El 26 de abril, en una conversación informal con periodistas, el presidente Horacio Cartes contó que Eduardo Acosta, representante de la firma Cedicor que participó en la licitación relativa a la alianza público-privada para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi, le informó durante una visita de “cómo trataban de sacarle beneficios”.
Y bien, el comentario del señor Acosta fue en verdad insólito, aunque motivado por un delito tan habitual en nuestro país como lo es el cohecho pasivo, vulgo coima. Habría que agradecerle que se haya dirigido al propio Jefe de Estado para decirle que le habían pedido plata para favorecer a su empresa en la licitación pública. Como su firma no fue la ganadora, es de suponer que no se consumó el crimen de cohecho pasivo agravado, previsto en el art. 301 del Código Penal, que dice en su inc. 1º: “El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”. Por cierto, el inc. 3º de la misma norma dispone que “en estos casos, será castigada también la tentativa”, de modo que el o los funcionarios que pidieron el soborno a la empresa Cedicor deben ir a la cárcel, aunque no hayan recibido nada. Más aún, el art. 301 agrega que se aplicará también lo dispuesto en el 57, que se refiere a la pena patrimonial accesoria.
Si el Presidente de la República recibió personalmente una denuncia de un grave hecho punible, a la ciudadanía le interesará saber qué hizo tras enterarse del asunto, ya que, es de suponer, habrá sido lo bastante curioso como para pedir nombres a su interlocutor. ¿Tomó alguna medida con respecto al autor o a los autores del crimen revelado? ¿Trasladó la denuncia al Ministerio Público, como es su obligación? Debería saber que el art. 286, inc. 1º, del Código Procesal Penal obliga a los funcionarios y empleados públicos a denunciar los hechos punibles de acción pública, como lo es el cohecho pasivo agravado, que conozcan en el ejercicio de sus funciones. El Primer Mandatario no puede sostener que él no es un empleado público y que, por lo tanto, está exento de dicha obligación. Le informaron que subordinados suyos intentaron delinquir, así que tiene el deber moral y legal de dar intervención a los fiscales.
Quien hace dos años anunció en Villa Hayes que cortaría la mano a los ladrones no debió haber dudado un segundo en dar ese paso. Hasta ahora no hizo nada, salvo revelar el asunto en una charla con periodistas, como si se tratara de una pequeñez. Debió haber hablado enseguida con el Ministerio Público que, por cierto, ya tuvo que haber intervenido tras la revelación del Presidente, de acuerdo al art. 5º de su Ley Orgánica: “En el ejercicio de la acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio (...). La persecución penal de los hecho punibles de acción pública será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por la ley”.
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Como se verá, los agentes fiscales tienen todas las armas en sus manos. Como ya habrán tomado noticia de lo declarado por Horacio Cartes, corresponde que lo interroguen a él y al empresario Acosta acerca del diálogo que mantuvieron, con el fin de identificar al o a los presuntos autores del delito.
¿Se imagina el lector lo que ocurriría en un país donde las instituciones funcionan como se debe, si un presidente de la República cuenta que un visitante le dio a conocer que un funcionario del Poder Ejecutivo le pidió un soborno y él no mueve un dedo? El escándalo sería mayúsculo y el Ministerio Público intervendría de inmediato, una vez que la prensa diera cuenta del hecho. Por lo que se ve, la sensibilidad del Primer Mandatario en lo que a la corrupción se refiere está muy lejos de ser ejemplar, lo que explica que los ladrones continúen con sus dos manos intactas.
Cabe preguntarse, entonces, de cuántos hechos similares se habrá enterado el presidente Cartes desde que asumió el cargo y que no trascendieron porque él los encubrió con su silencio.
En conversación con los trabajadores de prensa, se limitó a señalar que muchos proyectos son abortados por “la percepción negativa generada”, es decir, porque los funcionarios que los manejan asaltan a los interesados con pedidos de coimas. Y lo hacen con toda impunidad, de modo que tranquilamente siguen en sus puestos para volver a intentarlo en la próxima ocasión.
Aparte de que los proyectos sean cancelados, los delincuentes deben ser apartados de sus cargos, juzgados y condenados. No está de más repetir algo tan obvio, pues la conciencia jurídica se halla tan estropeada por la reiteración de corruptelas de todo tipo que al propio Presidente de la República no parece inquietarle que sigan dependiendo de él unos corruptos de tomo y lomo.
Es de esperar que el presidente Cartes vaya mucho más allá de la confidencia con los periodistas y colabore con la Justicia, so pena de aparecer como un encubridor de bandidos.