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22 de Enero de 2019

 

El PNUD y otros organismos se prestan para la corruptela

Desde hace unos años, el PNUD está siendo utilizado por varias entidades estatales para eludir los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y los controles de la Dirección Nacional encargada de velar por su cumplimiento. El PNUD se presta gustoso a la maniobra a cambio de una suma equivalente a un porcentaje de entre el 4% y el 8% del valor de los contratos. Ahora sale a luz que para esta maniobra, que constituye una suerte de enriquecimiento a costa del Estado paraguayo por entes de “cooperación” internacional para el desarrollo, también son utilizadas la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). O sea que se trata de un buen negocio, tanto para los interesados en librarse de las ataduras legales y administrativas como para los burócratas internacionales que cobran mucho más que organismos locales por su concurso. Por de pronto, alegra saber que al ministro de Hacienda, Benigno López, no le gusta que unas 45 contrataciones de bienes o servicios hayan sido realizadas durante este Gobierno bajo el paraguas del PNUD y anunció que tomará cartas en el asunto. Se debe poner fin a los robos legalizados.

Desde hace unos años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está siendo utilizado por varias entidades estatales para eludir los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y los controles de la Dirección Nacional encargada de velar por su cumplimiento. El PNUD se presta gustoso a la maniobra a cambio de una suma equivalente a un porcentaje de entre el 4% y el 8% del valor de los contratos. Ahora sale a luz que para este tipo de procedimiento, que conlleva una suerte de enriquecimiento a costa del Estado paraguayo por entes de “cooperación” internacional para el desarrollo, también son utilizadas la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

O sea que se trata de un buen negocio, tanto para los interesados en librarse de ataduras legales y administrativas como para los burócratas internacionales que cobran –mucho más que organismos locales– por su concurso.

Huelga apuntar que la Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas, no se ocupa del PNUD y que entre las contrataciones excluidas de su aplicación solo figuran las que ejecutan lo dispuesto en tratados internacionales y las que se financian con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el país sea miembro. En los casos que nos ocupan, las operaciones realizadas bajo la cobertura del citado programa no derivan de tratados internacionales ni están solventadas con dinero prestado por entidades multilaterales. Son de origen exclusivamente local, tanto por su contenido como por su financiamiento, de modo que la modalidad a la que se viene recurriendo carece de sustento legal. Este defecto la invalida de entrada, sin que pueda justificarse mediante, por ejemplo, la necesidad de acelerar los procedimientos. Fue lo que alegó el año pasado –y sigue alegando– el Ministerio de Educación y Ciencias para adquirir libros destinados a la formación docente, ignorando que el art. 33 de la ley burlada permite contratar sin recurrir a licitaciones cuando existen realmente “urgencias impostergables”. La triste experiencia enseña que no se puede aducir que la intervención del PNUD y los otros organismos garantice la honestidad y la eficiencia.

Aparte del sonado caso de los pozos abiertos para el Indert por fantasmales ONG que cobraron más de 20 millones de dólares, puede recordarse el plan antidengue administrado por el Ministerio de Salud y el PNUD, que entre 2013 y 2018 insumió un total de 18 millones de dólares. Una buena parte de ese dinero fue destinada a consultorías –una especie de barril sin fondo– como la de “fortalecimiento del Ministerio de Salud para vigilancia epidemiológica”, que costó 41.000 dólares. También se contrató a 500 personas para que se ocupen no solo de la fumigación, de la minga y del rastrillaje, sino también de la seguridad. Es de señalar que entre los “guardias antidengue” había quince amigos del administrador del Hospital del Quemado, Luis Silvero Riveros, donde hacían de secretarios, porteros o guardaespaldas. El personal contratado también incluía a parientes del anterior director del Senepa, Nicolás Aguayo, y del administrador del proyecto, Sergio Forte. Un hijo de la directora de Insumos Estratégicos del Ministerio, Dora Lilian Torres, fue contratado primero por el PNUD para pasar luego a ese organismo, siempre en el marco del plan antidengue.

Vale la pena mencionar estas corruptelas, propias de nuestra cultura administrativa, porque sirven para ilustrar que la participación del PNUD –supuesto “garante de los resultados del proyecto”– no garantiza en absoluto unos buenos resultados: en marzo del año pasado se confirmó la muerte de siete personas a causa del dengue y el contagio de unas dos mil.

Lo acontecido con los pozos del Indert y con el plan referido, cuyo “garante” se llevó un buen toco de dinero, bien puede extrapolarse a otros emprendimientos similares. Está visto, así, que la burocracia internacional se lleva bien con el clientelismo y el nepotismo reinantes en países como el nuestro.

Por de pronto, alegra saber que al ministro de Hacienda, Benigno López, no le gusta que unas 45 contrataciones de bienes o servicios hayan sido realizadas durante este Gobierno bajo el paraguas del PNUD. Anunció que tomará cartas en el asunto. Ya las ha tomado, al menos, el jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, al anunciar que está investigando de oficio a Petropar por recurrir a esa vía paralela para efectuar licitaciones, no publicadas en el portal de la DNCP, con el fin de duplicar la producción de la planta alcoholera de Mauricio José Troche. Le pidió a su presidente, Patricia Samudio, explicaciones de la razón por la que no se está ciñendo a la Ley N° 2051/03. En su atinada opinión, “de no existir justificación legal (...), esa licitación o procedimiento de contratación no puede ser implementado”, pues se requiere la autorización expresa de una ley. Dado que la autorización expresa o implícita de la ley es condición imprescindible de la validez de un acto administrativo, el procedimiento empleado desde hace un buen tiempo es nulo de nulidad absoluta.

Llama la atención que la DNCP y la Contraloría General de la República, también competente en materia de contrataciones, se hayan cruzado de brazos hasta ahora. Con su silencio, han venido tolerando que sean ignorados un principio básico del Derecho Administrativo y una ley vigente desde hace dieciséis años.

Estas corruptelas –porque son operaciones reñidas con la ley– que se siguen practicando no diferencian al nuevo Gobierno de sus antecesores, y, para peor, se ejecutan bajo el manto protector de organismos internacionales supuestamente creados para cooperar con el desarrollo del país. Se debe poner fin a los robos legalizados.

 
 

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COMENTARIOS

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  • Pero, hay que entender que Contrataciones Públicas está sitiada por una red corrupta que sólo permite las adjudicaciones a un sector determinado, lo cual la hace temeraria y no concurrente, por ende, no queda otro camino para no caer en las empresas eternamente privilegiadas y con sobrefacturaciones altísimas, al final lo que cobra el PNUD, sale más barato. Como ejemplo ver sector pasajes aéreos, siempre están una o dos llevándose todos los contratos, proveyendo un pésimo servicio, pero los pliegos standares están totalmente diseñados para ellas, increíble y en otros sectores tipo medicamentos, sucede lo mismo. Contrataciones Públicas tiene un cáncer, hay que recrearla desde cero.....

    fulgencioruizgaona 22 Enero 2019, 08:25:08 

 

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