de prebendas por parte del Gobierno es onerosa para el Estado. La masiva construcción de infraestructura vial más allá de las posibilidades de las arcas públicas, como se ha comprobado recientemente con el justificado rechazo por el Senado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para calzar el deficitario presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), es un botón de muestra del afán del Gobierno por proporcionar puestos de trabajo a la gente, lo cual es deseable, pero sin comprometer el futuro del país endeudándolo más allá de su capacidad de pago, como lo está haciendo irresponsablemente el presidente Cartes.
La burbuja de bonanza a corto plazo surte el efecto de hacer felices a sus seguidores, en particular de los siempre juruhe presidentes de las seccionales coloradas, que últimamente están de nuevo bailando de contentos con el pojera del Gobierno, como en los mejores tiempos del dictador Alfredo Stroessner, cuando todo presidente de seccional de un distrito era automáticamente nombrado por el Ejecutivo como intendente municipal, para así disponer discrecionalmente de los tributos pagados por la ciudadanía. Como el Presidente ha perdido esa potestad, ahora Cartes busca atraerlos mediante cargos públicos o dádivas proporcionales al músculo político de cada uno.
La inevitable consecuencia que a corto plazo nos traerá este desenfrenado despilfarro del dinero público por parte del Gobierno será el aumento de la deuda pública, el disparo de la inflación, la retracción de los negocios que, según los economistas, ronda actualmente el 18 por ciento, y el desemboque en la crisis económica que en el final afectará a toda la población, en particular a los más pobres. Eso es lo que ha sucedido en Argentina bajo los gobiernos de Saúl Menem y los esposos Kirchner, con Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, y Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Todos países mucho más ricos que Paraguay. Y recuérdese que todos estos presidentes terminaron o van terminando sus mandatos en medio de la repulsa ciudadana, y con la Justicia pisándoles los talones. Es de desear que eso no ocurra en nuestro país.
Los senadores patriotas, que por suerte aún restan, tienen el deber de honrar el mandato del Pueblo soberano, salvaguardando con valentía la institucionalidad democrática de la República, rechazando todo intento de asaltar por cualquier medio el sillón de los López.