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El móvil que induce al presidente Horacio Cartes a bregar contra viento y marea para ocupar una banca de senador electo en el próximo Congreso –en vez de la de senador vitalicio como ordena el Artículo 189 de la Constitución Nacional– se inserta dentro de la concepción clausewiana de continuar reteniendo en sus manos la suma del poder político y económico del país, tras dejar la presidencia de la República.
No caben dudas de que lo va a conseguir, pues, como en el caso del fallido intento del “rekutu” presidencial, continúa teniendo el control de las instituciones políticas clave para avanzar en su pretensión: el Parlamento, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Salvo que, como en aquella ocasión, se lo impida la ciudadanía saliendo a las calles en salvaguarda del orden jurídico de la República, amparada en el Artículo 138 de la Carta Magna que autoriza a los ciudadanos a RESISTIR A TODAS LAS DISPOSICIONES O ACTOS DE AUTORIDAD OPUESTOS A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN.
Y siendo la pretensión del presidente Horacio Cartes y del expresidente Nicanor Duarte la de fungir como senadores activos en vez de hacerlo como vitalicios, pisoteando claramente la Ley Suprema de la República, la inclusión de los mismos en la “lista sábana” para el Senado por la ANR ha sido ilegal por partida doble, pues, ambos estaban constitucionalmente impedidos para postularse a tal cargo. Por otra parte, el hecho de haber sido electos por el voto popular no les otorga legitimidad para ejercerlo, o, habida cuenta de la ilegalidad de origen de sus candidaturas, de nada sirve que los ministros prevaricadores de la Justicia Electoral y de la Corte Suprema les hayan habilitado para el efecto.
Con el inmenso poder económico con que cuenta el presidente Horacio Cartes, no sería raro que de a poco se vayan arrodillando a sus pies legisladores que aparentaban ser opositores, pero que dan la impresión de que esperaban un aumento del monto de las ofertas para vender sus conciencias, como ocurrió con varios de quienes emitían apenas unos pocos años atrás las peores diatribas y acusaciones contra él, para convertirse hoy en sus principales panegíricos, tales como Javier Zacarías Irún y Juan Darío Monges.
En vista de los negros nubarrones que se vienen esparciendo alrededor del presidente Cartes, derivados de sus negocios y pésimas amistades, los fueros parlamentarios son fundamentales para el caso de que la Justicia apunte la espada en su dirección. En consecuencia, Horacio Cartes va a hacer lo imposible para no perder la manija del poder político y de los negocios que florecen al amparo del paraguas estatal, en el que están muy bien ubicados, en lugares claves, los gerentes de sus empresas.
Cuando las instituciones republicanas son copadas con malas artes por los mandamases de turno, el pueblo tiene el derecho de “obligar” a las autoridades a respetar la Constitución y las leyes consagradas bajo su marco jurisdiccional. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, menos aún los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no están, ni pueden estar jamás por encima de la Constitución. Ella es la Ley Suprema de la República, establecida como contrato social para la convivencia ciudadana en democracia y libertad por un Poder Constituyente, el único que puede reformarla o revocarla en los asuntos de mayor relevancia. Así es que mienten los legisladores y líderes políticos de todos los partidos y movimientos que en estos momentos se manifiestan a favor del juramento de Cartes y de Duarte Frutos como senadores activos, con el argumento de que fueron electos por el voto popular –como si con ello se legitimara un atropello a la Constitución– y que la Corte Suprema dio su aval para la asunción de ambos, como si el prevaricato en favor de los que mandan no fuera un frecuente delito en la casa de Astrea.
La inconstitucional pretensión de ambos de acceder a bancas de senador activo implica una conspiración criminal contra el orden constitucional de la República que, ante la servil claudicación de las autoridades de las instituciones republicanas responsables de velar por la vigencia de la democracia en nuestro país, ahora solo resta el Pueblo soberano para impedir que la nación caiga en manos de una autocracia electoral, en la que una claque se apodera de los poderes de la República para provecho personal.
Algunos partidarios del presidente electo Mario Abdo Benítez insinúan que este coquetea con Cartes en la búsqueda de una gobernabilidad para su próxima gestión gubernativa. Pero, no debe descartarse que el actual presidente, junto con su escudero Duarte Frutos, y sus respectivos partidarios en el Congreso, antes que dar gobernabilidad, más bien se confabulen contra el Gobierno entrante para que, mediante algún rebuscado argumento legal legitimado por sus lacayos en el Congreso y la Justicia, consigan ellos hacerse con el sillón de López y seguir siendo los dueños absolutos del poder.
Si el pueblo no sale a las calles a impedir “por todos los medios a su alcance”, como el 31 de marzo de 2017, que estos dos autócratas en potencia se salgan con la suya, el Paraguay se va a convertir en una dictadura con fachada democrática como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Vale decir que la nación va a retroceder a los mismos oscuros tiempos de Stroessner. El Partido Colorado está nominalmente en el poder, pero no con las palancas del mismo en manos de la trilogía “Gobierno-Fuerzas Armadas-Partido Colorado”, sino en las de una claque política rapaz liderada por Horacio Cartes, con el presto concurso de Nicanor Duarte, Calé Galaverna, Blas Llano y sus secuaces del PLRA, y otros serviles, como en su tiempo fungieron como “tembiguái” del dictador.
La estrategia de Cartes para perpetuarse de facto en el poder que actualmente detenta y para el que no pudo lograr el “rekutu” es la misma que vienen utilizando los autócratas de nuevo cuño en muchos países del mundo, como los ya señalados.
Tomados en conjunto todos los pasos que está dando el presidente Cartes, claramente los mismos están volcando el campo de juego a su favor para jurar como senador activo y desde allí seguir manejando las palancas del poder político y económico de la República, tal como lo hacía Stroessner en su tiempo.
Hay poca razón para esperar que el compromiso del presidente electo “Marito” Abdo Benítez con la democracia sirva como salvaguarda de la misma si es que no toma una firme postura, con todo su movimiento, en contra del juramento de Horacio Cartes y Duarte Frutos como senadores activos. Los ciudadanos y las ciudadanas patriotas y honestos le acompañarán si la decisión que adopte es en pos del saneamiento moral de la República.