Tras ser puesto en libertad por Leonjino Benítez Caballero, juez de Capitán Bado, el poderoso narcotraficante local Felipe “Barón” Escurra fue escoltado por el mayor Roberto Díaz y otros tres militares desde la cárcel de Tacumbú hasta su domicilio en la frontera. Por lo visto, en el Paraguay de hoy, el crimen organizado puede contar no solo con la condescendencia judicial, sino también con la protección militar. Si la toga y el uniforme verde olivo están al servicio del hampa, poca esperanza de seguridad le queda a la gente común con cuyos impuestos se solventa la Fuerza Pública.
El citado maleante tramó hace seis años el asesinato del corresponsal de ABC Color en Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo, según un informe del Grupo de Actuación Especial contra el Crimen Organizado (GAECO), dependiente del Ministerio Público del Estado de Mato Grosso do Sul. Si el periodista fuera víctima de un atentado, la responsabilidad final recaería sobre el magistrado que, luego de un año de prisión, liberó con sigilo a quien se había resistido a balazos a su detención, y estaba acusado por la Fiscalía de haber cometido los delitos de violación de la ley de armas, tenencia de drogas, reducción y asociación criminal.
El prontuario de este facineroso registra, entre otras cosas, que en 2008 habría ordenado el asesinato del presidente de la Junta Municipal de Capitán Bado, de su yerno y de un vendedor, en venganza por el asesinato de siete miembros de su organización ocurrido días antes. Y ahora resulta que volvió a su casa a “reposar”, gracias a un juez posiblemente muy sensible a los dólares, que ni siquiera notificó al Ministerio Público de la audiencia de revisión de medidas que condujo a su excarcelación.
Si bien el fiscal interino Martín Areco apeló la aberrante medida otorgada al narcotraficante, es bastante improbable que vuelva tras las rejas si fuera revocada la resolución judicial, que ignoró los informes en los que las autoridades brasileñas revelaron las rutas y el volumen de los envíos de marihuana al país vecino. Escurra sería uno de los mayores proveedores de ese estupefaciente al país vecino, lo que significa que dispone de mucho dinero para convencer a los miembros de la judicatura. Puede pensarse así que los incentivos fueron mucho más eficaces que las balas con las que el capomafioso recibió en su estancia a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y al fiscal Óscar Samuel Valdez, llamativamente apartado de su unidad dos semanas después.
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Si resulta indignante que un sujeto de tan deplorables antecedentes haya podido contar con tanta benevolencia judicial, no lo es menos que haya sido escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas hasta el centro de sus actividades delictivas. Tras las publicaciones de prensa, el mayor Díaz fue apartado de la Comandancia del Destacamento N° 2, con asiento justamente en Capitán Bado. Ahora corresponde que él y sus subordinados sean investigados para conocer quién les ordenó cumplir ese lamentable papel o si actuaron motu proprio a cambio de dinero sucio. En este ámbito, no puede descartarse que policías y militares estén a sueldo de maleantes para brindarles protección en todo momento.
Es intolerable que quienes tienen la misión de custodiar la integridad territorial del país y la de defender a sus autoridades legítimamente constituidas actúen de guardaespaldas de un miserable narcotraficante, cuyas manos estarían manchadas de sangre. Cuando la insólita comitiva fue retenida en un puesto policial, el oficial mencionado dijo que estaban fungiendo de escoltas porque su protegido habría sido amenazado de muerte. La función de velar por la seguridad de las personas compete, en todo caso, a la Policía Nacional, así que esa explicación es inaceptable. Se deshonró el uniforme en cumplimiento de una orden ilícita o para obtener una recompensa de la misma índole.
Con la libertad de “Barón” Escurra, uno de los que corren peligro de muerte es el periodista Cándido Figueredo, ya que gente de esta calaña tarde o temprano ejecuta sus proyectos. Esto es lo que se lee en el informe del GAECO, ya referido: “El 12/09/2011, fue interceptado un diálogo entre Felipe Escurra Rodríguez (...) y José Marcelo Da Silva (detenido en la prisión de máxima seguridad de Campo Grande), en el cual el primero reclama que su nombre estaría saliendo mucho en los diarios, y que en razón de eso mandaría matar al periodista responsable, en este caso Cándido Figueredo, corresponsal del diario ABC Color, en Pedro Juan Caballero-PY”. O sea que las autoridades brasileñas cooperan con las nuestras para cortarle las alas a un criminal internacional y salvar la vida de un compatriota, pero un juez y unos militares paraguayos le tratan como si fuera un personaje.
A juzgar por el informe brasileño, Escurra tendría el mismo motivo que tuvo Vilmar Acosta para, según todos los indicios, encargar el asesinato de nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina.
Vale la pena recordar lo afirmado por el diputado Hugo Velázquez cuando era presidente de la Cámara Baja, de que el narcotráfico tiene metidos sus tentáculos en los tres Poderes del Estado.
Las más altas autoridades de la República, si no están comprometidas, deben analizar seriamente medidas para revertir esta penosa situación, o de lo contrario la imagen del Paraguay continuará pegada al delito y rodando en el fango por el mundo, como ocurre actualmente.