El Poder Judicial, en su conformación actual, es una lacra de la que debe librarse a la ciudadanía si se quiere que alguna vez tengan vigencia las garantías constitucionales de igualdad de acceso a la Justicia y de igualdad ante las leyes. Allí se prevarica, se malversa, se trafican influencias y se practica el nepotismo, entre otras fechorías que agravian la conciencia jurídica y moral de la sociedad. Hay delincuentes togados que tienen el descaro de juzgar a los demás y que reciben el tratamiento de “Excelencia” o de “Señoría”, como si fueran personas honorables. Deshonran con impunidad el cargo que ejercen, a vista y paciencia del Congreso y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Como sería cansino recordar las tropelías cometidas en los últimos años en nombre de la Justicia, nos limitaremos a destacar algunas de las más recientes. Ellas esclarecen muy bien la podredumbre reinante, porque tienen como protagonistas a ministros de la Corte Suprema de Justicia, encargada precisamente de fiscalizar todos los organismos del Poder Judicial. Conviene empezar por allí, pues si la cabeza está corrompida, el cuerpo también lo estará.
Y bien, el exministro Miguel Óscar Bajac habría solicitado diez mil dólares a través de un “facilitador judicial” compueblano, Rafael Ramírez Doldán, detenido el 5 de julio e imputado el día siguiente por el delito de tráfico de influencias. Según un vídeo difundido, el detenido prometió una sentencia favorable en un juicio promovido contra la Industria Nacional del Cemento. Bajac acaba de presentar su renuncia para jubilarse, motivo por el cual envió una nota al titular del Senado, Silvio Ovelar, señalando que “la experiencia que gané y los momentos vividos es (sic) invaluable”.
Para sus compatriotas, la experiencia que ganó y los momentos vividos durante su gestión resultan, en cambio, muy bien valuables como funestos. El 10 de diciembre de 2014 fue acusado por la Cámara Baja, junto con sus colegas Sindulfo Blanco y César Garay, por “mal desempeño de sus funciones”, pero el juicio político está paralizado en el Senado. Ahora se propone seguir afrentando a sus conciudadanos como ¡“asesor” de la Corte y enlace ante la Organización de Estados Americanos (OEA)! para el Programa de Facilitadores Judiciales, que integra el presunto intermediario citado.
Otro descarado integrante de la máxima institución judicial es su colega Luis María Benítez Riera, cuya nuera, la médica Laura Bordenave, fue nombrada durante su presidencia en 2013, siendo entonces novia de su hijo, del mismo nombre, para brindar asistencia social en el Poder Judicial. La afortunada médica, junto con su esposo, realizó una especialización en México desde febrero de 2014 hasta enero de 2018, pero continuó cobrando en el Poder Judicial hasta un total de 226.323.389 guaraníes. El dinero público percibido por servicios no prestados, mediante unos permisos “con goce de sueldo” renovados cuatro veces, es un latrocinio disfrazado. En efecto, el art. 54 de la Ley N° 1626/00, de la Función Pública, que no rige en el Poder Judicial por una cuestionable sentencia de la propia Corte, disponía en su versión original, vigente cuando la nuera fue beneficiada, que a un funcionario se le podrá conceder “permiso especial, SIN GOCE DE SUELDO, para, entre otras cosas, usufructuar una beca de estudios o capacitación HASTA TRES AÑOS”. La feliz agraciada se reintegró al Poder Judicial el 20 de marzo de 2013 para trabajar los martes, de 7:00 a 13:00, en el Departamento de Kinesiología y Fisioterapia, con un salario mensual de 4.538.935 guaraníes.
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Por lo que se ve, el ministro Benítez Riera tiene predilección por ubicar a sus familiares en el Poder Judicial, ya que, desde que fue nombrado ministro en 2010, instaló además a un yerno y a un hermano de la citada nuera, mientras en otras entidades públicas se ubicaron dos hijas, un hijo (el marido de Laura), una cuñada, una sobrina y otro yerno. Sumando, el ministro y sus parientes les cuestan a los contribuyentes 151.937.270 guaraníes mensuales.
Por cierto, debe recordarse que el art 2º de la Ley 5295/14 prohíbe a los ministros de la Corte “nombrar o contratar en cargos o empleos públicos a cónyuges, concubinos y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que los nombramientos, contrataciones o propuestas se hagan cumpliendo las normas legales que regulan el acceso a la función pública”. Queda abierta la cuestión de si el ministro Benítez Riera influyó en el nombramiento de sus parientes. ¿Alguien lo puede dudar?
No es la primera vez que aparecen ministros de la Corte y altos funcionarios de la Casa de Astrea con una profusa parentela instalada en las planillas de sueldos, convirtiendo a la institución en poco menos que un refugio de familiares desocupados. Tiene razón el presidente del Senado, Silvio Ovelar, al decir que la reforma “estructural” de la Justicia es ineludible. No sabemos si el legislador es sincero o solo está mirando la posibilidad del reemplazo para instalar a su vez a la parentela y la clientela política de la plana mayor de las nuevas autoridades.
No basta, en efecto, con remover a los actuales miembros de la Corte, por las buenas –pidiéndoles que renuncien, como ya lo hizo Mario Abdo Benítez–, o por las malas, a través de un juicio político. Se recordará que el entonces presidente de la República Nicanor Duarte Frutos prometió en 2003 “pulverizar” el Poder Judicial y que durante su mandato hubo cambios en su máxima instancia, sin que ello haya conllevado, en absoluto, una mejora en la Administración de Justicia.
Mientras prevalezca el perverso cuoteo sobre los méritos de los candidatos para ocupar la máxima institución judicial, y la politiquería continúe envileciendo órganos tan importantes para la selección y remoción de los magistrados y jueces, tales como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Poder Judicial continuará siendo coto de caza de los políticos y un apetecible lugar para el ocio de parientes y planilleros.
Si se produce una convocatoria para renovaciones en la Corte y en las magistraturas, los ciudadanos y las ciudadanas deben participar en forma activa, denunciando a los candidatos que no califican para tales cargos, ya sea por tener manchas en su pasado, o por ser conocidos como haraganes o ignorantes.